Bolivia: la huelga general busca abrirse camino, jornadas decisivas

El 8 de abril partió una masiva manifestación de más de 3.000 campesinos-indígenas desde Pando, en el Norte boliviano, en la Amazonia, para realizar una larga marcha de 650 kilómetros hasta la Capital, La Paz. Levantaba como consigna el reclamo de la “abrogación de la ley 1.720”, que transforma jurídicamente a la pequeña propiedad campesina (en su gran mayoría de alrededor de 2 hectáreas) en mediana propiedad y abre un proceso (bancarización, etc.) que tiende a quebrar estas explotaciones en beneficio de los latifundistas. No casualmente, la 1.720, es apoyada por el capital agrario de Santa Cruz e impulsada por el senador Branko Marinkovic (conocida como ley Brancowicz), reconocido latifundista y rechazada por la masa campesina.

Durante 28 días, centenares de campesinos marcharon recogiendo en su camino masivas muestras de adhesión popular y generando una creciente ola de cortes de ruta en apoyo. Llegaron el 4 de mayo a La Paz y rodeando el parlamento obligaron a la Cámara de Diputados que votara una ley de abrogación (derogación) de la 1.720. Un triunfo.

Marcharon sobre el Senado, mientras iban creciendo los movimientos de lucha no solo de campesinos, sino también de los obreros y docentes. El 1° de Mayo, la central obrera (COB) convocó a un Cabildo Abierto (una especie de acto con cerca de 6.000 asistentes) donde dio su apoyo a la lucha campesina y llamó a la huelga general indefinida por esto y otros reclamos, a partir del día en que llegaran los campesinos del Norte. A esta altura los docentes estaban realizando paros de 24 y 48 horas pidiendo un aumento salarial del 20%. Igualmente la Federación de Trabajadores Fabriles y los mineros estatales pedían 20% de aumento salarial y diversos reclamos contra los anuncios de privatización de empresas estatales y la sanción de leyes represivas que tienden a bloquear la resistencia popular y a penalizar a los luchadores sociales. El gobierno de Rodrigo Paz presentó un proyecto contra los bloqueos de rutas, método de lucha histórico de los campesinos y trabajadores del altiplano. Es copia del “protocolo antipiquetes” que lanzaron Milei y su ministra Bullrich en la Argentina, contra el movimiento piquetero y de lucha popular.

La Paz se transformó en una ciudad surcada por todo tipo de manifestaciones y bloqueos de calles y avenidas que pugnan por entrar a la Plaza Murillo, sede del gobierno nacional y son fuertemente reprimidas y gaseadas. El 7 de mayo, 13 dirigentes y militantes docentes y de otros gremios fueron golpeados y detenidos. Esto incrementó los reclamos: los 13 fueron liberados el 10. Finalmente, el Senado votó también la “abrogación” de la ley 1.720 contra los pequeños campesinos. Un triunfo, pero… al conocerse el texto se evidencia que estamos, nuevamente, frente a una pérfida maniobra. La 1.720 es derogada pero en 60 días se dictará una nueva ley agraria, que elaborará la comisión legislativa agraria del Senado, dirigida por Brancowicz y copada por senadores prolatifundio. Una “abrogación con trampa”: así fue calificada por las organizaciones campesinas combativas. El gobierno y la derecha dieron marcha atrás para descomprimir la situación de rápido crecimiento de las luchas populares. Una parte de los campesinos de Pando estaban organizando ya la vuelta a sus lares. Pero la movilización campesina inicial abrió una “caja de Pandora” de reclamos y agravios populares contra el gobierno derechista de Rodrigo Paz.

Los transportistas también se movilizaron contra la venta de nafta adulterada que -a pesar del aumento del gasolinazo de fin de año- incluso arruinó motores de vehículos. Hoy la nafta es más cara, sigue habiendo desabastecimiento con largas colas frente a los surtidores y encima está adulterada. El gobierno se apresuró a prometer que pagará los perjuicios ocasionados a los motores y a normalizar la situación, pero… crece la versión de que con la excusa de la guerra contra Irán, en junio viene un nuevo gasolinazo contra los consumidores. El 11 de mayo salió desde Caracollo una nueva marcha campesina: la “Marcha por la Vida, para salvar a Bolivia” que recorrerá 190 kilómetros arribando a La Paz el próximo lunes 18. Donde confluirán nuevos contingentes provenientes de El Alto, Cochabamba y diversos gremios y sectores.

La dirección de la COB rechazó asistir al diálogo con el gobierno el viernes pasado y firmó una alianza con varias organizaciones para coordinar acciones de lucha y medidas de presión, hasta lograr la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El Acta Interinstitucional de Unidad y Lealtad fue suscripta por la COB con la Confederación de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), la Federación Tupaj Katari, la Asociación de Mujeres Bartolina Sisa, la Federación de Sindicatos de Transporte Pesado y la de Transporte Interprovincial de La Paz, la Federación del Magisterio Rural, la Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz y la de Jubilados Profesionales de La Paz. En la misma se declara el paro general indefinido con bloqueo de caminos para exigir la renuncia de Rodrigo Paz. Mario Argollo, dirigente nacional de la COB, dijo que se trata de un “pacto de no traición”.

Extraña declaración. ¿Por qué fue anunciado como un “pacto de no traición”? Gran parte de las masas que se están ahora movilizando, lo hicieron a fin del año pasado, hace solo 5 meses, para hacer retroceder el gasolinazo, que había aumentado un 100% las naftas, golpeando fuertemente el bolsillo popular. El presidente Rodrigo Paz recién asumido lanzó una especie de ley base, con decenas de leyes reaccionarias. Uno de los epicentros centrales fue el gasolinazo. En mitad de la huelga que habían impulsado los mineros, ocupando las calles de La Paz, acompañados por miles de campesinos y trabajadores, la dirección de la COB anunció que se había obtenido una gran victoria: que se había derogado el decreto ómnibus 5.503. Pero en su lugar el gobierno sacó un nuevo decreto (5.516) donde disminuyó drásticamente las más de 100 leyes reaccionarias a “solo” 32, pero… dejaba en pie la quita de subsidios a la gasolina. Amplios sectores de la vanguardia y las masas criticaron el levantamiento de la lucha y la desmovilización impuesta por la dirección burocrática de la COB. Mario Argollo reconoció entonces este gran malestar y las críticas por la entregada de aquella reciente gran gesta. Ahora: ¿será diferente?

Contraofensiva derechista

Rodrigo Paz asumió hace seis meses, en noviembre pasado. Luego de haber hecho una campaña electoral presentándose como un dirigente “populista” que no iba a tomar medidas de ajuste contra el pueblo trabajador, se pasó, abiertamente al bando trumpista/mileísta. Su ministro de Economía, Espinoza, es un hombre del partido derechista derrotado de Samuel Doria Medina. Y como ministro de la Presidencia (virtual jefe de gabinete) ha sido nombrado José Luis Lupo, que fue candidato a vicepresidente de Doria Medina. Se ha alineado abiertamente con Trump y la derecha continental (Milei, Bukele, etc.) y está implementando no solo un ajuste en toda la línea contra el pueblo trabajador, sino un plan de beneficios para el gran capital nacional e imperialista. Redujo todo tipo de impuestos a los ricos, etc.

El 3 de mayo, Rodrigo Paz realizó en Cochabamba un “Encuentro por el País” para formalizar un “Acuerdo Nacional” con toda la derecha boliviana, la curia, los grandes empresarios y funcionarios de gobiernos nacional, provinciales e incluso municipales. Allí formalizó una alianza para impulsar el programa de reacción política: refrendando tratar de imponer la ley 1.720 contra los pequeños campesinos indígenas, la ley antibloqueos para criminalizar las luchas populares, la “descentralización” (reducción presupuestaria y despidos) de la salud y la educación estatal, la privatización de empresas públicas. Han planteado también una “reforma constitucional” que de vía libre a la reacción y a la injerencia imperialista. Marcelo Claure, ricachón si los hay en Bolivia, declaró en un largo reportaje a la agencia financiera Bloomberg que es necesario terminar con el monopolio estatal del litio e imponer la eliminación de subsidios a las naftas y demás productos de consumo popular, así como impulsar una devaluación monetaria del 40% para equiparar el dólar oficial con el paralelo. “La gradualidad no es la solución” declaró, planteando un shock económico y de autoridad.

Las iglesias evangélicas han solicitado que el gobierno decrete el “Estado de Excepción” (Estado de sitio) para eliminar los bloqueos. El presidente Rodrigo Paz que rechaza otorgar un aumento del 20% solicitado por docentes, mineros y trabajadores, sacó un decreto anunciando un “bono” de recompensa para los policías. Quiere ganar el apoyo de la tropa para reprimir al pueblo. Se trata de distraer a la opinión pública impulsando por segunda o tercera vez un juicio contra Evo Morales por abuso a una menor hace unos 20 años atrás. Se ha lanzado una campaña “en defensa de la democracia”, acusando a los trabajadores que se oponen al ajuste antiobrero y reaccionario. Se trata de una campaña internacional orientada por el trumpismo/mileismo/bolsonarismo.

El gobierno de Milei ha destinado dos aviones Hércules de la Fuerza Aérea argentina para realizar un Puente Aéreo, trasladando 70 toneladas de alimentos hacia La Paz y otras ciudades, para superar los bloqueos de rutas. Con la bandera de la “democracia”, los Bolsonaro que intentaron un golpe de Estado contra el gobierno electo de Lula en Brasil, los Milei que no acatan las reiteradas votaciones del parlamento argentino para que otorgue fondos para las universidades estatales y los Trump que pasan por encima de cualquier norma democrática elemental, invaden y bombardean países (Venezuela, Irán, Gaza, etc.) para imponer su voluntad explotadora, quieren defender al débil y antipopular gobierno de Rodrigo Paz de la ira popular.

Los trabajadores y la juventud latinoamericana debemos movilizarnos contra las amenazas represivas y por el triunfo de las huelgas y movilizaciones de los trabajadores y campesinos de Bolivia, enfrentando en primer lugar a nuestros propios gobiernos reaccionarios intervencionistas.

En Bolivia, la lucha pasa en primer lugar, por imponer las reivindicaciones de las masas: derogación absoluta de la ley 1.720, aumento de salarios del 20%, derogación de los aumentos de las naftas, aumento de los presupuestos de salud y educación. La derrota de los planes hambreadores abrirá en su desarrollo nuevos horizontes de lucha por el poder.

La burguesía boliviana y el imperialismo están inquietos por el cariz que han ido tomando las movilizaciones. Cuando Rodrigo Paz logró imponer el retiro de gran parte de los subsidios al precio de las naftas, mediante las maniobras en las que colaboró con la burocracia de la COB, el gran capital cantaba loas. El JP Morgan, en febrero reciente, bajó el “riesgo país” de 2.044 a 447 puntos y declaró: “Bolivia es un país donde se puede invertir sin problemas de riesgo de que no pueda pagar la deuda económica o los intereses”. Pero el resurgir del protagonismo de lucha de las masas ha llevado a que el FMI y el Banco Mundial “revisen” sus cálculos y anuncien que prevén para Bolivia una caída del PBI del 3,3% para este año, un aumento del desempleo del 3,3 al 4,5% y de la inflación al 20,7%.

La huelga general debe organizarse en el transcurso de la lucha. De la misma manera que la derecha realizó su Congreso, el movimiento obrero y campesino debiera realizar un Congreso de Bases de la alianza que ha constituido. Hay un gran clima asambleario en fábricas y barrios: impulsar asambleas y coordinadoras para ir garantizando las medidas de luchas y forjando una nueva dirección de activistas. Las direcciones burocráticas no son garantías de que no habrá nuevas traiciones. Ayudaremos en todo lo que podamos para que triunfen las luchas y reclamos de nuestros hermanos de clase bolivianos.

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