Un balance, a más de dos meses de la asunción de Luis Arce a la presidencia en Bolivia, no indica ninguna transformación social y política de importancia y menos el avance hacia el socialismo “comunitario” que proclamó el MAS.

En materia de salud, la situación se ha agravado, es hipercrítica. Hace una semana, se llegó a un récord de infectados del Covid por día: 2263. Pero, el viernes, ese récord ya fue roto: se detectaron 2573 nuevos contagiados. Las camas UTI (terapia intensiva) necesarias para los casos graves están colmadas. En Sucre, no hay una disponible. Joel Gutiérrez, presidente de la Asociación de Médicos de Terapia Intensiva, señaló que faltan insumos y profesionales. Desde inicios de año ha muerto un médico terapista por día. Los que están trabajando en la primera línea están colapsados. El presidente Arce se “lavó las manos”: dijo que esa era tarea de los gobernadores que cuentan con los fondos para ello. Y alentó el uso de la “medicina alternativa” de las comunidades indígenas. El presidente afirmó ser testigo de la eficacia de hierbas como wira wira, eucalipto, matico, none, molle, khea khea, quena, “entre otros productos que de alguna manera han logrado reforzar en hermanos y hermanas su inmunología y poder resistir el embate del coronavirus”.

Nadie duda de la importancia –aún no del todo estudiada- de la medicina alternativa. Pero lo fundamental es que el pueblo reciba la vacuna inmunizadora y se tomen las medidas de cuarentena necesarias con apoyo social (pago de jornales, etc.) para prevenir la extensión. Esto no se está llevando adelante.

Libertades democráticas

En materia de juicio y castigo a los verdugos del pueblo, el “avance” es a cuentagotas. Fue detenido el general Alfredo Cuellar, responsable de la masacre de Huayllani (Cochabamba), donde fueron asesinados 10 trabajadores y hay más de 100 heridos de bala. Rápidamente el alto mando militar declaró que estaba “desconcertado”. Luego pidió que lo juzgara el fuero militar. Señaló que lo que eventualmente hubiera hecho el “general”, se debe a la “obediencia debida”, a las órdenes que recibió desde la presidencia golpista de Jeanine Añez que cubrió preventivamente los “excesos” represivos con un decreto. Pero Añez, la presidenta golpista y que dio y firmó las órdenes, está libre e incluso es candidata a gobernadora en las próximas elecciones. La “justicia” le cobró una pequeña fianza al general y lo envió a prisión domiciliaria. Para frenar un incremento en la detención de represores las esposas de los policías y jubilados policiales se están movilizando contra el “revanchismo”. El gobierno, para calmar el malestar en la policía que se amotinó y protagonizó el golpe del 2019, estudia llevar el monto de las jubilaciones a un 100% del salario en ejercicio. Privilegio que no se extiende a los trabajadores.

El gobierno quiere establecer un pacto con los mandos represores y reaccionarios. Se ha olvidado de la “academia policial antiimperialista”. Eran todos cosméticos. La fuerza golpista debiera ser disuelta y reemplazada por milicias obreras y campesinas (como se llegó a plantear en la huelga general de 12 días del año pasado). Bolivia estará amenazada al golpe reaccionario.

“Estamos muy decepcionados de la justicia que hay en Bolivia. Quienes mandaron a masacrar, tanto en Sacaba como en Senkata, lamentablemente no están siendo procesados. No estamos encontrando la justicia correspondiente hasta el momento”, dijo Marisol Rodríguez, presidenta de la Asociación de Heridos de la Masacre de Senkata.

Economía

En materia económico-social el gobierno de Arce… parió un ratón. Una de las medidas más anunciadas en campaña electoral fue la de aprobar un impuesto a las grandes fortunas. El impuesto anual a la riqueza que finalmente sancionó permite una recaudación de… 15 millones de dólares (el que aprobó el gobierno de Fernández en la Argentina –denunciado por el PO por insuficiente- llega cerca de los 1500 millones de dólares). Como el impuesto se cobraría a unos 150 ricachones, significa un promedio de 100 mil dólares cada uno. Ante las hipócritas críticas de las cámaras empresarias, en contrapartida, el gobierno anunció que quiere ampliar la “base tributaria”: que más gente pague impuestos. Anunció que devolverá 5% del impuesto al consumo (IVA) a sectores de bajos salarios, siempre y cuando presentaran facturas de compras. Como el 75% de la economía boliviana está en negro significa que, oportunamente, iniciará una persecución contra el trabajo callejero e independiente. Hay que anular los impuestos al consumo directamente y gravar en forma progresiva las ganancias de los capitalistas.

Con bombos y platillos se anunció que del presupuesto aprobado por el nuevo gobierno se destinarán 4000 millones de dólares a la obra pública. Pero al mismo tiempo se autoriza al gobierno a colocar bonos de deuda por valor de 3000 millones (1000 millones más de los que había anunciado la golpista Añez).

Los despidos masivos que efectuaron las patronales bajo el gobierno golpista y en la transición no han sido revertidos.

El planteamiento general de Arce es que la primera etapa debiera dedicarse a desmantelar las medidas “neoliberales” impuestas por los golpistas, para volver de nuevo al modelo “nacional y popular” de los gobiernos de Evo Morales. En 14 años de gobierno Evo y el MAS no modificaron la estructura económica de Bolivia, que sigue siendo el país más pobre de América Latina. Las riquezas naturales y el trabajo nacional es capitalizado por monopolios imperialistas (gas, petróleo, minería, etc.) y una oligarquía capitalista agroexportadora.

Volver a la situación anterior es imposible, porque la economía internacional ha cambiado. Estamos sumergidos en una histórica crisis capitalista con un párate del comercio mundial y caída de los precios del petróleo, gas, etc. Bolivia le vendió, en el 2020, 11% menos de gas a Brasil. Los contratos que Añez firmó con Bolsonaro reducían el valor de las exportaciones (lo que ha llevado a Arce a declarar que quiere revisarlos). Las exportaciones de gas boliviano a la Argentina también disminuyeron 30%, también con reducción de precios. La producción de hidrocarburos y las reservas bolivianas están cayendo aceleradamente. El gobierno ha insinuado, como salida, nuevos acuerdos con monopolios extranjeros que se llevaran gran parte de la renta hidrocarburífera.

La economía boliviana retrocedió el año pasado 6,7%. El gobierno de Arce pronosticó que en el 2021 crecerá un 4,8% (el Banco Mundial habla de un 3,9%). El rebote no alcanza a los niveles previos a la crisis y las reservas cayeron de 15 mil en el 2008 a menos de 6 mil millones de dólares. La deuda de Bolivia es de más de 11 mil millones de dólares.

Los transportistas fueron al paro el 12 de enero, reclamando 6 meses de diferimiento en la devolución de préstamos e intereses en las deudas que tienen con los bancos, dado que la pandemia les impidió desarrollar su actividad. El gobierno lo ha otorgado. Esto ha abierto una crisis con los bancos que ha sido apoyada por la central empresaria. Se llegó a plantear un eventual lock out bancario al otorgamiento de nuevos préstamos y la amenaza de futuras fugas de capitales. Los bancos han tenido bajo la pandemia fabulosas ganancias. Es necesario llevar adelante un revolucionario plan de “salvación nacional” planteando la nacionalización de la banca, las industrias petroleras y mineras y el agropower.

Está claro que las ilusiones de amplios sectores de las masas en que la derrota del golpismo y la reasunción del MAS iba a resolver sus reclamos se verán defraudadas. En todos los planos el gobierno masista busca el acuerdo con la derecha y el gran capital. Sus “reformas” son harto tímidas. Lo cual va incrementando las críticas de sectores de los explotados y creando una nueva polarización. Para detener esta nueva polarización el gobierno y la izquierda oportunista (PC, etc.) agitan el fantasma (relativamente real) de un nuevo golpe. Pero en lugar de enfrentarlo movilizando a los trabajadores y campesinos y golpeando el poderío represivo y económico de la derecha, el espantapájaros del golpe es utilizado para contener bajo la consigna de que no hay que provocar.

Las elecciones de marzo

El gobierno y la oposición van ahora a elecciones de gobernadores y municipales el 7 de marzo. Este proceso electoral ha planteado diferentes choques y crisis dentro del MAS en torno a las candidaturas. En general, el “dedazo” de Evo Morales ha ido seleccionando los candidatos en forma arbitraria. Sectores burocráticos han chocado fuertemente con Evo Morales reclamando candidaturas para “sus organizaciones sociales”. Como hace la burocracia sindical argentina que pide candidatos en las listas peronistas para el “movimiento sindical”, es decir para ellos. Algunos sectores han roto con el MAS y se presentan separadamente. Es el caso de Eva Copa que fue presidenta del Senado bajo el golpe, que va con una lista diferenciada por la alcaldía de El Alto. En estos choques no se advierten tendencias populares, sino un choque de apetencias electoralistas.

Quizás más que nunca, estas elecciones municipales (a 4 meses de la asunción del nuevo gobierno) aparecen como un foco distraccionista nacional frente a los graves problemas existentes en la Bolivia obrera y campesina.

La vanguardia obrera, campesina y revolucionaria debe sacar conclusiones: es necesario construir un partido revolucionario de los trabajadores, independiente del Estado, el MAS y todos los partidos burgueses. Para encarar la lucha por un programa obrero y socialista y por un gobierno de trabajadores. La Central Obrera (COB) y los sindicatos deben ser recuperados: reclamar que rompan con la subordinación al gobierno y convoquen a un congreso de bases para discutir el programa de los trabajadores y los métodos para imponerlo.