El 19 de noviembre, el gobierno boliviano lanzó un nuevo decreto, el 29802, que faculta al Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra) a verificar la existencia de trabajo forzoso o formas análogas en las propiedades agrícolas. Para ello aplicará una ficha especial de servidumbre durante la verificación del cumplimiento de la Función Económica Social (FES).
Luego del acuerdo en torno a la Nueva Constitución en el parlamento -que establece claros beneficios para los agrolatifundistas en el artículo 399 y con el último decreto en mano”, el viceministerio de tierras y el Inra han iniciado el “saneamiento” en Alto Parapetí; en esa zona, en febrero y abril, hubo una fuerte resistencia armada por parte de los hacedados. Esta vez, a pesar de que se ha confiscado una serie de armamentos en la hacienda Caraparicito, propiedad del nortemericano Ronald Larsen, se ha logrado iniciar el proceso de saneamiento.

El ingreso de Alejandro Almaraz, viceministro de Tierras, al lugar donde antes no podía poner un pie y donde fue secuestrado y amenazado de muerte, no obedece a un cambio de actitud de los hacendados; tampoco a una victoria del gobierno. Si las comisiones del Inra han podido ingresar y dar inicio al proceso de saneamiento es exclusivamente por los acuerdos a los que se ha llegado en torno al capítulo Tierra y Territorio de la Nueva Constitución. Estos establecen que los resultados del Referendo Dirimitorio sobre los límites de la propiedad agraria no serán retroactivos. Es decir que dichos límites corren para las tierras “adquiridas con posterioridad a la vigencia de esta (nueva) Constitución”, que será sometida a referendum el 25 de enero. Aunque el viceministro de Tierras se esmere en decir que el acuerdo en torno a los límites de la propiedad es irrelevante, lo cierto es que lo fundamental a tener en cuenta a la hora de caracterizar una propiedad como latifundio es precisamente su extensión. Asegura que, como medida antilatifundiaria, “lo efectivo es el mecanismo de reversión por incumplimiento de la FES”.

Reversión y expropiación

La reversión que pretende aplicar el gobierno “opera con predios titulados y saneados hace dos años, pero que incurren en incumplimiento de la FES” (Almaraz). El cumplimiento de la ‘Función Económica Social’ como parámetro de reversión o expropiación ya se encontraba inscrito en la Ley 1.715 de 1996. Sin embargo, no por ello se ha terminado con la concentración de la tierra. Los grandes propietarios se han dado modos para conservarla; es muy conocida la estrategia de las “vacas turistas”, que consiste en el traslado de ganado de una hacienda a otra al momento de que se va a realizar el saneamiento. Otra estrategia que utilizan a las puertas del Referendo Dirimidor es subdividir propiedades para que no sobrepasen las 5 mil hectáreas. Lo cierto es que el cumplimiento de la FES no garantiza la eliminación del latifundio.

La otra figura, la expropiación, está totalmente vaciada de un contenido político revolucionario, es decir sin indemnización. La expropiación aplicada por el gobierno consiste en la adquisición de tierras por parte del Inra, pagando una indemnización “justa” al propietario y sin que el incumplimiento de la FES entre en consideración necesaria. Es decir que el Estado ejecutaría una llana y simple compra de tierras con el dinero de los bolivianos. Este es el mecanismo que hasta ahora le ha funcionado mejor al gobierno para no tener conflictos con los hacendados, ya lo ha hecho en el Chaco chuquisaqueño, mediante la compra de 180 mil hectáreas para otorgarlas a los guaraníes de las Tierras Comunitarias de Origen Itikaraparirenda, Asociación Comunaria Zona Huacareta, Tentayapi, Asociación Comunitaria Zona Machareti y Avatiri Ingre.

A los campesinos sin tierra y a los indígenas se los condena a pequeñas extensiones en calidad de tierras comunitarias, mientras se garantiza la gran propiedad de las haciendas agrícolas y ganaderas so pretexto del cumplimiento de la FES. Tomando en cuenta, además, que el establecimiento de límites de la propiedad a aprobarse en el dirimitorio no es retroactivo, la gran propiedad de la tierra está garantizada.

Los hacendados se arman

La revolución agraria, de la que tanto se llena la boca el gobierno, no es tal. No existe la mínima intención de afectar a la gran propiedad, como tampoco existe una política agraria que implique la dotación de maquinaria, insumos, semillas, mercados para los campesinos que adquieren la tierra en forma comunitaria… Sin embargo, sí hay subvención de combustible para la agroindustria. Librados a las leyes del mercado, sin planificación de la producción, los campesinos incurren en pérdidas y fracasos productivos.

Las “reformas” del gobierno tienen patas cortas. El problema de la tierra que enfrenta a campesinos sin tierra con latifundistas no se solucionara mediante consensos ni diálogos, sino mediantes la toma de tierras y la acción directa. No otra cosa anuncia el arsenal de armas confiscado en Alto Parapetí el pasado viernes 21 de noviembre. Los hacendados no se están armando contra el gobierno: se están armando contra los campesinos e indígenas que exigen la tierra.