Se ha batido mucho el parche sobre el “éxito económico” de Morales. El PBI en Bolivia creció de menos de 10.000 millones de dólares en 2005 a 40.000 en 2018. Este auge se expresó en tasas de crecimientos superiores al 4%, la más alta de la región. El desempleo bajó del 8 al 3%, se redujo la pobreza del 55 al 35% y se incrementaron los índices de consumo popular.

Esa evolución estuvo impulsada por la suba de los precios de las materias primas, especialmente hidrocarburos, minería y productos agroindustriales, como la soja, que dejaron un gran caudal de recursos para el país.

Pero esta bonanza comenzó a hacer agua. La crisis mundial capitalista comenzó a pasarle factura al país del altiplano. Aunque fue más en cámara lenta, Bolivia tampoco pudo sustraerse al descenso de los precios de las materias primas y empezaron a aparecer los números rojos. La exportación de gas representó en 2018 un 33% del total de sus exportaciones, muy por debajo del 50% que habían alcanzado en 2014. La desaceleración de los precios de las materias primas dejó a Bolivia con un déficit fiscal de aproximadamente 8% del PBI. Las reservas en estos últimos 5 años disminuyeron una tercera parte. La balanza de pagos dejó de ser superavitaria y empezó a tener rojos pronunciados, por encima del 6%. La deuda externa como porción del PBI empezó a aumentar, alcanzando los 7.000 millones de dólares y duplica la existente al asumir Evo.

Importa señalar las tensiones económicas con sus vecinos, en especial con Brasil que es el principal destinatario del gas, la principal fuente de divisas de Bolivia. El Estado brasileño vino exigiendo, desde el gobierno del PT por una rebaja apreciable de los precios del gas. Con el ascenso de Bolsonaro se han intensificado esas presiones y reclama una renegociación a la baja de los contratos que expiran a fines de este año. El gobierno de Macri se ha sumado a este reclamo. Por lo pronto, la demanda del gas boliviano por parte de Brasil se ha reducido a una tercera parte. Brasil está privilegiando importaciones de gas natural de otras regiones, que le salen más baratas y aumenta su propio suministro interno a través de su plataforma submarina (Presal). Algo similar sucede con la demanda de Argentina de gas boliviano, que viene siendo sustituido por la producción en Vaca Muerta.

La bonanza no fue utilizada para transformar la matriz productiva y la estructura social de Bolivia, que sigue siendo una economía esencialmente primaria y extractivista, que está lejos de haber superado el atraso y la dependencia ancestral y la opresión imperialista. El aumento del PBI no se vio reflejado en una diversificación de la economía boliviana. Por el contrario, el proceso de desindustrialización se ve reflejado tanto en las estimaciones sobre la evolución de la productividad, como en la reducción de la participación de la industria manufacturera sobre el PBI que pasó de ser del 18% en 1988 al 10% en 2013 y el aumento de los sectores extractivos que creció un 5% entre esos mismos años (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015).

Cediendo al capital

Las promesas con las cuales Evo asumió se fueron desvaneciendo rápidamente. El indigenismo terminó cediendo y pactando con el gran capital y la oligarquía.

La nacionalización de los hidrocarburos quedó trunca pues el plan original fue archivado, lo que le costó la cabeza al entonces ministro de Energía, Andrés Soliz Rada. El propio ministro se encargó de desenmascarar el carácter trucho de las nacionalizaciones. La denuncia más relevante fue que los convenios que fueron firmados hace una década no incluyen la soberanía del Estado boliviano sobre la totalidad de las reservas de gas y petróleo, que están estimadas en 200.000 millones de dólares. Los contratos reconocieron a los pulpos áreas de operación y derechos de exploración y explotación exclusivos (por un plazo de treinta años). Estamos ante la forma de convenios semejantes a la privatización realizada por los gobiernos precedentes. Los monopolios inscribieron las reservas en sus libros, lo cual, a su turno, terminó socavando la posibilidad del desarrollo estatal del petróleo, al privar a Bolivia de la posibilidad de obtener capital en el mercado internacional prendando las reservas estimadas.

Al comprimirse los recursos fiscales, el gobierno de Morales apeló a un mayor endeudamiento y compromisos con el gran capital y, al mismo tiempo, como lo vienen haciendo sus pares latinoamericanos a mayores ajustes contra las masas. Álvaro García Linera, vicepresidente e ideólogo principal del MAS, ha justificado, con el argumento de resguardar el poder político y conseguir más divisas -cuyo ingreso había empezado a angostarse-, la estrategia de concesiones a las transnacionales y empresarios, otorgándole más beneficios a los pulpos petroleros y mineros y a la oligarquía sojera y ganadera cruceña.

La política de saqueo de la riquezas nacional se profundizó estos últimos años en forma proporcional a la declinación del gobierno: el 80% de la producción de hidrocarburos está controlada por las transnacionales que, sin embargo, no están obligadas a invertir en la exploración de nuevos pozos, lo que está llevando a una peligrosa reducción de las reservas; San Cristóbal, la principal mina boliviana dedicada a la exportación, ha pasado a ser cien por ciento propiedad del monopolio japonés Sumitomo; y el gobierno viene de firmar un acuerdo para entregar gran parte de la producción de litio (mineral en alza en el mercado mundial) a una empresa mixta con la alemana ACI Systems, que apenas dejara al Estado boliviano regalías por un mísero 3%.

La política exterior ha acompañado este giro más marcado. Evo no se ha privado de saludar al “compañero” Bolsonaro en su ascensión al poder en Brasil y el acuerdo del Mercosur con Europa, pese a su carácter semicolonial, que abre las puertas a una mayor primarización de Latinoamérica.

Tampoco se cumplió la prometida reforma agraria. El proyecto original de confiscar los latifundios quedó reducido a una distribución exclusivamente de tierras fiscales. La oligarquía separatista que en 2007 intentaba llevar al país a una guerra civil, siguió concentrando las tierras y obteniendo grandes beneficios de la soja para la exportación. El vínculo con el gobierno proveyó a los órganos de fomento y control de la producción agrícola en manos de los grandes patronales varios beneficios que incluyen créditos, legalización de tierras, ampliación de la frontera agrícola. Evo Morales autorizó desmonte de bosques, en los departamentos de Beni y Santa Cruz, al sector ganadero.

Precarización

Es cierto que bajo el mandato de Morales, la pobreza cayó, aunque Bolivia, aún así, se mantiene como el país más pobre de Sudamérica con un Producto Interno Bruto (PBI) per cápita de sólo 3.400 dólares al año.

Al igual que lo que ocurrió en Argentina, bajo el kirchnerismo, el crecimiento se ha hecho sobre la base de una aún mayor precarización y tercerización del trabajo y del trabajo en negro. Según informes oficiales, en las regiones metropolitanas sólo el 19% de los ocupados aporta a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), 28% cuenta con seguro de salud, 29% tiene un contrato escrito y sólo 57% trabaja una jornada internacionalmente aceptada como normal de 48 horas o menos a la semana. De esta manera, el sector informal, de pequeña escala y baja productividad, sigue siendo el principal generador de empleo. Al cabo de la década y media de Evo Morales, las condiciones de vida de las masas continuaron siendo paupérrimas. Según un estudio dado a conocer por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), “la mayor parte de los empleos generados en los últimos años por el gobierno de Evo Morales tienen el común denominador de precariedad”, “evidentemente hubo generación de fuentes laborales, pero con salarios de hambre” (ídem).

El llamado “milagro boliviano” empezó a naufragar y al calor de este proceso, la capacidad de pilotear la crisis se le fue haciendo cada vez más cuesta arriba y en esa medida, se fueron rompiendo todos los equilibrios políticos, ya de por sí precarios. El disconformismo con el gobierno de Morales se fue apoderando de todas las clases sociales. Por un lado, aumentó el descontento popular, incluyendo a su propia base de apoyo, que es lo que explica la caída de su popularidad. El bonapartismo plebiscitario del MAS se fue transformando paulatinamente en un gobierno cada vez más recostado en el aparato coercitivo del Estado y en una persecución y represión mayor de la protesta popular. Por el otro, la clase capitalista fue tomando distancia y aumentando su belicosidad en forma proporcional a la pérdida de recursos por parte del Estado boliviano para satisfacer sus exigencias y demandas. El golpe de cuño bolsonarista apunta a poner en pie un régimen de ataque más violento y directo a las masas, de modo de ir a fondo en la ofensiva capitalista contra los trabajadores.

El nacionalismo pequeño burgués indigenista fue superado por la situación, poniendo de relieve sus límites insalvables para hacer frente a las tendencias dislocadoras que plantea la bancarrota capitalista en desarrollo. La lucha contra el golpe, que ha quedado en manos de los explotados ante la defección del gobierno, plantea trazarse un nuevo horizonte, la lucha por abrir paso a un salida política de los trabajadores, que proceda a una transformación integral del país sobre nuevas bases sociales.