Como en toda Latinoamérica, los efectos de la pandemia del coronavirus evidencian la crisis económica previa a la cuarentena que atraviesan los países. Los sectores más golpeados de la población deben afrontar el aislamiento sin los insumos en espacios precarios de vivienda. Bolivia tiene un 8% de desocupados con el agravante de que el 70% del empleo existente es “informal” (cuentapropismo, negro, flexibilizado, etc.). Según informes oficiales, en las regiones metropolitanas solo el 19% de los ocupados aporta a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el 28% cuenta con seguro de salud, el 29% tiene un contrato escrito y sólo 57% trabaja una jornada internacionalmente aceptada como normal de 48 horas o menos a la semana llevando a la población a subsistir a partir de changas o puestos en ferias informales.

El pasado martes la presidenta golpista Jeanine Áñez anunció que el viernes 3 de abril comenzará el pago de la canasta familiar. Otorgará 400 bolivianos apuntando que beneficiará a más de un millón de bolivianos en todo el país (son 4 millones quienes viven por debajo de la línea de pobreza).  “Desde este viernes 3 de abril se pagará en efectivo la canasta familiar de 400 bolivianos. Esta canasta es para personas con Renta Dignidad sin jubilación, madres que reciben el bono Juana Azurduy y discapacitados”, Añez explicó que “en un principio se debía entregar esa canasta en alimentos y productos, pero eso nos hubiera tomado varios días más y yo sé que las necesidades de las familias son urgentes” (página 7, 31/3). Sin embargo, las medidas previas a este anuncio ya eran deficitarias.

Durante la primera semana de cuarentena se repartieron bolsones en los diferentes sectores de manera desigual. Burdamente entregaron menor cantidad de productos para subsistir durante dos semanas, abriendo nuevamente la brecha y convocando a los bolivianos a romper la cuarentena para pedir asistencia alimentaria y económica.

Por otro lado, el bono que lanzó el gobierno no abarca a todo el país con necesidades de urgencia; según el gobierno y su estadística son un millón de bolivianos los necesitados y de los otros casi 3 millones ¿quién se hace cargo?

Como los no beneficiados de los bonos son madres solteras que viven del día a día no perciben ningún programa de asistencia ni de discapacidad, la mayoría subsiste como vendedoras en las ferias sin ninguna ayuda del estado.

La juventud estudiantil de las universidades públicas del país solicita ayuda para retornar a sus hogares para realizar la cuarentena con sus familias; estudiantes están varados sin alimentos y sin insumos de higiene elemental para no contagiarse, la suspensión de viajes interprovinciales les dejó atrapados a decenas de jóvenes incomunicados con sus pueblos de origen.

En la región de Riveralta, Beni, los compañeros campesinos se levantaron y bloquearon caminos pidiendo por alimentos y una verdadera redistribución de los mismos. En el Alto, instalaron la feria del puente Vela pidiendo insumos como alcohol en gel, jabón, barbijos, guantes y cofia.

La burocracia sindical de la COB realiza un “como si” de lucha llamando a cacerolear “por la vida” el viernes 3 de abril en vez de organizar a la masa de bolivianos explotados. En ningún momento denuncia a los efectivos policiales y gendarmes para custodiar cuyo único trabajo fue el de amedrentar a la población de las zonas más empobrecidas

La lucha contra el golpe, el hambre y la pobreza queda en manos del pueblo boliviano explotado. Más que nunca, es imperante abrir paso a una salida política de los trabajadores que supere las conducciones burocráticas de los sindicatos y ponga fin al diezmado de la población boliviana. Bolivia necesita una transformación integral sobre nuevas bases sociales antes, durante y después de la pandemia.