Brasil alcanzó este martes su punto más alto de muertes por coronavirus: 42 en un solo día. Esto casi duplica la estadística del día lunes, donde 23 personas perdieron la vida. Ya son a estas alturas 201 víctimas fatales y casi 6000 los casos confirmados. A pesar de los indicios que vaticinan un cuadro caótico, Bolsonaro insiste en minimizar la pandemia y hacerle la guerra a la cuarentena.

Aunque 26 de los 27 gobernadores de Brasil adoptaron ya medidas de aislamiento social, el presidente se sigue negando de todas las formas posibles a declararlo a nivel nacional. Esto ha suscitado una fuerte interna dentro del gobierno, que lo coloca en el ojo de la tormenta de una enorme crisis política.

En los últimos días trascendió que referentes de las tres armas han mantenido, al menos, dos reuniones en la última semana con el vicepresidente Hamilton Mourão para darle todo su apoyo ante una eventual salida de Bolsonaro del poder, sea a través de una renuncia o de una destitución (El País, 28/3). Mourao es él mismo un hombre de las Fuerzas Armadas, que dominan ya numerosos ministerios del actual gobierno. A lo largo del ajetreado gobierno de Bolsonaro, Mourao marcó contrapuntos con el presidente en numerosas ocasiones.

Al mismo tiempo, Bolsonaro ha perdido el respaldo de varios gobernadores y ha quedado enfrentado a su propio ministro de salud, Henrique Mandetta, por el manejo de la pandemia. Si dicho ministro se sostiene en su cargo, según algunos medios, es por el respaldo que le proporcionan otros pesos pesados de la administración: el ministro de justicia, Sergio Moro, y el ministro de Hacienda, el ultraliberal Paulo Guedes (Brasil 247, 31/3). El cuadro de internas e intrigas que siempre caracterizó a la administración se agudiza al calor del coronavirus. Por si fuera poco, el fiscal general, Augusto Aras, no ha descartado llevar a la justicia al mandatario por su actuación frente al Covid-19.

La contracara de todo esto son los rumores de una posible declaración de estado de sitio por parte de Bolsonaro, para afianzarse en el poder (El País, ídem). Pero el cuadro no es para nada favorable al mandatario. La cantidad de muertos de Brasil puede ascender a 6.000 sólo en las primeras dos semanas de abril, según informa la Agencia Brasileña de Inteligencia. Esto acelera los alcances de la crisis política. En las últimas semanas, fueron protocolizados al menos 7 pedidos de juicio político. Este reclamo comienza a cobrar cada vez más fuerza, y al que se le agrega ahora como hecho novedoso un pedido explícito de renuncia por parte de los ex-candidatos centroizquierdistas Ciro Gomes (PDT), Fernando Haddad (PT), Guilherme Boulos (PSOL) y el gobernador Flávio Dino (PcdoB).

En medio de la crisis política, hay sectores del PT -como el ex canciller Celso Amorim- que impulsan un gran frente político “democrático” contra Bolsonaro. Este sería extensivo, incluso, a algunos de los partidos y figuras que protagonizaron el golpe contra Dilma Rousseff en 2016. Conscientes del desgaste acelerado del gobierno, estos sectores petistas impulsan una variante de recambio aceptable para la burguesía. 

La crisis económica de fondo

El Banco Central de Brasil (BC) prevé para el año en curso una contracción económica del 0,48%, contrariando la proyección realizada hace tan sólo una semana, que arrojaba un crecimiento del 1,48%. La proyección de crecimiento del PBI presentada por el BC era en diciembre de un 2,2%, números que fueron decreciendo al calor de las tendencias de la crisis capitalista mundial a la recesión. La expansión del coronavirus, que supone una enorme profundización de las mismas, motivó al Banco Central brasileño a la elaboración de un nuevo informe. El resultado es contundente: el PBI tendrá un crecimiento del ¡0,02%!. Es decir, un estancamiento brutal. Este panorama de conjunto ya se venía abriendo camino con lo que fue, hace tres semanas, el mayor derrumbe de las acciones brasileñas desde 1998, signado por la caída en un 31% de Petrobras que tiene como trasfondo la caída internacional del precio del petróleo. No se queda por detrás tampoco que, lógicamente, el turismo reporta pérdidas millonarias. Con una caída del 30% en marzo, el Bovespa (índice bursátil de San Pablo) ha sufrido el peor trimestre de su historia.

Planteado este escenario, lo que Bolsonaro defiende es el rescate a toda costa de la clase capitalista, que empieza a reportar una declinación de sus ganancias. Así lo prueba el paquete de medidas de ataques y flexibilizaciones de toda índole a las condiciones laborales anunciado el pasado lunes, entre las cuales se destacaba la suspensión de contratos por cuatro meses sin pago de sueldo, que luego tuvo que ser retirada y reformulada. La bronca popular que combustionó este “paquetazo” dotó de muchísima más fuerza aún el “fuera Bolsonaro”, que viene resonando con cada vez más efervescencia en los cacerolazos que se desarrollan en Brasil.

La salida está en manos de los trabajadores 

El aislamiento casi generalizado poca correspondencia tiene en los hechos. El repertorio de actividades consideradas esenciales es vastamente más extenso de las que verdaderamente son imprescindibles, claro está, al servicio de preservar el lucro capitalista. Esto sin contar que tras la reforma laboral de 2017, un 41,2% de los trabajadores en Brasil son informales, lo cual facilita el chantaje por parte de las patronales que a su vez en muchos casos negocian para continuar el funcionamiento. Lo propio ocurre con cuentapropistas y trabajadores sin ingresos fijos, para quienes el Congreso ha aprobado un paliativo mensual de R$ 600, frente a un costo de vida familiar que ronda los R$ 10.000. En este cuadro, la burocracia sindical ligada al PT con la CUT a la cabeza permanece bajo el total inmovilismo. A pesar de que capas enormes de trabajadores siguen desempeñando funciones, son las direcciones de los sindicatos las que “permanecen en cuarentena”. Esto reclama con suma urgencia una intervención independiente de los trabajadores, que empieza a alzar sus primeras manifestaciones. Siguiendo el ejemplo de los metalúrgicos que arrancaron las licencias pagas, los trabajadores de los call-centers que se manifiestan en sus lugares de trabajo o los petroleros huelguistas, lo propio debe replicarse a lo largo y lo ancho de Brasil. La cuarentena efectiva con pleno goce de sueldo, la prohibición de despidos, suspensiones y recortes salariales, el pase a planta permanente, la conformación de comités de higiene y seguridad en cada lugar de trabajo que reduzcan las actividades laborales a las meramente esenciales, y un ingreso de emergencia no menor a los R$ 10.000 para los desocupados se vuelven hoy una necesidad inmediata. 

El “fuera Bolsonaro” se transformó en una exigencia elemental para evitar la catástrofe sanitaria, política y económica a la que Brasil avanza a toda velocidad. Pero de ninguna manera la salida puede estar en el recambio que se cuece dentro de los límites del régimen político. Sólo la acción unificada de los trabajadores brasileños bajo un programa propio tiene la capacidad de evitar el desastre.