Recién a partir de que Botnia comenzó a producir, la Secretaría de Ambiente de la Nación ha resuelto medir la calidad de agua del Río Uruguay en su zona de influencia.

El año pasado, impulsada por esfuerzos particulares, la intendencia de Gualeguaychú contrató a la Universidad de Luján, a la Comisión Nacional de Energía Atómica y a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA). Estos trabajos aislados son los antecedentes previos al funcionamiento de Botnia. Además hay algunas mediciones realizadas en el curso de agua por la Prefectura Nacional en el marco de la Caru (Comisión Binacional Administradora del Río Uruguay).

La Secretaría de Picolotti no cuenta con medios propios para realizar el monitoreo, fue desmantelada durante el gobierno de la Alianza (ver recuadro). Por lo tanto, ha contratado por un importe de cinco millones de pesos a la consultora que coordina el biólogo Jorge Rabinovich. Este consultor, a su vez, presenta convenios con universidades nacionales.

Lamentablemente nuestras universidades no son garantía de objetividad. Si bien los investigadores suelen ser serios, los consejos superiores están dominados por las camarillas profesorales.

El año pasado, la Secretaría de Ambiente también había contratado (por un importante monto) a la Consultora de Rabinovich para analizar el impacto de la pastera. Ese trabajo nunca fue difundido ni publicado. ¿Por qué no se dieron a conocer sus conclusiones?

La única garantía de transparencia y verosimilitud del monitoreo es que se lleve a cabo una alianza práctica entre los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y los técnicos que realicen el muestreo; desde la cadena de custodia de la muestra hasta la publicación de los resultados analíticos. ¿Será esto facilitado por las autoridades?

Hay suficientes antecedentes como para no confiar ni en los actores que están a cargo de la coordinación del Programa de Vigilancia ni en sus ejecutores.