La Cámara baja de Brasil aprobó el lunes 10 una reforma constitucional promovida por el gobierno de Michel Temer, que establece el congelamiento del gasto público (incluido el presupuesto de salud y educación) por 20 años, al tiempo que elimina patrones de elevación del salario mínimo. De esta manera, hasta 2037 el gasto público solo podrá ser reajustado año a año acorde al índice de inflación.

Al ser una modificación de la Carta Magna, requiere dos votaciones favorables por mayoría especial en Diputados y otras dos en el Senado. En la primera de estas cuatro rondas se superó el mínimo de 308 votos, con el apoyo de 366 legisladores.

Festeja el FMI

La Proposta de Emenda Constitucional (PEC 241) implica un ajuste en toda la regla. No se considera en las futuras modificaciones el crecimiento demográfico, ni otros patrones adicionales de reajuste.

Según un estudio del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), si se hubiera adoptado esta regla en 2003, la salud habría contado con 260.000 millones de dólares menos, mientras que la pérdida en Educación hubiese sido del orden de los 377 millones de dólares. En el caso del salario mínimo, la aplicación del PEC 241 lo hubiese dejado en 550 reales (172 dólares), contra los ya miserables 880 actuales.

La iniciativa gubernamental tendría como objetivo reducir un déficit fiscal de 60.000 millones de dólares. Sin embargo, no se establece un techo para el pago de la deuda pública (cuyos intereses costaron al país dos veces y media ese monto), ni prevé la reducción de las tasas de interés que multiplican estos pagos.

La reforma –“uno de los mayores cambios fiscales para el Estado brasileño en décadas”, según el diario El País (11/10)– fue hecha a la medida del capital financiero, que se beneficiará a costa de una mayor miseria social del pueblo brasilero. Por este motivo, la directora gerente del FMI, Christiane Lagarde, saludó las iniciativas que “refuerzan la credibilidad en las políticas macroeconómicas” (Página/12, 12/10).

Con apuro

Temer pretende con este paquete un blindaje a largo plazo del ajuste, iniciado durante el gobierno de Dilma Roussef y profundizado luego del golpe que encumbró al actual mandatario.

El presidente echó mano a todo tipo de maniobras para garantizar la mayoría especial. Temer quiere apurar las votaciones antes de fin de año para que el PEC pueda entrar en vigor en 2017. Con este fin, “los parlamentarios redujeron el tiempo de discusión del proyecto de ley y consiguieron anticipar en al menos un día la votación” (El País, ibid).

Apesar de Você…

El presidente de facto juega su suerte en su capacidad para propinar estos golpes a la clase obrera brasileña. Cuenta, sin embargo, con una base de sustentación precaria. El rechazo hacia su gobierno alcanza índices del orden del 87%.

Por otro lado, las recientes elecciones municipales, si bien brindaron una victoria a la derecha (más significativa para el PSDB que para el partido de Temer, que mantuvo el número de municipios), refractaron la magnitud de la fragmentación y crisis política. La abstención alcanzó cifras del 40% en varias capitales, mientras que los partidos que disputan en la segunda vuelta fueron “nada menos que 18” (tribunaclassista.blogspot.com.ar, 6/10).

Son indicadores del gran descontento de las masas frente al empeoramiento de sus condiciones de vida. Este confluye, a su vez, con un proceso de movilización creciente de la clase obrera brasileña, al que el PT y la burocracia sindical de la CUT buscan contener.

El gobierno ajustador eleva la apuesta. La clase obrera de Brasil tiene planteado hacer lo propio, desarrollando una huelga general para que se vaya Temer y derrotar el ajuste.