Los responsables materiales del crimen de la concejal Marielle Franco, del Psol, y de su chofer Anderson Gomes, fueron condenados por un jurado popular en Río de Janeiro este jueves 31. El sicario Ronnie Lessa, autor de los disparos, recibió una pena de 78 años de cárcel, mientras que Elcio Queiroz, conductor del vehículo en que se desplazaban los asesinos, fue sentenciado a 58 años de prisión. De todos modos, debido a un acuerdo de colaboración con la justicia, las condenas se verán reducidas.

En el curso del juicio salió a la luz que los asesinos habrían actuado por cuenta y orden de Chiquinho y Domingos Brazao, dos políticos e integrantes del grupo paramilitar Oficina del Crimen, que cuenta con intereses en el sector inmobiliario. Chiquinho, quien presidió la Comisión de Asuntos Urbanos de Río, buscaba regularizar (según puntualizó ElDiario.ar) un condominio ilegal en la zona de Jacarepaguá, uno de los bastiones de la milicia, y se topó con la resistencia de la concejal de izquierda, que pujaba por que esos terrenos pudieran servir a sectores sin techo. Franco, además, denunciaba la actividad de las milicias, la represión contra los habitantes de las favelas, y se oponía a la militarización de la seguridad en el Estado dispuesta semanas antes de su muerte por el gobierno de Michel Temer.

Los hermanos Brazao, junto a Rivaldo Barbosa, delegado de la Policía Civil de Río acusado de encubrir el crimen, están siendo investigados por el Supremo Tribunal Federal, ya que cuentan con fueros.

Son conocidos los lazos de los asesinos de Marielle y la Oficina del Crimen con el clan Bolsonaro. Chiquinho hizo su carrera política a la par de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, quien, también, apoyó a Domingos para que asumiera en el Tribunal de Cuentas del Estado, en el que se desempeñó hasta su detención en marzo de este año. A su vez, Flavio había contratado, en su banca de diputado estadual, a la madre y a la esposa de Adriano de Nobrega, el jefe la Oficina del Crimen, quien murió en un sospechoso operativo policial en 2020. En cuanto al expresidente, compartía el mismo condominio con el autor material del asesinato.

El gobierno brasileño atribuye el esclarecimiento y la condena a la “federalización” del caso, que habría permitido sortear el encubrimiento de la Policía de Río. Pero lo que en verdad motorizó la causa es la intensa lucha de los familiares y de los movimientos populares brasileños, sin la cual todo hubiese caído en el olvido y la impunidad.

La condena de los responsables materiales es un paso adelante. Ahora se plantea avanzar en la condena de los autores intelectuales.

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