La crisis política brasileña se tiñó con ribetes de barbarie con la llamada “crisis de seguridad”. El comando del crimen organizado, PCC (Primer Comando de la Capital), pasó a atacar abiertamente a la policía, una acción que, en apenas tres días, produjo ya más de 100 muertos, en ambos lados. El PCC, que demostró ser capaz de un poder de movilización y de fuego equivalente al de una fuerza armada regular, recluta sus miembros principalmente entre la juventud más pobre de las grandes ciudades, en las que el índice de desempleo juvenil supera holgadamente el 30%.

 

 

 

El 15 de mayo, San Pablo amaneció paralizada tras una nueva serie de ataques, en la tercera jornada consecutiva. Sólo en la madrugada del 15, 90 autobuses y 13 bancos fueron incendiados. Los motines seguían en 50 cárceles donde los presos retenían en torno de 250 rehenes. Lula aprovechó para proponer la militarización del conflicto, con la oferta de enviar fuerzas federales, incluyendo tropas del Ejército, para “restablecer el orden” en San Pablo. Claudio Lemos, gobernador de San Pablo, lo rechazó. Están preparados para desplegarse en el principal estado de Brasil unos 4.000 efectivos de la Fuerza Nacional de Elite, así como de la Policía Federal, de los cuerpos de inteligencia, y de las Fuerzas Armadas.

 

 

 

El Primer Comando de la Capital fue creado en agosto de 1993, en la cárcel de la Casa de Custodia de Taubaté, a 130 kilómetros de San Pablo. Su nacimiento se debió, según sus miembros, a la necesidad de “combatir la opresión dentro del sistema presidiario”. La declaración era una respuesta al asesinato de 111 presos, el 2 de octubre de 1992, en la cárcel de Carandirú.

 

 

 

Todo se habría desatado por un “desacuerdo” entre el PCC y el gobierno del estado de San Pablo. Las autoridades habrían querido desarticular la fuerza del Primer Comando mediante el traslado de sus principales jefes a una prisión de máxima seguridad del interior.

 

 

 

El jueves 11, 765 presos fueron trasladados a la cárcel de Presidente Venceslao, 620 kilómetros al oeste de San Pablo. El viernes ocho líderes fueron llevados al Departamento de Investigaciones sobre el Crimen Organizado, al norte de esa ciudad. Entre ellos estaba el líder del PCC, Marcos Willians Herba Camacho, Marcola, que el sábado fue trasladado a la cárcel de Arthur Bernardes, a 600 kilómetros al oeste de la capital paulista, una de las de máxima seguridad del país.

 

 

 

Marcola tiene 38 años y pasó más de la mitad de su vida en la cárcel. Tiene el cuerpo marcado de tantos abusos sufridos en los Institutos de Menores donde estuvo alojado.

 

 

 

Si el conflicto inicial con la dirección del PCC (que se encuentra en prisión) tuvo todas las características de un “ajuste de cuentas por quiebra de contrato”, la rebelión posterior en las cárceles tomó como eje la lucha contra la condición infrahumana en que son mantenidos las centenas de miles de presos y detenidos en Brasil, originados en su casi totalidad en las clases más pobres (en Brasil existe, inclusive, un régimen especial y diferenciado de detención para los presos que posean graduación universitaria).

 

 

 

El conflicto, en el que la policía ha comenzado a responder utilizando el asesinato vengativo a mansalva, ha evidenciado también la completa independencia de los cuerpos represivos en relación a los representantes “civiles” del Estado, y la descomposición de los aparatos policiales y militares de represión, infectados hasta los tuétanos por la corrupción y la coparticipación en las actividades criminales. La mini-guerra civil, que ha provocado el toque de queda en San Pablo a partir del día 15, tiene todas las características de una guerra entre aparatos competidores, de un conflicto inter-mafioso. Pero afecta a toda la población trabajadora, lo que habla de un proceso de descomposición social avanzado