Este lunes se cumplieron cuatro años del vil asesinato de Marielle Franco, concejal del Partido Socialismo y Libertad (Psol) de Rio de Janeiro y militante de los derechos de la población negra y la comunidad LGBTI. Electa en 2016, Marielle ocupó también la presidencia de la Comisión de Mujer del Concejo Deliberante. En su homenaje, se realizarán actividades en varias ciudades del país.

Marielle contaba con 38 años cuando fue ultimada a balazos junto a Anderson Gomes, quien conducía el auto en que circulaban. En vísperas del crimen, Franco había denunciado la militarización de las favelas en Rio.

Por el homicidio, se encuentran detenidos Ronnie Lessa y Elcio Quiroz, dos policías retirados que pertenecían a la milicia paramilitar Oficina del Crimen. Están acusados de ser los responsables materiales del hecho.

Pero la justicia no ha avanzado sobre los responsables políticos.

En febrero de 2020, el jefe de la milicia Oficina del Crimen, Adriano Magalhaes da Nóbrega –conocido como “Capitán Adriano”-, murió durante un operativo policial en el estado de Bahia. Se estima que conocía la trama del asesinato.

Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del actual presidente brasileño, contrató durante su período como diputado estadual a dos parientes de Nóbrega. A su vez, quien fuera uno de sus principales asesores en el cargo, Fabricio Queiroz (amigo del presidente desde sus tiempos en el Ejército), está acusado de lazos con aquella milicia.

Con independencia de estos vínculos, los planteos gubernamentales de “mano dura” e incremento de las atribuciones del corrompido aparato de seguridad fortalecen a los grupos criminales que operan en Brasil.

A cuatro años del crimen de Marielle, tanto la militarización de los barrios pobres como la persecución y discriminación de la comunidad LGBTI y la población negra, siguen siendo una triste realidad.

Reclamamos el completo esclarecimiento de los hechos. Juicio y condena de los responsables políticos y materiales del asesinato.

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