En referencia a la aprobación -a instancias de Dilma Rousseff- de una ley de inspiración ‘tucana’ que avanza en una mayor participación del capital extranjero en el pre-sal -o sea en una mayor privatización del petróleo-, caracterizábamos en el número anterior de Prensa Obrera que “el viraje en materia petrolera es una tentativa de Dilma por salvar su pellejo y la sobrevivencia de su gobierno a costa de concesiones sensibles al gran capital” (PO N˚ 1.401), pero que “la eficacia de la iniciativa oficial para neutralizar el cerco judicial está por verse”.

 

La detención posterior de Lula para ser llevado a declarar por el Petrolão, escándalo de sobrefacturación de obras públicas, y el recrudecimiento del cerco judicial contra Rousseff indica que las concesiones han llegado probablemente demasiado tarde.

 

La Bolsa, por ejemplo, saludó con un alza la detención de Lula. El presidente de la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (FIESP), Paulo Skaf, ha expresado su respaldo a las protestas opositoras del 13 de marzo, que intentarán repetir la performance millonaria del año anterior.

 

Pese a la voluntad ajustadora de Rousseff, el PIB de 2015 señala una caída de casi el 4% con respecto al año anterior y confirma una recesión económica. Desde el inicio de la crisis se produjeron más de un millón de despidos. La notable devaluación del real impulsó las exportaciones de los commodities, pero no lo suficiente como para compensar la caída de los precios (petróleo, mineral de hierro, etc.).

 

Es probable que, a esta altura de la crisis, cualquier tipo de recate internacional esté condicionado a un desplazamiento de Rousseff del gobierno. A fin de cuentas, el PT ya no es el partido que permitió ganancias siderales a contratistas, bancos y mineras, y que simultáneamente contuvo al proletariado más importante de Latinoamérica en una etapa de rebeliones populares. La marcha imparable de la crisis capitalista ha minado el capital político del lulismo.

 

Cercada

 

El cerco sobre Dilma avanza velozmente. La oposición ha reimpulsado el impeachment (juicio político) en el Congreso, pero también avanza el cerco a través del Tribunal Superior Electoral. La prisión preventiva contra João Santana, asesor de las campañas presidenciales del PT, por presunto financiamiento ilegal de campañas políticas en varios países (vía Odebrecht), golpea peligrosamente cerca de la presidenta. Si se comprueba el financiamiento ilegal en la campaña 2014, “la situación tanto de la presidenta como del vice, Michel Temer (del PMDB), pasa a un estado terminal” (Página/12, 23/2). Esta variante es más fulminante que la del impeachment: se impugna la lista ganadora y se convocan nuevas elecciones en 90 días.

 

La oposición no sale indemne de esta crisis. Buena parte de ella, también se encuentra imputada por el Petrolão. En este marco, el vicepresidente Temer ha alentado un gobierno de unidad nacional y -más recientemente- un “pacto entre el capital y el trabajo”.

 

Aunque el PT alberga esperanzas en un efecto búmeran que instale a Lula como candidato presidencial para 2018 y ha convocado a contramanifestaciones para el 19, lo cierto es que el lulismo tiene poco para ofrecer y motivar a los trabajadores.

 

Disputa general

 

Pocas horas después de la detención de Lula, se conocía la condena de Marcelo Odebrecht, uno de los mayores exponentes de la patria contratista local, a la pena de 19 años de prisión, acusado -en el marco del Petrolão- de formar parte de un club de constructoras que conseguían licitaciones fraudulentas con Petrobras.

 

El Petrolão, por el que Lula fue llevado a declarar, esconde una puja de gran alcance entre el capital internacional y la patria contratista local por el control de la obra pública y el petróleo. Hace pocos días, el Petrolão alcanzó nuevas ramificaciones internacionales con las denuncias contra el presidente peruano Ollanta Humala, acusado de beneficiar a Odebrecht durante su mandato a cambio de sobornos.

 

La podredumbre del régimen político brasileño plantea la consigna “que se vayan todos” y el debate de una asamblea constituyente que reorganice el país sobre nuevas bases sociales.