Las nuevas normativas emitidas el pasado viernes por el ministro de salud Eduardo Pazuello se produjeron tras las protestas, a principios de agosto, por el caso de una niña de 10 años, embarazada luego de ser violada sistemáticamente por su tío desde los 6 años. Pese a que la interrupción del embarazo es legal en Brasil desde 1940 (para casos de violación, cuando el embarazo representa un riesgo para la salud de la madre o el feto presenta anencefalia), a la niña se le negó el derecho al aborto en su estado natal, Espírito Santo. Aunque la Justicia finalmente autorizó al aborto, la niña debió trasladarse al estado de Pernambuco para poder acceder a este derecho.

La resolución ordenada por Bolsonaro establece que el personal médico deberá notificar a la policía cuando una víctima de violación solicite un aborto, y es la policía la que debe aportar a los médicos “un relato detallado” de la violación. Por otro lado, la víctima debe ser “advertida expresamente” que puede ser procesada por fraude y aborto ilegal si no puede probar su denuncia. El personal de salud deberá ofrecer la opción de realizar una ecografía para ver el embrión o feto, y obligar a las mujeres a firmar un consentimiento sobre los riesgos y molestias que pueda generar la intervención (DW, EFE).

La Interrupción Legal del Embarazo en Brasil

La niña vivía con sus abuelos en São Mateus, una ciudad de 130.000 habitantes en el estado de Espírito Santo, en la costa centro-oriental de Brasil, y fue llevada al hospital por sentir fuertes dolores en el abdomen. Allí le diagnosticaron el embarazo, y se reveló que el agresor era su tío, quien la sometía a amenazas para que no denunciara lo sucedido.

La oposición al aborto de médicos locales y del Consejo Tutelar, órgano municipal creado para cuidar los derechos de la niñez y adolescencia pero controlado por religiosos, obligó a que la niña fuese trasladada a Recife, capital del nororiental estado de Pernambuco, 1.500 kilómetros al norte, para someterse a la interrupción del embarazo.

Funcionarios del gobierno intentaron impedir el aborto de la niña de São Mateus e impulsaron la movilización de grupos fascistas y religiosos durante el domingo 16 de agosto, día en que se practicó el aborto en un hospital. Los antiderechos fueron convocados por Sara Winter, ex funcionaria del Ministerio de la Mujer, quien además reveló la identidad de la menor. También el presidente de la Conferencia Episcopal católica, el arzobispo Walmor Oliveira de Azevedo, calificó de “crimen hediondo” el aborto de la niña, en una nota personal en que condena los “representantes de la Ley y del Estado” por “decidir la muerte de una criatura de solo cinco meses”, que es como denominó al feto (IPS).

Decenas de mujeres organizaron una vigilia alrededor del centro de salud para evitar que la niña y sus familiares fueran agredidos por los bolsonaristas.

Ministerio de la mujer

El caso de São Mateus puso en el centro del debate la tragedia del embarazo en niñas y adolescentes y sacó a la luz cifras alarmantes sobre la violencia sexual, que es caracterizada por especialistas como una verdadera epidemia en Brasil y Latinoamérica. Cada hora se viola a cuatro niñas brasileñas de hasta 13 años, según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública. La mayoría de las víctimas son menores de 5 años y el 90% de esos casos ocurren en el hogar. El sistema de salud pública de ese país registra en promedio seis abortos diarios de menores de entre 10 y 14 años.

A contramano de esta epidemia, y en medio de una enorme crisis social y sanitaria, el gobierno ha limitado aún más el acceso a los centros de salud que realizan la interrupción legal del embarazo. El ajuste afecta seriamente la práctica de la ILE: de los 76 hospitales registrados en el Ministerio de Sanidad que ofrecen este procedimiento, solo 42 siguieron en funcionamiento el primer semestre de este año, y 17 de ellos informaron que suspendieron sus servicios específicamente a causa de la pandemia.

Pese a estos datos, la ministra de la Mujer, la Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, también ha recortado a la mitad los presupuestos de los Programa de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Amenazados de Muerte (PPCAAM) en varios distritos del país y se han desfinanciado los programas de salud reproductiva.

Crisis política y reforzamiento de la Iglesia y el Ejército

Luego de la salida de numerosos funcionarios del gabinete, entre ellos los ministros de Salud y Educación, el gobierno ha reforzado aún más la presencia de la Iglesia y las Fuerzas Armadas en distintos ministerios.

Pazuello es el noveno ministro de origen militar en el gobierno de Bolsonaro: los miembros del Ejército ahora ocupan casi la mitad de los 22 puestos en el primer escalón del gobierno. A cargo de Atención Primaria de Salud fue nombrado Raphael Câmara Medeiros Parente, un médico antiaborto y defensor de la abstinencia sexual para evitar el embarazo adolescente. El secretario es responsable de la gestión de los puestos de salud, las consultas externas y los servicios del programa Salud de la Familia.

La ministra Alves es pastora evangélica de la Iglesia Cristiana Cuadrangular y una acérrima enemiga de lo que los bolsonaristas denominan “la ideología de género”, se ha opuesto a la educación sexual en los colegios y a principios de este año lanzó la campaña “La adolescencia primero, el embarazo después; todo tiene su momento”, que promueve la abstinencia sexual cómo método anticonceptivo en niñes y adolescentes.

El gobierno de Bolsonaro tiene otros dos ministros que responden a las iglesias pentecostales: los pastores André Mendonça, ministro de Justicia, y Milton Ribeiro, de Educación. Ribeiro (cuarto ministro de Educación en el último año y medio) asume con el plan de recortar unos 4,2 mil millones de reales en el área. Luego de los debates surgidos en estos días, se propone introducir los “principios bíblicos” en la enseñanza. Para esto nombró a Inez Augusto Borges como asesora especial. La flamante asesora sostiene que “los niños están siendo adoctrinados por principios comunistas”, en sintonía con lo que sostienen movimientos de ultraderecha como “escola sem partido”.

El nuevo ataque de Bolsonaro sobre los derechos de las mujeres y niñas ha provocado un enorme repudio por parte de organizaciones de mujeres y de derechos humanos. La oposición petista y del Psol se han limitado a impulsar campañas por redes sociales bajo la consigna #revogaportaria2282, mientras que diputados del Psol, PT, PSB y PCdoB presentaron una denuncia ante la cumbre de la ONU, haciendo un “llamamiento urgente” ante los “ataques y retrocesos por el aborto legal”. La carta fue enviada a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Más que nunca, frente a la barbarie profundizada por el ajuste en Brasil y toda Latinoamérica, tal como resolvimos en la Conferencia Latinoamericana, impulsemos las movilizaciones del 28 de septiembre por el día de América Latina y el Caribe por el aborto legal, levantando también la consigna “separación de las iglesias del Estado”, por la educación sexual integral y contra toda forma de violencia hacia las mujeres y diversidades.