Los trabajadores petroleros de Brasil ingresaron este jueves en su 20° jornada de huelga. En total, se encuentran adheridos más de 21 mil trabajadores en 120 unidades diferentes de Petrobras, la petrolera estatal. El reclamo es contra el cierre de una empresa de fertilizantes ubicada en el estado de Paraná que podría dejar sin empleo a mil trabajadores.

El martes, miles de obreros llegados desde varios puntos del país a Rio de Janeiro, se movilizaron por la ciudad y posteriormente desarrollaron un acto.

La huelga es una pulseada clave contra la política de privatización de Bolsonaro y su ministro de Economía, Paulo Guedes, que tienen en la mira no sólo a Petrobras sino a otro centenar de empresas públicas, entre ellas el Correo, que iniciaría una huelga en marzo.

El gobierno y la justicia se han lanzado a una dura campaña contra los huelguistas. A pedido de Petrobras, el juez del Tribunal Superior del Trabajo, Ives Gandra, declaró la ilegalidad de la huelga y autorizó a la compañía a tomar medidas disciplinarias contra los empleados, luego de haber emitido una resolución con la que pretendía obligar a los trabajadores a mantener el 90% de las operaciones de la empresa. Para este último menester, contó con el aval de uno de los jueces del Supremo Tribunal, que es la Corte del país vecino. Asimismo, la justicia ha autorizado la contratación de personal temporario para que actúe como rompe-huelgas. Los petroleros denuncian que se trata de personal no calificado, lo que representa un riesgo en materia de seguridad.

Se trata de un avasallante desconocimiento del derecho a huelga por parte del mismo Poder Judicial. El juez Gandra, tras estas medidas, convocó a una reunión intermediada por diputados del PT y el PcdoB (Partido Comunista de Brasil) en la que propuso una “negociación” con la empresa a directivos de la FUP (una de las federaciones petroleras en huelga) y la CUT, pero a condición de deponer la medida de fuerza. O sea, es una maniobra complementaria con las intimidaciones antes mencionadas, para tratar de quebrar la lucha.

En paralelo, una jueza del Tribunal Regional del Trabajo de Paraná dispuso la suspensión de los despidos hasta el día 6 de marzo. Sin embargo, puede ser una fruta envenenada para tratar de hacer caer las medidas y reemprender entonces las cesantías.

Por eso es importante la continuidad de la lucha hasta que Petrobras retroceda con los despidos. Asimismo, se plantea la necesidad de una medida de fuerza nacional para contribuir al triunfo de los petroleros. La CUT debe abandonar su política de contención.

Viva la lucha de los trabajadores.