El proyecto de presupuesto dado a conocer por el gobierno ha agregado un nuevo condimento a la crisis de Brasil. El déficit que anunció ha sido tomado por el gran capital como un indicador del fracaso del ajuste. Se acentuó la caída de la Bolsa y la devaluación del real. La crisis industrial ha pegado un nuevo salto: la desocupación superó el 8 por ciento.

 

Dilma intentó superar este agujero fiscal con la reimplantación del impuesto al cheque, cuya vigencia fue interrumpida bajo la gestión del PT, pero se estrelló con la resistencia cerrada de la clase capitalista. Esta negativa ha ido de la mano con una presión cada vez mayor para recortar los llamados gastos y planes sociales. El ministro de Economía, Joaquim Levy, ha vuelto a plantear una poda sensible de los programas de asistencia social y las becas escolares para hogares de bajos recursos y prácticas médicas caras y complejas en el ámbito de la salud pública. “La decisión sobre presupuesto no fue bien recibida por el Congreso. El gobierno necesita reevaluar todos sus programas y darles una prioridad real a aquellos que deben ser mantenidos”, señaló el líder del Senado, Renan Calheiros, en referencia a la firme defensa que había hecho el ministro de Planificación, Nelson Barbosa, del mantenimiento de los planes sociales (La Nación, 4/9).

 

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que se ha pasado a la vereda opositora, llamó al gobierno “a cortar más gastos y mejorar el ambiente de negocios para aumentar sus ingresos” (ídem).

 

Las contradicciones que han quedado expuestas en torno del presupuesto, han avivado los rumores acerca de un alejamiento de Levy. Y a la par de los rumores, se han intensificado los cuestionamientos al gobierno y la incertidumbre sobre la continuidad de Dilma. La burguesía venía cerrando filas en apoyo a Rousseff, pero con la condición de que el Planalto pusiera en práctica sin dilaciones un programa de ajuste de grandes proporciones: elevación de la edad de jubilación, el retorno a convenios por empresa, la tercerización del empleo público, libre comercio con Europa, desinversión de Petrobras, fuerte ajuste fiscal y del BNDES.

 

El empantanamiento ha vuelto a reflotar el fantasma del juicio político; el vicepresidente ha avivado esta incertidumbre. La Justicia, por otra parte, apunta más alto, hasta el propio Lula.

Las centrales sindicales, sin embargo, frenan las luchas contra los ajustes y contra las cesantías, alegando la necesidad de apoyar al gobierno contra un golpe. Sería la primera vez que esto se consiga desmoralizando a los trabajadores. Ha comenzado, en la gran industria, la resistencia contra los despidos.