El 29/8, el gobierno de Lula presentó una propuesta en la Mesa Nacional de Negociación Permanente para las entidades gremiales que representan a los servidores públicos federales (el Foro Nacional de los Servidores Públicos Federales –Fonasefe- y el Foro Nacional de Carreras Típicas del Estado –Fonacate-) de reajuste lineales inferiores al 1% para los salarios. Es lo que se incluirá en el presupuesto federal para el año 2024: una verdadera provocación contra los funcionarios federales y la clase trabajadora en su conjunto.

Estas mismas entidades nacionales, junto con todas las centrales sindicales de trabajadores (desde la CUT oficialista hasta la Conlutas de la izquierda combativa), acogieron y aceptaron una propuesta de reajuste del 9% este año, con un aumento de los bonos de alimentación de 458 a 658 reales (existe una enorme distorsión entre los montos de los cupones de alimentos pagados a los empleados del Ejecutivo federal, en relación con el Poder Judicial y el Legislativo) que se pagaron en junio con el argumento de que el presupuesto federal fue aprobado por el gobierno anterior en un contexto en el que la brecha salarial de los servidores del Ejecutivo Federal (sólo en los últimos cuatro años de la infame era Bolsonaro, en la que sus salarios fueron congelados) alcanzó el 28,57% según el Índice de Precios al Consumidor (INPC).

El secretario general de la CONDSEF/FENADSEF, Sérgio Ronaldo da Silva, afiliado a la CUT, no pudo ocultar el malestar causado por la propuesta del gobierno al que están alineados, afirmando: “aparecieron 300 mil millones de reales para el grupo de agronegocios ¿y (a nosotros quieren) darnos propina? (…) “Hay que estar atentos y construiremos un calendario de movilización. El momento es movilizarnos para disputar el presupuesto” (https://www.condsef.org.br). Estas palabras del representante de la entidad sindical de servidores federales, que agrupa a la mayoría de los sindicatos de base del país, revela que la estrategia política trazada por el PT, el PC do B y la mayoría del PSOL es que este gobierno en alianza con sectores reaccionarios incluso del bolsonarismo está “en disputa”.

El ministro de Finanzas del gobierno “disputado”, Fernando Haddad, del PT, acaba de anunciar que está cerrado el presupuesto federal para 2024 que será enviado para la aprobación del Congreso Nacional, con la previsión de una meta de déficit cero, en el contexto de un marco fiscal ya aprobado con una amplia mayoría parlamentaria, incluidos los votos de un tercio de la bancada del Partido Liberal (PL) del expresidente Bolsonaro. Con el mismo contenido e incluso peor que el “techo de gasto” del gobierno golpista de Michel Temer, que pasó a denominarse PEC [Propuesta de Enmienda Constitucional] de la Muerte.

Mientras tanto, la alianza de Lula con las bancadas del Centrão y la derecha bolsonarista se profundiza, a través del presidente de la Cámara Federal, Arthur Lira, del Partido Progresista (PP), que ocupará un lugar dentro del gobierno, a través de la reforma ministerial anunciada y que está en negociación.

Ante la enorme revuelta que provocó, en todo el país, entre los funcionarios federales, el anuncio del Ejecutivo, no bastan las declaraciones de los dirigentes sindicales que, en su mayoría, se negaron a organizar y movilizar la categoría contra el gobierno de Bolsonaro y ahora buscan llegar a un acuerdo con el gobierno que ayudaron a elegir y apoyan.

La defensa de los intereses de los trabajadores exige la más completa independencia política de los sindicatos del gobierno. Es necesario tomar una acción y exigir que las entidades que representan a los empleados federales a nivel nacional, como Fonasefe y Fonacate, convoquen de inmediato a un plenario nacional abierto con delegados electos en los centros de trabajo de todo el país para discutir y aprobar un plan de lucha de emergencia. Que atienda las necesidades más sentidas de la categoría, empezando por la recuperación total de todas las pérdidas salariales, la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales sin reducción de salario, etc. desde una perspectiva de organización y movilización para la huelga general, con la celebración de asambleas, plenos, manifestaciones callejeras, piquetes, etc. Desarraigar todo lo que los sucesivos gobiernos han negado a la mayoría de los trabajadores del servicio público federal, que es una perspectiva  mínima de vivir con dignidad.

Por otro lado, es urgente que los sectores que reivindicamos la independencia de clase constituyamos un polo de oposición de clase para luchar por un nuevo rumbo para los sindicatos y para el movimiento obrero, más que nunca.

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