Tras casi veinte días de huelga, los petroleros brasileños suspendieron las medidas de fuerza comenzadas el 1º de febrero pasado contra el cierre de una planta de fertilizantes en el estado de Paraná, que amenaza con dejar en la calle a mil trabajadores.

La Federación Unica de Petroleros (FUP), afiliada a la CUT, resolvió dejar en suspenso el paro durante la sustanciación de negociaciones con la patronal de la petrolera estatal, Petrobras, que están mediadas por el juez laboral Ives Gandra. En tanto, la Federación Nacional (FNP), que es la otra central que se declaró en huelga, también dejó sin efecto las medidas.

Un comunicado de la FUP anticipa que en la mesa de negociaciones se está discutiendo la posibilidad de una reubicación de los mil trabajadores en otros lugares de la petrolera estatal, así como la reducción de las multas aplicadas al sindicato por la huelga.

En las vísperas de la suspensión de las medidas de fuerza, un juzgado del Tribunal Regional del Trabajo de Paraná había dispuesto un congelamiento de los despidos hasta el 6 de marzo.

La huelga petrolera es una pulseada clave contra la política de privatización de Bolsonaro y su ministro de Economía, Paulo Guedes, que tienen en la mira no solo a Petrobras sino a otro centenar de empresas públicas, entre ellas el Correo, que iniciaría una huelga en marzo.

Sobre la política de Bolsonaro-Guedes en Petrobras, cabe señalar que ya se han cerrado otras dos plantas de fertilizantes y se pusieron a la venta ocho refinerías y una red de estaciones de servicio. Además, el Estado se viene desprendiendo aceleradamente de sus acciones en la compañía. Hace pocas semanas, se realizó la mayor venta de acciones desde 2010, por un total de 5.500 millones de dólares, como parte de una política del Bndes (Banco Nacional de Desarrollo) para deshacerse casi totalmente de su participación en empresas públicas de aquí a tres años.

La extraordinaria huelga de los petroleros fue creciendo hasta abarcar a más de 20 mil trabajadores de más de 100 unidades de la compañía, en unos doce estados. Se trata de la mayor huelga desde 1995.

Para enfrentar a los huelguistas, el gobierno y la justicia montaron un operativo descomunal. El juez Gandra, que ahora posa de negociador, ordenó –infructuosamente- que los trabajadores mantuvieran en pie el 90% de las operaciones de la compañía, en una alevosa violación del derecho a huelga. Un juez del Supremo Tribunal, la Corte brasileña, convalidó esa orientación.

La lucha de los petroleros puede triunfar. Es necesario que la CUT abandone su política de contención y ponga todos los recursos para llevarla a la victoria.