En las últimas semanas ha tomado notoriedad una denuncia realizada por el Ministerio Público de Brasil contra la multinacional alemana Volkswagen por nada menos que la realización de prácticas análogas a la esclavitud y al tráfico de personas durante la última dictadura militar que sufrió el país vecino desde 1964 a 1985.

Esta historia comienza con la adquisición por parte de la empresa en la década del 70 de tierras en la región de la selva amazónica, por recomendación del gobierno de facto brasileño con el objeto de desarrollar la ganadería en la zona, para lo cual la empresa se sirvió de herramientas como el tráfico de personas, la tortura, y el sometimiento de cientos de campesinos a condiciones de esclavitud; condiciones que iban desde la falta de comida y agua hasta la realización de castigos tales como el ser atados a árboles durante días a aquellos trabajadores que intentasen escapar de lo que era, a todos los efectos, un campo de concentración. No deja de ser irónico que mientras la empresa se paseaba por el mundo alegando estar arrepentida de haber apoyado el régimen nazi, llevaba a cabo este sometimiento inhumano de la población campesina de Brasil.

El mecanismo empleado por la empresa consistía en prometer a peones llegados de largas distancias un trabajo con alta remuneración, para luego entramparlos por medio de la generación de deudas (por viaje, ropa de trabajo, alimentos, etc.) que los dejaban a merced de la patronal. Si, llegado el caso, intentaban huir, sufrían castigos como los ya señalados.

Es de vital importancia entender que estas prácticas no se podrían haber llevado a cabo sin la complicidad del Estado brasileño de la época, el cual instigó la adquisición de los territorios por parte de la empresa y toleró las violaciones a los derechos humanos que allí ocurrieron. Tampoco debemos olvidar que el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se ha desvivido en elogios a diferentes personalidades de importancia de la dictadura brasileña, como puede ser el coronel Carlos Eduardo Brilhante Ustra, jefe de los torturadores del régimen de facto y que es considerado un héroe por el ultraderechista.

Volkswagen también espió a su personal fabril, confeccionó “listas negras” de activistas y las entregó al régimen militar para su asesinato. “El departamento de seguridad [de la firma] actuó como si fuera un brazo de la policía política dentro de la planta de VW”, concluyó un informe del historiador Christopher Kopper (Télam, 23/7/17).

La complicidad de las grandes automotrices con los militares se extendió al resto del continente. En Argentina, por ejemplo, la Ford cedió una de sus instalaciones como centro de tortura y exterminio. Las dictaduras concentraron su accionar en la liquidación física de la vanguardia obrera para favorecer a los grandes grupos capitalistas.

El proceso de investigación contra VW en Brasil es tardío y no redundará en condenas, limitándose en el mejor de los casos a indemnizaciones de los afectados. Esta impunidad no nos debe sorprender, toda vez que la firma sigue haciendo negocios en democracia.

Y si el Estado brasileño está ahora investigando lo sucedido es únicamente por la insistencia de las denuncias realizadas por los campesinos que se vieron sometidos a tan inhumanos tratos.

Es vital que el pueblo brasileño continúe su lucha en reclamo de juicio y castigo a los responsables no solo por lo acontecido en los campos de esclavitud del Amazonas sino por todas las violaciones a los derechos humanos del pueblo trabajador que se han dado y (como lo muestra el caso del crimen del defensor de los pueblos indígenas, Bruno Pereira, y el periodista Dom Phillips) se siguen dando hoy en día en Brasil.