Han pasado escasos días desde que el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo (constituidos por organizaciones ligadas al PSOL,  PCB y  PT) convocaran a un acto de respuesta al realizado por el expresidente Jair Bolsonaro en San Pablo, en el que éste reclamó su amnistía y la de los participantes en la asonada del 8 de enero del 2023 contra Lula.

Esta “iniciativa” fue desactivada por orden del propio presidente Lula quien vetó todo acto político en oportunidad del 60° aniversario del golpe que depuso a Joao Goulart, el 31 de marzo de 1964 instaurando una dictadura militar que duró 21 años. No podemos lamentar el pasado, dijo el presidente petista. Lula instruyó a sus ministros y a todo su gobierno a no realizar ningún acto, ceremonia, discurso, ni producir material que es de una generación diferente, omitiendo que muchos derechistas bolsonaristas han declarado, en más de una oportunidad, que  quieren derribarlo.  El diario Correio Braziliense señala que Lula “no quiere desacuerdos con los militares”.

El levantamiento del acto ha sido criticado por el hijo del presidente Goulart (Joao Vicente Goulart), quien sostuvo que igualmente marchará el 23 de marzo “en defensa de la democracia”. Un historiador (Lucas Pedretti) calificó como una cobardía la conducta de Lula, a quien acusó de que tal decisión fue adoptada a cambio de que el Comando del ejército  no publique la Orden del Día (nota oficial sobre la fecha del golpe). Resulta evidente que Lula se ha adaptado,  con exageración, a las exigencias del ejército, y que su determinación va en el mismo sentido de las demandas de amnistía de Bolsonaro (hoy inhabilitado judicialmente para ser candidato presidencial en el 2026). La actitud de Lula es la continuidad de su conducta de no recibir a los familiares de la represión por parte de la dictadura iniciada en 1964, y ha envalentonado a militares activos y retirados como lo prueba la convocatoria, el día 27 de marzo, de un almuerzo  para conmemorar los 60 años del golpe, en Lagoa, Zona sur de Rio de Janeiro, en la que hablará el general retirado Maynard  Marques de Santa Rosa, ex integrante de la secretaría de asuntos estratégicos de Bolsonaro, que continúa agitando el fraude electrónico de las pasadas elecciones presidenciales.

Los Frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo anunciaron que igualmente, sin la presencia de Lula, “saldrán a las calles el próximo sábado 23 de marzo” en Brasilia. La manifestación tendrá como consigna central “la defensa de la democracia”.  Se trata de un vergonzoso (¿?) apoyo político al gobierno de Lula-Alckmin, que ellos mismos integran.

En este marco están teniendo lugar importantes huelgas. Desde el 12 de marzo, los profesores estatales de Minas Geraes cesaron labores, una medida resuelta en una asamblea realizada en Belo Horizonte por aumento de salarios, convocada por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación. La huelga de técnicos administrativos de instituciones de educación  superior  pública de Brasil, que nuclea a 60 unidades educativas de diez estados, también es por mejoras salariales. Y hay numerosos reclamos del mismo tenor.

En más de un año de gobierno, Lula no ha revertido las medidas antiobreras impuestas por los gobiernos de Michel Temer y Bolsonaro (reformas previsional y laboral, etc.). La CUT (Central Unica de Trabajadores) se ha subordinado al apoyo político al gobierno “democrático” de Lula-Alckmin. No organiza ninguna acción en respaldo de las huelgas, ni para romper el cuasi congelamiento salarial existente y permitir que los trabajadores recuperen su poder adquisitivo.

Se trata de una “lucha contra el fascismo” de Bolsonaro que mantiene intacto el poder de las Fuerzas Armadas que lo encumbraron y apoyaron y mantienen sojuzgadas a las masas trabajadoras bajo una feroz explotación capitalista.  El propio Lula ha manifestado su disposición a conformar un frente antifascista internacional con Joe Biden y Pedro Sánchez, presidente español. Otro verso: ¿un frente antifascista con el que guía las guerras imperialistas en Ucrania y Gaza?

Tal planteo es complementario de la pasividad con la que actúa Lula en Brasil frente a los que hipotéticamente podrían imponer el fascismo, mientras utiliza a la burocracia de la CUT  como un instrumento de freno y estrangulamiento de cualquier intento de lucha de los trabajadores. Este es el verdadero contenido de la “defensa de la democracia”: el apoyo a un gobierno explotador.

La estrategia de Lula, lejos de contribuir a la lucha “contra el fascismo”, actúa como un favorecedor de su eventual maduración. Concilia con las fuerzas armadas que apoyaron activamente al gobierno fascistoide de Bolsonaro, sostiene el ataque a los trabajadores en materia reivindicativa y las reformas laboral y previsional antiobreras, envalentona a sectores golpistas y paraliza a la clase obrera.  La “estrategia” de Lula es apoyada por el gran capital y el imperialismo porque es garante de “paz social”, superexplotación de las masas y saqueo nacional.

Es necesario poner en pie a la poderosa y enorme clase obrera brasileña, que la CUT mantiene paralizada porque respalda al gobierno.

Insistimos en la necesidad  de reclamar  a las organizaciones de masas de Brasil la ruptura de la tregua con el gobierno y organizar la lucha y movilización de los trabajadores por sus reivindicaciones sociales impostergables y por las banderas democráticas que la derecha cercena (derecho al aborto, etc.). Esta es la manera de impedir el progreso de la derecha bolsonarista y oscurantista: poner en pie de lucha a las masas trabajadoras y explotadas.

Estratégicamente: bregar por la convocatoria de un congreso de los trabajadores que abra paso a una perspectiva independiente de los trabajadores, que rompa con las ataduras al gobierno petista en el campo político y electoral, sobre la base de la movilización y la acción directa.

https://www.prensaobrera.com/internacionales/chile-el-8m-y-la-lucha-politica-por-poner-en-pie-una-tribuna-independiente-y-clasista