Más de un centenar de campesinos sin tierra fueron asesinados en dos masacres organizadas por los latifundistas brasileños en las últimas semanas.

En la primera de ellas, en el estado de Roraima, la policía militar asesinó a más de setenta campesinos cuando, en medio de la noche, intentó desalojar a 600 familias que habían ocupado una hacienda desocupada. Una niña de siete años fue asesinada y los heridos, todos de bala, suman un centenar. Más de trescientos campesinos fueron detenidos. “La descripción del campamento después del asalto policial es abrumadora para las fuerzas del orden. Las tiendas fueron incendiadas, las pobres posesiones de los candidatos a propietarios fueron saqueadas. El suelo está sembrado de cartuchos y en algunas partes cubierto de sangre. Un representante del ministerio de justicia expresó, bajo la cubierta del anonimato, su sorpresa frente a la violencia con que se condujo esta operación contra campesinos que no estaban armados, a no ser por antiguos fusiles de caza” (Le Monde, 13/8).

En la segunda masacre, en el estado amazónico de Para, medio centenar de campesinos sin tierra fue asesinado por las bandas armadas de los terratenientes.

En la última década, casi un millar de campesinos sin tierra y sus dirigentes y abogados fueron asesinados por los latifundistas. La policía, los jueces y las bandas armadas responden todos a los mismos patrones: los señores de la tierra, el 1% de la población brasileña que monopoliza el 45% de la tierra cultivable.

A pesar de sus promesas electorales de “redistribución de tierras”, el gobierno de Cardoso es un firme defensor de los terratenientes: no sólo su ministro de Agricultura, José de Andrade, es uno de los mayores latifundistas brasileños sino que, además, todo el gobierno de Cardoso se apoya en la alianza con el partido de los terratenientes nordestinos, el PFL.

La “democracia” brasileña –comandada por un antiguo centroizquierdista– es un régimen de guerra civil contra los desposeídos del campo.