El 20 de febrero, el mismo día que se realizaba una asamblea-concentración en San Pablo, convocada por la CUT y demás centrales sindicales, el presidente Bolsonaro en persona llevó al Congreso en Brasilia su proyecto de reforma jubilatoria. La prensa financiera lo ha caracterizado como el mayor paquete de ‘ajuste’. Es un intento no sólo de descargar la crisis económica sobre los trabajadores, sino también de tomar la ‘iniciativa’ para superar el empantanamiento en que se encuentra el gobierno.

El viernes 22 de marzo está anunciada por las centrales obreras una “jornada nacional de lucha contra la reforma previsional”. ¿En qué cuadro se inscribe?

Heterogeneidad

Una parte del gabinete está constituida por una camarilla fascistoide que pivotea en torno del clan de la familia Bolsonaro. Un 40% de los ministros son militares y responden ante el alto mando de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, tenemos al ministro de Economía Paulo Guedes, un ultraliberal practicante.

Los más ligados al clan Bolsonaro se han lanzado desde el gobierno a montar una ofensiva de normas jurídicas de carácter facistoide que van originando crisis múltiples y alienta el desarrollo de resistencias populares. Así, por ejemplo, la ministro de Derechos Humanos impulsa una Carta de “derechos del niño por nacer”, que ataca directamente los casos limitados del derecho al aborto (incluso por violación), que reconoce la actual legislación vigente. La ministro, pastora evangélica, planteó la ridiculez de que iba a impulsar que los niños se vistieran de azul y las chicas con ropa de color rosa. Hace acordar a los seminaristas-corporativistas de la época de la dictadura argentina de Onganía (1966), que prohibieron el uso de pantalones a las maestras en el aula, en función de la defensa de la femineidad.

Estas y otras medidas reaccionarias y descabelladas, impulsadas por los fundamentalistas de Bolsonaro, han producido choques y enfrentamientos, con presentación de proyectos y retiro de los mismos, denuncias de corrupción y ‘renuncias’.

Donde se produjo el choque más importante es en la actitud que adoptó el canciller Araujo, de mayor intervención y coqueteo con una intervención militar sobre Venezuela, acompañando las posiciones más aventureras del gobierno de Donald Trump. Contra él se levantó públicamente la voz del vicepresidente, el general Hamilton Mourão, quien desanduvo, por el momento, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas de Brasil se involucraran en una acción armada contra Venezuela.

Por su lado, el ministro de Economía, Guedes, el hombre del capital financiero, amenazó el jueves 14 de marzo con renunciar si Bolsonaro no impulsaba la reforma previsional, pivote central de su plan económico. Esta se encuentra frenada porque necesita de una reforma constitucional, que requiere de los votos de las tres quintas partes de cada una de las cámaras. Cosa que la bancada minoritaria de Bolsonaro no puede garantizar y está en pleno ‘mensalão’ -compra de votos de diputados corruptos.

Alineamiento semicolonial

Mientras, Bolsonaro ha viajado a Estados Unidos para entrevistarse con Trump. Su primera y principal entrevista fue… con la CIA, la ‘compañía’ encargada del espionaje y las operaciones políticas y provocadoras del Estado norteamericano, “coincidiendo en temas internacionales de primer nivel” (Clarín, 18/3). Firmó un acuerdo para habilitar la instalación de una base militar yanqui en Maranhão. Y habilitaría que “Estados Unidos participe en la extracción de uranio, que hasta hoy es monopolio estatal” (ídem). El viaje es una muestra de pleitesía del gobierno a Washington y también de búsqueda de un apoyo político directo del imperialismo para atravesar la crisis en desarrollo.

En el trasfondo de esta situación está el retroceso de la economía de Brasil. El PBI crece a cuentagotas, la desocupación subió al 12%.

La necesidad de Bolsonaro de imponer la reforma previsional

La batalla de las batallas de Bolsanaro gira -en esta etapa inicial de su gobierno- en torno de la aprobación de la reforma previsional reaccionaria.

La reforma previsional tiene un rechazo mayoritario en la población. La popularidad de Bolsonaro ha caído fuertemente en sólo tres meses de gobierno. Esto se evidenció en numerosas expresiones de protesta de las escuelas de zamba en el reciente carnaval. La comparsa ganadora en Río, hacía referencia al asesinato de la activista Marielle Franco (se han conocido en estos días datos sobre la participación en su ejecución de elementos paramilitares ligados directamente al clan Bolsonaro).

El carácter antiobrero de la reforma previsional golpea también a gran parte de la sustentación popular que apoyó a Bolsonaro (en la base del movimiento evangélico, entre los militares que ven reducidos sus ingresos, etc.). Para frenar la agitación en contra entre los militares, Guedes está planteando excluir a los mismos de este ajuste. Pero esto enerva más la oposición popular, porque se contradice con la demagogia bolsonarista que plantea eliminar los privilegios (léase conquistas) en materia previsional.

El problema de los problemas está planteado en cómo transformar la indignación de los trabajadores contra la reforma previsional en un movimiento de lucha nacional centralizado. Los trabajadores enfrentan un escollo y es que las burocracias sindicales al frente de las centrales y sindicatos obreros sabotean esta centralización. Las direcciones de la CUT, la CTB y otras centrales siguen subordinadas a la pasividad de Lula y el PT, que ha colocado el centro de su acción en el reclamo de la libertad a Lula.

La ‘estrategia’ de las burocracias del PT y la CUT se subordina a la búsqueda de apoyos en sectores parlamentarios que se reclaman ‘opositores’ para negociar y modificar los puntos más negativos de la reforma previsional. Este es un camino frustrante, sin salida.

La CUT, al igual que la burocracia de la CGT argentina, hace discursos opositores pero sabotea una real movilización. El 20 de febrero convocó a una Asamblea Nacional contra la reforma previsional en una plaza de San Pablo, que ella misma saboteó (menos de 10 mil trabajadores asistieron) y que no resolvió nada. Ahora ha sido convocada una Jornada Nacional de Lucha para el viernes 22 de marzo, pero tampoco la burocracia la organiza. No se realizan asambleas en las fábricas ni en los sindicatos para organizar la movilización y marchar hacia un paro general activo. Sin plan de lucha y paro general no se frenará el ataque antiobrero de un gobierno empantanado. Hace años que la CUT habla de que está preparando el paro general… La CUT ha sacado un comunicado planteando “la presión en las redes” porque “es tan importante como la acción en las calles, en los aeropuertos y en las bases electorales de los diputados y senadores”. Lucha por internet adaptada a la presión sobre el Parlamento que acompañó el golpe contra Dilma: ésta es una estrategia de derrota.

El reclamo por la libertad de Lula es un reclamo democrático elemental. Pedimos por su libertad y la de todos los presos y procesados políticos y gremiales. Pero no se debe usar este reclamo democrático para diluir la huelga general contra los ataques del gobierno.

La burguesía ve a Lula como un recurso político a utilizar en caso de un ascenso de las luchas populares que pongan en cuestión el dominio burgués del Estado. El mismo Lula desde la cárcel ha enviado una carta pública donde no dice una palabra de impulsar la huelga contra la reforma previsional reaccionaria y centra su accionar en la construcción de comités por “Lula libre” que “fortalezca cada vez más nuestra lucha por la democracia y la Justicia”. El PT y las burocracias sindicales actúan bajo la consigna hipotética de “hay 2022”, es decir participar en las elecciones con Lula libre dentro de tres años. Esta perspectiva desorganiza, desmoraliza y bloquea la lucha de las masas contra el ajuste bolsonarista. El bloqueo a la lucha obrera contra el ajuste de Bolsonaro no apacigua, sino que envalentona a la derecha en el poder. Esta semana ha salido un decreto por el cual se deroga el descuento por planilla que realizaban automáticamente las patronales a los afiliados a los sindicatos. Es un intento de debilitar el financiamiento de los sindicatos y la actividad gremial.

La jornada del 22 de marzo será utilizada por los sectores combativos para exigir a las centrales sindicales la convocatoria concreta del paro general. Hay que dar pasos en ese sentido: asambleas, plenarios, congreso de bases sindicales para avanzar en la organización independiente. La madre de las batallas está concentrada hoy en día en la derrota de la reforma previsional.