El 8 de enero el presidente Lula de Brasil, ha convocado a un acto público en la Capital.

Ese día se cumple un año de la asonada que llevo a algunos miles de bolsonaristas a marchar en un domingo caluroso, en una vacía Brasilia, sobre la sede de los poderes gubernamentales. Terminaron ocupando algunos edificios que desocuparon horas más tarde. No fue un golpe militar, porque no intervinieron directamente tropas, pero fue permitido (y alentado) en forma abierta por mandos militares que habían tolerado la instalación –durante semanas- de campamentos derechistas bolsonaristas organizados, frente a los cuarteles, solicitando la intervención de las fuerzas armadas contra el gobierno de Lula que asumió el 1° de enero. Trataban de condicionar al nuevo gobierno recién asumido.

¿Lo lograron?

Lula había ganado el balotaje electoral con el 50,8% y no tenía aseguradas mayorías parlamentarias, ni grandes gobernaciones, que habían quedado en manos de partidos derechistas (San Pablo, Minas Geraes, etc.). Ya Lula y el Partido de los Trabajadores (PT) se habían presentado diluidos en un amplio “Frente de la Esperanza”, llevando como vicepresidente a Gerardo Alckmin, líder de la derecha liberal. Lula estableció un régimen que fue denominado “presidencialismo de coalición”, incorporando a su gabinete a numerosos ministros de la derecha, incluyendo bolsonaristas (Republicanos, Partido Laborista Brasilero (PTB), Partido Social Demócrata (PDT), Unión Brasil, Partido Progresista), y estableció un acuerdo estructural con Arthur Lira, líder de la bancada amalgamada del llamado Centrao, que es el que, en definitiva, habilita el tratamiento de proyectos legislativos del gobierno. Para ello ha aceitado el sistema con un presupuesto (público) de más de 11 mil millones de dólares, destinados a que diputados y senadores “financien” individualmente (corrupción y clientelismo mediante) “obras públicas”.

Lo concreto es que después de un año de gobierno de Lula, las masas trabajadoras no han visto mejorada su situación. El hambre no ha desaparecido, la Bolsa Familia (subsidio al desocupado) y el Salario Mínimo casi no se han movido y no han recuperado lo perdido bajo el gobierno Bolsonaro. El trabajo precario ha roto la barrera de los 40 millones de trabajadores. La reforma laboral antiobrera y la reforma previsional contra el pueblo no han sido derogadas. En grandes ciudades como San Pablo se está avanzando en la privatización del subte, del transporte ferroviario de pasajeros, del sistema de aguas y saneamiento. Lula, por supuesto, tampoco derogó la privatización de la empresa de electricidad (Electrobras), ni la entrega de acciones de Petrobras a precios regalados a los monopolios petroleros, etc.

Tampoco en el terreno de los “derechos humanos”. El asesinato de la concejal izquierdista, Marielle Franco, en el 2018, no ha sido esclarecido a pesar de las promesas preelectorales. El jefe de policía encargado de la investigación ha declarado: “presentaremos la solución a este caso, pero en nuestro propio tiempo”.

Y de los responsables de la acción del 8 de enero hay solo unos pocos detenidos. A más de un año se sigue investigando. “Los jefes militares… seguirían intransigentes en su presión para que ningún oficial de alto rango sea condenado por el alzamiento antidemocrático” (Página 12, 7/1/24).  Tampoco a quienes financiaron el levantamiento (sostenimiento de los campamentos, financiamiento de micros, etc.). Es que “gran parte de este financiamiento proviene de comerciantes de pequeños pueblos y ciudades medianas. Todo esto está siendo investigado…” dijo una fuente judicial.

Sin embargo, en su balance del primer año de gobierno, Lula dijo “que no podía ser mejor”.

Ahora ha lanzado el mitin del 8 de enero próximo, en Brasilia, con la consigna “Brasil se une en defensa de la democracia”. Espera reunir a 500 personalidades de la política burguesa, incluyendo a los derechistas y a los altos jefes militares. También estará presente la Central Obrera, CUT, otras centrales populares y partidos de la centroizquierda como el PSOL.

El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, en forma conciliatoria, salió a decir que los sucesos del 8 de enero del 2023, fueron producto de “un falso patriotismo” de “quienes querrían defender a Brasil de una manera equivocada”. Planteando que si bien no teníamos que olvidarnos de lo sucedido “tenemos que reconstruir la paz en la sociedad… necesitamos un mínimo de unidad en nuestro país”.

Estamos frente a una nueva formulación de la consigna “democracia o fascismo”, utilizada por Lula en la campaña electoral y durante todo este año, en el sentido de contener los reclamos populares, para no beneficiar a la ultraderecha bolsonarista que –dicen- estaría agazapada lista para dar un golpe.

En realidad, se trata del lanzamiento adelantado de la campaña para las elecciones municipales que se realizaran en octubre próximo. Lula, comenzará ya una gira nacional para impulsar candidaturas de la “esperanza” democrática contra el fascismo bolsonarista.

Rápidamente el PSOL ha definido que “la derrota del bolsonarismo en todos los rincones de este país será nuestra tarea número 1”. En esa tesitura esta las direcciones burocráticas de CUT y demás centrales obreras.

En Brasil se han venido desarrollando diversas luchas de resistencia de la clase obrera, de los estudiantes, de los campesinos. Pero estas son aisladas, no apoyadas ni centralizadas para potenciarlas por las centrales obreras y populares que siguen subordinadas a los “frentes de la esperanza” y ahora se preparan para la batalla electoral apoyando al gobierno contra los bolsonaristas.

Es necesario romper con la “esperanza” de que el gobierno de Lula encare la resolución de los acuciantes problemas de las masas. Hay que romper toda subordinación de los trabajadores al gobierno e impulsar un frente unido de los trabajadores y la izquierda para organizar y potenciar las luchas y reclamar que la CUT y demás centrales  convoquen a un Congreso Nacional de Trabajadores para fijar una política obrera independiente, alternativa a la del gobierno de la conciliación con el gran capital. La contención del gobierno Lula, en la medida que desmoviliza a las masas, prepara mejores condiciones para un avance de la ultraderecha.

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