Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal brasileño, ha ordenado la suspensión hasta el 31 de enero de toda manifestación popular. Con el pretexto de enfrentar la “desestabilización” producida por el bolsonarismo, el régimen avanza en una medida represiva y negativa, ya que lo que hace falta es que la clase obrera brasileña intervenga en la calle para ponerle fin a las provocaciones golpistas.

Es probable que esta medida haya sido negociada con las cúpulas militares y de seguridad, un sector de ellas está colaborando con los bolsonaristas. No por nada estos últimos pudieron invadir los tres poderes del Estado con tanta facilidad.

Las fuerzas represivas han detenido a casi 1.500 militantes derechistas, una política que no conducirá a nada en tanto no se remueva del Estado a la clique militar ligada al bolsonarismo.

El accionar golpista también encuentra impulso en el reforzamiento de las tendencias derechistas del propio gobierno de Lula. Gerardo Alckmin, vice de Lula y representante del gran capital industrial y comercial, es una expresión de ellas. La colocación de estos elementos en el gabinete da cuenta de que Lula apoya la mantención de las reformas reaccionarias (laboral y previsional) que sus antecesores aplicaron contra los trabajadores, y de que quiere congraciarse con el capital financiero internacional.

La única forma de terminar con el golpismo es mediante la movilización popular y la huelga general, superando la política desmovilizadora y conservadora del PT y la CUT.

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