La aceptación del tratamiento de uno de los múltiples pedidos de juicio político contra la presidente Dilma Rousseff, por parte del presidente de la Cámara de Diputados, el ex aliado Eduardo Cunha, ha dado inicio al proceso de impeachment. El comienzo ha sido intrincado: el Tribunal Supremo de Justicia aceptó una medida cautelar del oficialismo que suspende la comisión de Diputados que debía analizar el pedido, en la que al parecer primaba una mayoría proclive a la destitución. En caso de ser destituida Rousseff, el poder recaería -al menos provisionalmente- en manos del vicepresidente Michel Temer, un hombre del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) -partido de la base aliada- que está en proceso de ruptura con el gobierno y parece alentar una salida de ‘unidad nacional’ ante la crisis.

 

Rousseff no llega al proceso de juicio político debido al Petrolao, el escándalo de sobrefacturación colosal de obras públicas a través de Petrobras y de coimas a políticos y funcionarios que envolvió a los principales partidos políticos, sino por un asunto menor: las habituales “pedaleadas fiscales”, por las que el gobierno demora la transferencia de fondos a los bancos públicos para maquillar las cuentas oficiales, violando la ley de responsabilidad fiscal.

 

Recurso de crisis

 

La suerte de Dilma dependía de su capacidad para pilotear la crisis. Lo que ha precipitado el juicio político es el desmadre económico: el PBI de este año caerá un 4,5% y algunos hablan de la peor recesión en ochenta años. En definitiva, la impasse del ajuste ha conducido a este mecanismo tortuoso de reorganización, que agrava la crisis política y torna aún más imprevisible al Congreso. Para ahorrar el parto, el ex presidente Fernando H. Cardoso le ha pedido a la presidenta que renuncie.

 

Paradójicamente, el más apurado en un desarrollo del impeachment es el gobierno, que evalúa que cuenta hoy con los votos suficientes en el Congreso para derrotar el juicio político. Toda dilatación, en un cuadro de agudización de la crisis, puede empujar más sectores al campo opositor. La coalición que sostenía a Rousseff se está desintegrando y el PT cuenta por sí mismo con escaso poder de fuego: sólo 66 diputados sobre más de 500.

 

Los petistas sostienen que estamos en presencia de una ofensiva de la derecha, pero omiten decir que fue la propia Rousseff quien permitió su desarrollo. Entregó al PMDB toda la línea de sucesión presidencial y designó como ministro de economía al ‘chicago boy’ Joaquim Levy. Sitúan la ofensiva en un cuadro regional, sin reparar en que la misma Rousseff ha prometido un ‘cambio de actitud’ con respecto al régimen chavista. Por otra parte, nada tiene de progresista el vaciamiento de Petrobras y del tesoro nacional en beneficio de gigantescas corporaciones capitalistas -los trabajadores de Petrobras vienen de una huelga de más de diez días contra la política privatista de venta de activos en la compañía promovida por el oficialismo.

 

La crisis brasileña expresa también una pelea de fondo. Detrás del Petrolão se esconde una puja que involucra al gran capital internacional, que puja por el reparto de la obra pública y una mayor privatización del petróleo. La poderosa patria contratista brasileña, que supo orbitar alrededor de Petrobras, como Camargo Correa, Odebrecht y Andrade Gutiérrez, tiene algunos de sus directivos en la cárcel o ha debido pagar multas siderales. Todo un sector de la burguesía, a su vez, es partidario de abandonar el Mercosur.

 

El PT gozó de la anuencia del imperialismo durante un período de bonanza de los commodities, donde también la banca desarrolló ganancias fabulosas en el país. Asimismo, contuvo al proletariado más importante de América Latina en una década de insurrecciones en el continente -las que también contribuyó a esterilizar. Su incapacidad de pilotear el ajuste actual está conduciendo a la burguesía a un cambio de frente.

 

Todo un sector de la izquierda brasileña y de las organizaciones sociales se ha colocado como furgón de cola del gobierno ajustador. El Movimiento Sin Tierra, los Sin Techo y otros grupos se movilizan en apoyo del gobierno, mientras que los movimientos pro-impeachment han salido a las calles por motivos exactamente contrarios.

 

Podredumbre

 

El corrupto Congreso brasileño, que es el mismo que aplica el ajuste contra las masas, no tiene ninguna autoridad para encarar el juicio político. Las fuerzas que lo dominan (PT, tucanos, PMDB, etc.) han sido las receptoras de las coimas del Petrolao, empezando por su titular Eduardo Cunha, investigado en la Comisión de Etica. Reciben el financiamiento de las empresas involucradas en la sobrefacturación de obras públicas. Mucho antes, el “Mensalão” (mensualidad) reveló un esquema donde el gobierno de Lula se aseguraba la aprobación de leyes por medio del soborno sistemático a legisladores opositores. La podredumbre, que se extiende al Ejecutivo y al Poder Judicial, es la podredumbre de todo un régimen político.

 

¡Abajo el régimen de coimeros y ajustadores!