Cuando las huelgas de algunas categorías de empleados públicos, como los profesores universitarios, por ejemplo, ya han superado los cien días -calificadas en off por miembros del gobierno como un “tsunami”-, el gobierno de Dilma Roussef finalmente propuso reajustes salariales escalonados: 15%… hasta 2015; los sindicatos requieren un mínimo de 22% inmediato. La propuesta implica, inclusive con índices moderados de inflación, pérdidas de salario, que se suman al congelamiento salarial de la última década. Las huelgas son protagonizadas por, al menos, 35 categorías de empleados públicos, con casi 400 mil trabajadores. La reacción oficial ha sido judicializar las luchas, cortar los salarios de los días parados, recurrir a subcontratados y a trabajadores temporarios para sustituir a los huelguistas, y decretos contra el derecho de huelga. Dilma también intentó dividir a los estatales, negociando separadamente con cada sindicato y hasta con sindicatos diversos dentro de cada sector. En la universidad firmó un acuerdo con el sindicato carnero -Proifes-, que fue repudiado por todas las asambleas generales del sector -58 universidades en 27 Estados-; inclusive aquéllas con sindicatos afiliados al propio Proifes. El compromiso presupuestario por el reajuste ofrecido a los profesores no supera los 4 mil millones de reales; al mismo tiempo en que se ofrecen subsidios al sector universitario privado de… 10 mil millones de reales.

La ofensiva antiobrera hace agua, sin embargo, por todos lados. Dilma tuvo que pedir el apoyo público de Lula, que fue satisfecho. Rectores de las universidades y hasta funcionarios del alto nivel gubernamental se han negado a descontar los días parados y a comunicar listas de huelguistas, para los que Dilma Roussef anunció no sólo descuentos de días parados, sino también la no concesión del 15% escalonado ofrecido. El Estado brasileño está virtualmente paralizado, inclusive en sectores esenciales, como vigilancia de fronteras y rutas, aeropuertos, recaudación de impuestos. Los medios de comunicación, inclusive el más “izquierdoso”, hacen campaña abierta a favor del gobierno, pintando a los huelguistas como privilegiados y criminales. La huelga mandó a un segundo plano el juicio del “mensalão”, un escándalo de corrupción en el Congreso que involucra a la plana mayor del PT. Ahora, incluso la prensa más derechista adoptó la tesis de defensa de los diputados petistas implicados, según la cual el dinero desviado no fue usado para comprar votos en el parlamento, sino para pagar deudas de campaña electoral. Para la Justicia brasileña, esto atenuaría la calidad del delito.

La violencia de la ofensiva oficial contra los trabajadores está condicionada por el avance de la crisis económica, que supera las previsiones más pesimistas. El lucro de las empresas de capital abierto -que cotizan en Bolsa de Valores- ha caído un 62% en el último trimestre. Pese a todos los beneficios impositivos que le han sido concedidos, las automotrices -base del capital industrial “brasileño”- sólo anuncian despidos y cierre de plantas. Motorola -comprada por Google- ya anunció 4 mil despidos. Las patronales han anunciado una retracción de inversiones de 95 mil millones de dólares. Ocurre que la burbuja del crédito se está pinchando: 6% de las deudas privadas están con atraso de más de 90 días, el mayor índice desde que comenzó la medición de ese índice, en el año 2000.

El gobierno “de los trabajadores” anunció un nuevo ciclo de privatizaciones y un plan de concesiones de obras públicas al sector privado de 50 mil millones de dólares en cinco años, que serán financiadas en -por lo menos- un 80% por el Banco de Desarrollo; o sea, por dinero público. Los capitalistas -nacionales y, sobre todo, internacionales- sólo tendrían que “arriesgar” el 20% restante, que será garantizado por una nueva empresa estatal de seguros -la “Segurobras”-, porque las aseguradoras privadas, a ejemplo de sus matrices internacionales, están técnicamente quebradas.

En septiembre entran en campaña salarial los metalúrgicos, los bancarios, los petroleros y los empleados de comercio. Si una parte sustancial de los empleados públicos aguanta la huelga, el “tsunami” va salir del murmullo de pasillo. La CUT -que ha sido, en la última década, el principal pilar político/social del gobierno- ha repudiado públicamente el “autoritarismo” del oficialismo. La campaña para las elecciones municipales de octubre, mientras tanto, se desarrolla en medio de una indiferencia general. Mientras los candidatos petistas se hunden, en capitales y centros importantes, como Campinas y San Pablo -aquí el PT se alió a un chorro histórico de la dictadura militar, Paulo Maluf-, las encuestas las encabeza un ex animador de TV, y hasta emerge un frente de izquierda, Psol-PCB. En Belém, capital del Estado de Pará, sacudido por enormes huelgas de la construcción, un frente de izquierda (Psol/PCdoB/PSTU) tiene 40% de las intenciones de voto. El gobierno de Brasil se ha puesto a la avanzada de la tentativa de descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Al anunciado nuevo ciclo de privatizaciones de puertos, de rutas y de aeropuertos -con generosos subsidios al gran capital-, se agrega un completo programa antiobrero que apunta a la destrucción de la legislación laboral. La reacción de las masas se ha convertido en el pico más alto de la movilización popular en una década de régimen petista y ha transformado el escenario político del país.