A comienzos de esta semana, un ataque aéreo de la junta militar que gobierna Myanmar -país ubicado en el Sudeste Asiático- dejó entre 50 y 100 muertos en una aldea de la región de Sagaing, en el noroeste. El número exacto de fallecidos no se sabe con certeza debido a la envergadura de la devastación causada por la agresión. Sí se sabe que decenas de civiles, incluyendo niños, perecieron.

Un avión bombardeó la zona y helicópteros ametrallaron las instalaciones donde se estaba inaugurando una oficina del Gobierno de Unidad Nacional, un gobierno paralelo que se formó en rechazo al golpe de febrero de 2021 que destituyó a Aung Suu Kyi, de la Liga Nacional por la Democracia. En la inauguración participaban miembros de las Fuerzas de Defensa del Pueblo, brazo armado del gobierno alternativo.

La junta militar reconoció -y justificó- tanto el ataque como la muerte de civiles. En el tiempo que lleva en el poder, causó más de 3 mil crímenes, un millón de desplazados y mantiene 17 mil presos políticos, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos. En septiembre pasado, el Tatmadaw ya había bombardeado una escuela en la región de Sagaing, dejando 11 víctimas fatales. Los ataques aéreos contra aldeas que no domina son frecuentes.

Los gobiernos occidentales condenaron el bombardeo, pero se trata tan solo de una pose: sus compañías siguen haciendo negocios con la junta, e incluso auxilian al ejército. Según una denuncia del Consejo Especial de Asesoramiento para Birmania, empresas de Estados Unidos, Francia y Austria son proveedoras de tecnología y materiales para el Tatmadaw, al igual que otras de China y Rusia (los dos principales sostenes del régimen), Israel, Japón, Singapur, Taiwán y Ucrania.

Abajo la dictadura militar. Libertad a todos los presos políticos. Viva la lucha del pueblo de Myanmar.

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