Durante un operativo en el estado nordestino de Sergipe, efectivos de la Policía Caminera Federal brasileña encerraron este miércoles a un hombre negro de 38 años en el baúl de un vehículo y lanzaron una granada de gas lacrimógeno, causándole la muerte por asfixia. El brutal crimen fue captado por videos de celular de pobladores del lugar.

En un comunicado encubridor, el Ministerio de Justicia y Seguridad señaló que los uniformados emplearon “técnicas de inmovilización e instrumentos de menor potencial ofensivo” (sic), debido a que Genivaldo dos Santos, un vendedor callejero que padecía esquizofrenia, se habría resistido a un control en la ruta. Su sobrino, presente en el lugar de los hechos, desmiente esas aseveraciones.

Pese a que las hechos son contundentes, el presidente Jair Bolsonaro planteó que esperaría la versión policial, e incluso ensayó por anticipado una justificación, señalando que los uniformados podrían haber actuado condicionados por un suceso de la semana pasada, cuando dos efectivos fueron baleados por un sin techo al que intentaban detener.

El crimen de Genivaldo desató cortes de ruta y movilizaciones que en algunos casos hicieron retroceder a los patrulleros de policía. La atrocidad del caso concentra muchos de los elementos del accionar estatal: la brutalidad policial, el encubrimiento, el racismo, y el ataque contra la población más empobrecida y vulnerable -el modesto ingreso de dos Santos como vendedor era el único de su familia.

En la misma semana del asesinato, un operativo conjunto de la Policía Federal, la Policía Caminera y la Policía de Rio de Janeiro dejó 26 muertos en una favela. De ellos, al menos ocho no tenían vinculación alguna con grupos narcos (Télam, 26/5).

Bolsonaro celebró la matanza diciendo que “se neutralizaron por lo menos 20 marginales (sic) ligados al narcotráfico en una confrontación (…)”. Lo cierto es que hay un solo policía herido. El mandatario promueve también una ley de “excluyente de ilicitud” para blindar los crímenes policiales -al estilo de la que promovía la exministra de seguridad Patricia Bullrich en Argentina.

Las incursiones a los tiros en las favelas nada tienen que ver con la lucha contra los narcos; son un método de disciplinamiento y terror contra los sectores más explotados. Ya hubo casi 40 operativos en el último año, según el Instituto Fuego Cruzado (Esquerda Online, 25/5). El gobernador Claudio Castro, quien se postula a la reelección, los impulsa también para congraciarse con el sector más derechista del electorado.

El episodio más mortífero de estas “chacinas” -como se las denomina en Brasil- fue el año pasado en Jacarezinho (otra favela de Rio) y dejó 28 víctimas fatales. Allí, al menos dos de los fallecidos fueron ejecutados cuando ya habían sido reducidos y detenidos. Además, se adulteró la escena del crimen y hubo declaraciones falsas de los policías en la justicia. La población teme testimoniar ante la posibilidad de represalias. La causa está a punto de cerrarse, consagrando la impunidad de los responsables.

El crimen de dos Santos, la brutalidad policial y las prácticas fascistas del bolsonarismo requieren el más amplio repudio y movilización de las organizaciones obreras y populares.