Desde el atentado del 11 de septiembre, la “seguridad nacional” y la “guerra contra el terrorismo” se convirtieron en la excusa preferida de Bush y las patronales para atacar las condiciones laborales de los trabajadores norteamericanos.

Como consecuencia inmediata del atentado, fueron despedidos más de 120.000 trabajadores en más de 400 empresas, principalmente aerocomerciales y turísticas. Con la excusa de aumentar los gastos de seguridad, fueron congelados los salarios de los empleados públicos en muchas municipalidades. Después del atentado, se agudizó la tendencia de las patronales a exigir concesiones de los sindicatos, especialmente en las aerolíneas. Miles de trabajadores sin los papeles de ciudadanía fueron despedidos. A más de 170.000 empleados del Estado federal se los privó del derecho de defensa sindical.

Perdida entre las decenas de páginas del proyecto de ley enviado por el gobierno al Congreso para crear una “superagencia” de seguridad interna, está la prescripción que permite al Ejecutivo, según su propia voluntad, “dejar sin efecto todos los convenios colectivos de trabajo”. El sindicato de empleados públicos (AFGE) denunció este proyecto como “un código de guerra para reducir los salarios, el seguro de salud, los derechos jubilatorios, los derechos de contratación, la defensa contra los despidos y el derecho a la organización y negociación colectiva”.

La nueva ley de seguridad en la aviación y el transporte prohíbe la contratación como trabajadores de “pantalla” (controles de acceso a los aeropuertos, controladores de vuelo) a aquellos que no sean ciudadanos norteamericanos; la mayoría de estos trabajadores son extranjeros que consiguieron la residencia permanente. La entrada en vigor de la ley, el 19 de noviembre, significará el despido del 25% de la actual fuerza de trabajo de los aeropuertos; en algunos, como los grandes aeropuertos californianos, esta proporción llega al 80%.

El Departamento de Justicia lanzó el programa “Tips”, por el cual se busca enrolar a varios millones de trabajadores, que por su empleo tienen relación frecuente con el público, en una vasta red de informantes. El intento de poner a los trabajadores y a sus organizaciones bajo la bota de los servicios de inteligencia fue rechazado de plano por los sindicatos nacionales de los trabajadores de correos y de las empresas de servicios eléctricos, lo que obligó al Departamento de Justicia a excluirlos del “programa”. La central sindical de California lo comparó con “los esfuerzos en la Alemania nazi para convertir a los trabajadores en una red de informantes y espías”. La burocracia ultraderechista de camioneros (teamsters) es la única “mosca blanca”: según un vocero del sindicato “los camioneros pueden ser los ojos y los oídos de la guerra contra el terrorismo”.