Este martes y miércoles tuvieron lugar numerosas medidas de lucha en todo el territorio chileno, en el marco del debate parlamentario de una ley que habilita el retiro anticipado del 10% de los fondos de pensión por parte de las y los aportantes. Dicha ley fue aprobada por la Cámara de Diputados, con el voto de la oposición y una fracción del oficialismo, y pasa ahora al Senado.

Alrededor de las 20 hs del martes comenzó a hacerse sentir a lo largo y ancho del país un cacerolazo. La iniciativa, surgida a través de las redes sociales, no se limitó a una manifestación ruidosa sino que además se verificaron marchas, barricadas y ataques a cuarteles policiales en distintos puntos de Chile, con epicentro en la Región Metropolitana, pero también en ciudades como Antofagasta, Valparaíso y Concepción, entre otras. Ello a pesar de que en estas regiones rige la cuarentena y un estado de excepción que incluye toque de queda y militarización. Las y los manifestantes fueron fuertemente reprimidos. Sin embargo, el accionar represivo solo potenció la bronca.

Entre las distintas formas que tomó la jornada de protestas del miércoles, se destaca especialmente el paro total convocado por la Unión Portuaria de Chile, que alcanzó a 17 de puertos a partir de las 16 hs. La medida fue anunciada a través de un comunicado donde se afirma que “en momentos en que la burguesía ha cerrado filas para defender el sistema de las AFP’s las y los trabajadores deben dar respuesta con acciones contundentes para conquistar pensiones dignas”. Y concluye que “la lucha no es solo por el 10%, es por terminar con las AFP’s”. La contundencia de la medida de los portuarios contrasta con la parálisis de la CUT, cuya dirección en manos del PC la mantiene “en cuarentena” desde el año pasado.

La formidable reacción popular surge en un cuadro donde la clase trabajadora chilena está sumida en deudas, pobreza y sin perspectivas de mejoras ya que la desocupación no para de crecer junto con la carestía, a lo que se suma la crisis sanitaria. Es este el desesperante trasfondo social en que se da el debate por el retiro del 10% de los fondos jubilatorios y que le permitió a la “oposición” e incluso un sector del oficialismo posar de comprometidos con las demandas de las y los trabajadores, planteando como salida que se autofinancien sus necesidades elementales con sus fondos de pensión, eximiendo al Estado de que se hago cargo de la asistencia y sin cuestionar el negociado de las AFP.

Por su parte, el presidente Sebastián Piñera, pretendiendo -según sus hipócritas declaraciones- hacerse eco de los reclamos, presentó en la tarde del martes un nuevo “plan de asistencia a la clase media” que se reduce a un bono de $500 mil para quienes tengan ingresos entre $500 mil y $1.500.000 y se hayan visto afectados por efectos de la pandemia, así como un préstamo “solidario”. No es de extrañar que la clase trabajadora haya tomado como una provocación estos anuncios que solo alcanzarían a un sector muy reducido ya que el 50% de las y los chilenos gana un promedio de $400 mil. Vemos que tanto oficialismo como oposición pretenden que las y los trabajadores soporten sobre sus espaldas el costo de la crisis mientras el grueso de los fondos públicos destinados a paliarla van a parar a los bolsillos de la burguesía. De convertirse en ley la posibilidad de retiro de los fondos de pensión, pese a las expectativas que ello genera en sectores de trabajadores, de ninguna manera significará una salida frente al creciente agravamiento de la situación social.

El reclamo por el fin de las AFP ha sido una de las principales banderas de la rebelión popular surgida en octubre del año pasado y hoy vuelve a ponerse sobre la mesa, a tal punto que todo el arco político patronal reconoce que el sistema previsional heredado del pinochetismo acuerda pensiones miserables a aquellos a que han aportado toda su vida laboral. Sin embargo, no está en carpeta de ninguno de estos partidos terminar con este enorme negociado, somos las y los trabajadores que tenemos planteada la tarea de impulsar un congreso de delegados de base que, siguiendo el ejemplo de los portuarios, ponga en pie un plan de lucha por un programa de salida real a la crisis: seguro universal de cesantía de $500 mil garantizado por el Estado, el reparto de las horas de trabajo disponibles entre ocupados y desocupados sin reducción de salarios; jubilaciones de un mínimo de $800 mil. Por la expropiación sin pago y bajo control obrero de las AFP. No + AFP. Fuera Piñea. Asamblea constituyente libre y soberana.