La anulación del estatus autonómico de la Cachemira india y el despliegue de decenas de miles de soldados en ese territorio, por parte del gobierno de Narendra Modi, ha colocado la región al borde de una nueva guerra, que podría enfrentar a la India y Pakistán.

El conflicto no sólo involucra a estas dos potencias nucleares. Detrás asoman los intereses cruzados de Estados Unidos y China, inclinados respectivamente hacia uno u otro gobierno.

El montañoso territorio de Cachemira –un viejo principado- se encuentra dividido en dos grandes zonas administradas por India y Pakistán, respectivamente, y una tercera zona más pequeña administrada por China.

En la parte india, único estado de ese país con mayoría musulmana, existe un movimiento de rechazo a la ocupación india (que tiene 900 mil soldados desplegados en el territorio), que reclama el derecho a la autodeterminación de Cachemira o su integración a Pakistán. India acusa a este último país de financiar a organizaciones separatistas y terroristas. En tres ocasiones (1947, 1965, 1999), ambas naciones sostuvieron confrontaciones militares en la zona. En los últimos treinta años el conflicto ha dejado 70 mil muertos. Desde 1989 operan organizaciones armadas. En el lado pakistaní de Cachemira, también hay denuncias contra el accionar represivo de ese país.

India aspira a anexionarse todo el territorio de Cachemira. La anulación de la autonomía en la parte que actualmente está bajo su órbita es una respuesta al crecimiento del movimiento de rechazo a la ocupación en los últimos años. En 2016, el asesinato de un dirigente juvenil desató enormes movilizaciones. La represión dejó un centenar de muertos. Estas protestas tienen características que recuerdan a la primera Intifada palestina contra la dominación israelí. “Muchos de los protestantes no son más que niños con piedras”, según Meenakshi Ganguly, directora de Human Rights Watch en el sur de Asia (El País, 6/5/18). Las fuerzas de seguridad operan por medio de torturas, asesinatos y desapariciones (hay 8 mil casos).

La avanzada de Modi, ahora, ha incluido miles de arrestos, el corte de las comunicaciones y un toque de queda.

El gobierno indio ha cebado también el odio sectario y religioso. A comienzos de 2018, un grupo de fanáticos hinduistas violó y torturó durante días a una menor de 8 años de origen musulmán en Jammu y Cachemira, como se conoce al territorio dominado por India. El caso fue encubierto por policías. Dirigentes del partido de gobierno (el Bharatiya Janata Party) organizaron movilizaciones por la liberación de uno de los acusados y contra los investigadores del caso, por pertenecer a la comunidad musulmana.

El cambio de status en Cachemira potencia todas las tensiones con Pakistán, cuyo primer ministro, Imran Khan, declaró que el conflicto puede escalar hasta una confrontación nuclear. Khan gobierna bajo el fuerte influjo de las Fuerzas Armadas y, si bien desplazó del poder a la Liga Musulmana, promueve un “estado de bienestar islámico”. Sus detractores lo acusan de tener vínculos con los grupos islamistas más extremos. Para contrapesar el alineamiento de Modi con Trump, Pakistán ha reforzado sus vínculos con China, que a su vez ha reducido sus lazos con India y ve en Pakistán una pieza clave de su “ruta de la seda”, explícitamente rechazada por Modi. El problema del desembarco chino en Pakistán es que ha despertado la resistencia de sectores de la población y grupos islamistas, con atentados contra los proyectos de infraestructura impulsados por Beijing incluidos. Pakistán mantiene, en tanto, un vínculo sinuoso con EE.UU, que le reclama cooperación en su intento de llegar a un acuerdo con los talibanes en Afganistán. Acaba de suscribir, a la vez, un acuerdo con el FMI por 6 mil millones de dólares a cambio de un “ajuste estructural”. India y China, por su lado, protagonizaron recientemente una escaramuza militar por la construcción de una carretera china en un territorio reclamado por Bután, reino en cuyo auxilio salió Modi.

La madeja de intereses que se cruzan detrás del conflicto cachemiro es compleja y parece imposible de desenredar. Por ahora, los líderes de las grandes potencias han actuado con pies de plomo frente a la crisis, llamando a poner paños fríos.

Un gobierno reaccionario

El principal factor de inflamación del conflicto en Cachemira, indudablemente, es Narendra Modi, quien llegó al poder en 2014, al frente de una formación nacionalista e hinduista, el BJP, que explotó a su favor el derrumbe del Partido del Congreso, histórico partido de la burguesía india, hundido por la falta de respuestas a las privaciones históricas de las masas y por escándalos de corrupción. En las elecciones de este año, Modi logró su reelección y mayoría absoluta propia (300 de 532 escaños) en la asamblea nacional, en tanto que el Partido del Congreso –que llevó como candidato a Rahul Gandhi- sólo cosechó 50 escaños.

Modi ha combinado un discurso demagógico hacia los sectores más empobrecidos (incluyendo críticas a la sociedad de castas) con una línea chauvinista de hacer grande a la India. Bajo su mandato, bandas que abrevan en la hindutva (supremacismo hindú) llevaron a cabo más de 40 linchamientos de musulmanes. El gobierno incita esta política sectaria: acaba de dejar fuera de un padrón estatal y al borde de la deportación a 2 millones de personas -mayormente musulmanes- en el estado de Assam, lindante con Bangladesh, país de mayoría musulmana. El ministro del interior ha calificado como “termitas” a los inmigrantes ilegales.

En el plano económico, Modi ha eliminado restricciones al ingreso de capital extranjero y aspira al desarrollo de un ciclópeo plan de infraestructura (decenas de puertos y aeropuertos) por medio de la inversión foránea. Para ello, ha realizado modificaciones impositivas favorables al capital y aprobó una nueva ley de bancarrotas. Sin embargo, aún no ha podido avanzar en una reforma laboral en regla y de la ley de tierras, “intocable por su calado popular”, según El País (12/5), que establece que sin la aprobación del 80% de sus residentes no puede venderse un terreno. Esta reforma se encalló en el Senado.

En el último período hubo dos paros generales en India, que involucraron a más de 200 millones de trabajadores, pero que fueron orientados por sus direcciones en función de un frustrado recambio político del Partido del Congreso. La ilusión de este recambio estuvo alentada por el revés del BJP en las elecciones regionales previas a las últimas presidenciales, en que algunos partidos regionales quebraron el dominio de Modi en alguno de sus estados. También hubo movilizaciones contra la discriminación protagonizadas por cientos de miles de dalits (una de las castas más desfavorecidas); protestas de agricultores, y de movimientos contra la expulsión de poblaciones para la construcción de represas hidroeléctricas (“Dónde está la izquierda”, revista Nueva Sociedad, julio-agosto 2018).

La izquierda de la India ha llevado a cabo movilizaciones en rechazo a la anulación de la autonomía de Cachemira. El Partido Comunista, el Partido Comunista (Marxista) y otras fuerzas suscribieron un comunicado en el mismo sentido. Ambas organizaciones orbitan alrededor del Partido del Congreso. En el caso del PC (M) gobernó durante 34 años, hasta 2011, el estado de Bengala Occidental. En tanto, la guerrilla naxalita parece haber retrocedido al calor de fuertes golpes represivos (Descifrando la Guerra, 22/12/18).

El recrudecimiento de la tensión en Cachemira coincide con los recientes incidentes navales en el Golfo Pérsico. Son expresiones de las tendencias a la guerra que engendra la crisis capitalista.

La partición de la India en 1947, en el marco del proceso de independencia del Reino Unido (que incluyó también la división de Cachemira), mostró los límites de las burguesías de la región para ofrecer un auténtico camino de desarrollo regional y de superación de las rivalidades étnicas y la sociedad de castas. Antes bien, ese odio sectario fue instrumentado desde los propios estados como herramienta política de división y de dominación.

Defendemos el derecho a la autodeterminación de la población de Cachemira, en el marco de una federación socialista del Indostán, que supere el odio confesional por medio de una perspectiva de clase.