Casi dos millones de personas se habían movilizado en el día nacional de Cataluña, hace dos semanas atrás (la región cuenta con 7,6 millones de habitantes). El parlamento catalán aprobó una ley que autoriza la consulta independentista y el gobernador catalán Artur Mas convocó a una consulta popular bajo las preguntas “¿Quiere que Cataluña sea un Estado? y, en caso afirmativo, ¿quiere que sea un Estado independiente?”. La independencia implica el fin de la monarquía en el nuevo Estado. La convocatoria fue impugnada por el gobierno central ante el Tribunal Constitucional, que suspendió la consulta. Esta suspensión, acatada por el gobierno de Mas, fue respondida con una multitudinaria manifestación de repudio. 

 

“Tercera vía”

 

La gran burguesía de Cataluña no acompaña el planteo independentista, ni renuncia a la monarquía. Un grupo de empresarios está buscando una “tercera vía”, la que neutralizaría la independencia. Sólo una fracción de esta burguesía reclama una mayor autonomía fiscal, con la expectativa de convertirla en una herramienta para desarrollar una política ‘nacional’ de ajuste: menos impuestos a los beneficios y mayores subsidios al capital. La Unión Europea y sus estados se han pronunciado contra la independencia de Cataluña. Tienen en claro que sería el fin del estado español y de toda la operación de rescate financiero de España.

 

El PSOE se ha alineado con el gobierno de Rajoy y la monarquía, con una propuesta de reforma constitucional que habilite mayores autonomías. Es la posición que defiende la fracción Unió del partido oficial Convèrgencia i Unió. Tanto este partido como la Esquerra Republicana (ERC) defienden la integración de una Cataluña independiente a la Unión Europea, es decir que recupera derechos estatales frente a España para entregarlos a la UE. El referendo catalán no contempla la opción de una Cataluña independiente en el marco confederal de una España republicana. La cuestión de la monarquía aparece en esta crisis como un subproducto de la cuestión independentista. 

 

Artur Mas había anunciado que no desafiará una orden contraria por parte del Tribunal Constitucional, o sea que no sacará las urnas a la calle en noviembre si no obtiene autorización. Esquerra plantea hacer la consulta de todos modos. La cuestión independentista desarrolla una escisión en el campo catalanista. El PP y el PSOE están electoralmente por el suelo.

 

La independencia catalana afecta fuertemente a la izquierda y a la nueva izquierda, ambas defensoras de la integración a la Unión Europea. Cayo Lara, principal exponente de Izquierda Unida, respalda el referendo de noviembre, pero para “seguir conviviendo juntos todos los territorios del Estado español” (Radiointereconomía, 11/9); o sea que contestaría no a la segunda pregunta de la consulta.

 

Podemos, que reclama para sí la representación de los “Indignados”, apoya el referendo pero sin dar una indicación de voto, con el pretexto de que en su seno conviven distintas posturas -esto a pesar de (o debido a) haber conseguido 12 mil afiliaciones en pocos meses, superando en número a ERC (La Vanguardia, 7/9). Su máximo dirigente, Pablo Iglesias, ha dicho a título personal, que preferiría que Cataluña prosiguiera dentro de España – sin importar que se trata de una monarquía. La defensa de la ‘España de las autonomías’, el estatuto adoptado bastante después del fin de Franco, a pesar de que se cae a pedazos, abarca a un amplio espectro político que teme a las masas y a los planteos republicanos. En el País Vasco, el Partido Nacionalista ha dicho que persistirá en una política de negociación con Madrid. A la irreverencia de los manifestantes catalanes, los medios españoles le oponen el ejemplo escocés, donde el referendo fue pactado y no se cuestionó la autoridad de la reina.

 

La movilización independentista se acrecienta en Cataluña (una brasa caliente para sus propulsores) al mismo tiempo que las protestas republicanas que llevaron a la dimisión de Juan Carlos. Apoyamos el derecho del pueblo catalán a la autodeterminación y, en el cuadro político actual, a la independencia porque, aun con sus limitaciones, es un arma de la lucha por la república en toda España y, en esa medida, por la Unión Republicana y Socialista de los Pueblos Ibéricos. Es asimismo un golpe al Estado español, vasallo de la Unión Europea imperialista.

La rápida caducidad de Podemos como fuerza de oposición anticapitalista y republicana deja más claro que nunca la necesidad de un Partido Obrero.