Las elecciones en Cataluña, el domingo pasado, habían despertado expectativas en el campo internacional por su relación con una eventual separación de Cataluña de España. Los llamados partidos soberanistas – Convergencia Democrática (CD) y Esquerra Republicana- han dado a conocer una hoja de ruta con ese destino en un plazo de dieciocho meses. La separación de Cataluña constituiría un acontecimiento de envergadura para el conjunto de la Unión Europea, azotada por la bancarrota capitalista y las crisis de Grecia y de los refugiados. Sería una declaración de inviabilidad para el estado español; en las gateras se encontrarían las autonomías afines de Valencia y Navarra y en definitiva el País Vasco. 

 

La votación ha desatado una crisis dentro de esta crisis, esto porque los soberanistas no reunieron los votos suficientes para formar gobierno y por lo tanto implementar sus planes; necesitan para ello el concurso de la CUP, una lista soberanista de izquierda, que se opone a que ese gobierno lo encabece CD y su jefe, Artur Mas. Al mismo tiempo, el partido que gobierna España, el PP, sufrió un durísimo revés, lo cual representa un golpe para el centralismo estatal. Los plazos de la crisis se desplazan entonces hacia noviembre próximo, cuando tendrán lugar las elecciones para el parlamento español.

 

El recrudecimiento del independentismo catalán está asociado directamente a la crisis mundial, cuya repercusión en España ha sido catastrófica. Durante la mayor parte del tiempo que siguió a la transición del franquismo, la cuestión nacional estuvo ocupada por el País Vasco y por ETA -no por Cataluña o por el soberanismo catalán. Los gobiernos nacionalistas, en Cataluña, se sumaron, a partir de la crisis, a la brutal política de ajuste que aplicaron tanto el PP como el PSOE, en el conjunto del Estado, y encararon la crisis, ellos mismos, con una política de fuertes recortes a los gastos sociales y a los salarios. El recrudecimiento soberanista es, claramente, una expresión del agotamiento de esta política. En un período de quiebras, la pretensión de una redistribución de los ingresos fiscales del conjunto de España a favor de Cataluña, simplemente acicatea la crisis para el conjunto del Estado. La deuda pública de España es de cerca del 120% del PBI y se convierte en casi un 250% si se suma la deuda externa privada. 

 

La gran banca de Cataluña ha estado entre las grandes beneficiadas por el rescate del Estado -la Caixa, BBVA y Sabadell. Se opone, obviamente, a una separación. El soberanismo, sin embargo, expresa a un fuerte sector patronal, el Círculo catalán de Negocios, que reúne a 800 empresas, incluidas las de mayor tamaño (Le Monde, 27/9). Es precisamente este sector el que reclama con toda nitidez esa redistribución, denunciando una pérdida fiscal de 300 mil millones de euros en treinta años. Reclama, asimismo, una reorientación de los negocios hacia afuera de España, al que considera un mercado agotado, con la mirada puesta en Asia y en la asociación con capitales de China -en especial en infraestructura.

 

Los problemas asociados con la distribución del presupuesto público son, sin embargo, comunes a todos los estados, no por eso plantean una cuestión nacional. Cataluña no hubiera podido, por sí sola, salir al rescate de las numerosas cajas bancarias que fueron absorbidas por la Caixa, o sea sin el concurso del estado español y el Banco Central Europeo. Por eso, el nacionalismo catalán reivindica el sometimiento nacional de una Cataluña soberana a la Unión Europea y a la Otan. Por encima del tema fiscal, lo que decide la cuestión nacional, para la burguesía, es la solidez del Estado como protector de las relaciones sociales existentes. 

 

Estas limitaciones explican la cobardía del nacionalismo catalán, que ha aceptado las restricciones de la Corte Constitucional del estado español a convocar a un referendo. Ahora propone una hoja de ruta para desarrollar un estado nacional autónomo desde arriba, donde el gobierno que asuma crearía las instituciones necesarias -como un banco central, una cancillería e incluso fuerzas armadas. El estado que emergería de la hoja de ruta tendría el control de una Asamblea Constituyente, que sería convocada con posterioridad. Los resultados electorales del domingo pasado no alcanzan, sin embargo, para avalar este proyecto artificial. Tanto Cataluña como España se encuentran en un impasse.

 

Las elecciones estatales de noviembre podrían llevar esta crisis a nuevos niveles. La piedra de toque de ellas es la cuestión del separatismo y la modificación del régimen político establecido luego de la dictadura franquista. El Psoe, por ejemplo, propone que una Convención Constituyente reforme el sistema actual y que permita, en ciertas condiciones, el derecho de autodeterminación. Es un recurso para salvar al Estado actual, en primer lugar la monarquía y las fuerzas armadas al servicio de la monarquía. Las elecciones catalanas del domingo pasado forman parte de una negociación que se desarrolla en el conjunto del estado español; los soberanistas buscan concesiones de otro interlocutor a la cabeza de España. En resumen, se asiste a una crisis de conjunto del estado español. Es un desarrollo político de gran importancia del periodo de bancarrota capitalista internacional. 

 

Las elecciones del domingo pasado pusieron en evidencia un retroceso de la izquierda tipo Podemos y de Izquierda Unida, y el avance de una nueva formación de características macristas -Ciudadanos- que oficia de sustituto del PP. El elemento ‘juvenil’ ha oficiado como ‘renovación’ tanto para la izquierda como para la derecha. El bipartidismo ha sido enterrado por una decena de fracciones.

 

¿Cómo deber plantarse la izquierda revolucionaria frente a la cuestión nacional en España? Debe apoyar resueltamente el derecho a la autodeterminación nacional, con un programa de unión republicana y socialista de los pueblos de la península ibérica. O sea que debe sostener, en las condiciones de la España monárquica, la independencia republicana de Cataluña, como consecuencia del ejercicio del derecho a la autodeterminación, al mismo tiempo que impulsa la unidad de los trabajadores del conjunto del Estado español por el establecimiento de una República federativa y socialista Ibérica. Con este programa debe combatir al nacionalismo catalán (soberanista o independentista) de contenido burgués. La tarea histórica no es crear nuevos estados nacionales, ni menos camuflarlos con la UE y la Otan.