España y Europa se han visto conmovidas por la decisión del parlamento catalán de poner en marcha la hoja de ruta hacia la independencia. Rajoy ha declarado que se impugnará la decisión y recurrió al Tribuna Constitucional (Corte Suprema española) para que la vete. La resolución sobre la independencia ha sido apoyada por la coalición gobernante, Junts pel Sí, y la izquierda soberanista nucleada en la CUP. Ambas fuerzas sumadas cuentan con mayoría absoluta en el nuevo parlamento, surgido en las elecciones realizadas un mes atrás.

 

Pareciera, según los titulares de los diarios, que la ruptura sería un hecho consumado. Sin embargo, y como lo han puesto de relieve algunos analistas, los puentes no están rotos y es ambiguo el texto aprobado. La declaración del inicio del proceso secesionista (apoyada también por la izquierda soberanista nucleada en la CUP) señala que no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, por considerarlo deslegitimado. Pero enseguida, declara “la voluntad de inicio de negociaciones” con el Estado español, la Unión Europea y el conjunto de la comunidad internacional “con tal de hacer efectivo el mandato democrático”. O sea que se preservan los puentes para una salida negociada y pactada con el Estado español, y dentro de los términos de la ‘institucionalidad' europea.

 

El independentismo y sus límites

 

La cuestión clave es quién se hace cargo de la bancarrota capitalista. La creación de un nuevo estado nacional que no altere la organización social existente sólo conduciría a desembarazarse de la monarquía española para terminar bajo las garras de Merkel y la Unión Europea.

 

El conflicto se ve atravesado por una fuerte presión de la burguesía. Los grandes empresarios se han mostrado inquietos frente a la situación política en Cataluña. Durante un congreso que congregó en Barcelona a representantes de grandes empresas, el presidente de la patronal española (CEOE), el catalán Juan Rosell, intervino para señalar que la situación de Cataluña no puede dejarse durante más tiempo “sin control” y que deben “ponerse encima de la mesa soluciones políticas”. El presidente de la Asociación de Empresas de Gran Consumo (AECOC), a su turno, advirtió que la situación política en Cataluña puede suponer un freno en los procesos de ajuste que impulsa el Estado español.

 

La gran burguesía, incluida una franja de la catalana, es contraria al separatismo. El soberanismo tiene, de todos modos, su base de apoyo en otro sector de la clase capitalista local, que reclama una mayor tajada de la recaudación del fisco. Pero en los dos bandos, hay plena conciencia de que Cataluña, por sí sola, no tiene espaldas para rescatar al capital en crisis y que necesita del concurso del Estado español y del Banco Central Europeo para ese propósito. Ello explica las tendencias al compromiso y, por lo tanto, los límites insalvables del nacionalismo catalán.

 

Crisis política

 

La votación a favor de la independencia, sin embargo, no ha sido suficiente para asegurarle a Artur Mas, el líder de la coalición gobernante, su continuidad en el poder. La CUP ha vuelto a reiterar que no dará los votos que necesita el oficialismo para investir a Mas, a quien acusa por los ajustes antipopulares y por actos de corrupción. No obstante, la CUP estaría dispuesta a votar a otro candidato de la coalición Junts pel Sí. En enero vence el plazo de investidura: si para entonces no hay acuerdo deben convocarse nuevas elecciones.

 

El partido gobernante apostaba a agitar la causa soberanista con el objetivo de remontar su creciente descrédito en las filas de la población, agobiada por recortes de los salarios, reducción de los gastos sociales y la desocupación. Una advertencia seria lo constituyó la consagración como alcaldesa de Barcelona de una de las dirigentes del movimiento de los indignados, con una fuerte participación en la lucha contra los desalojos. La iniciativa independentista puede terminar agravando una crisis política que ya está en desarrollo.

 

Salida

 

La envergadura de la crisis mundial coloca a la orden del día la necesidad de una reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales, o sea, la unidad de los explotados españoles para que la crisis la paguen los capitalistas. Es necesario defender el derecho a la autodeterminación nacional, pero con un programa de una federación de repúblicas socialistas ibéricas.