Una trama de financiación ilegal del partido gobernante terminó por estallarle en la cara a Rajoy. El líder del Partido Popular (PP) deja de ser presidente del gobierno de España tras perder una moción de censura. Conocida la sentencia, de dimensiones escandalosas, la permanencia en el poder de Rajoy pasó a ser insostenible. La burguesía le soltó la mano.

La renuncia de Rajoy es el indicador de una crisis de régimen. En las páginas de Prensa Obrera, venimos advirtiendo que “más que una “crisis catalana”, había que hablar de una crisis española” (“Emerge el desarrollo de una crisis política del conjunto del Estado Español“, Prensa Obrera Nº 1.486).

Luego de las elecciones del año pasado, pasaron varios meses sin que se pudiera formar gobierno, un hecho inédito en la península. En este cuadro, Rajoy subió sobre la base de compromisos precarios y debutó como un gobierno débil. La intervención en Cataluña terminó siendo una “victoria a lo Pirro” para el gobierno central. Este conflicto sigue abierto, y puede encenderse en cualquier momento.

El nuevo gobierno

El nombramiento de Sanchez, líder del PSOE, constituye una salida de emergencia y está lejos de remontar la crisis. El PSOE viene de soportar un retroceso histórico en su caudal electoral, lo que llevó al propio Sánchez a alejarse de la conducción partidaria. La resurrección del líder del PSOE no puede disimular que el socialismo representa una minoría en el Parlamento español -nuclea a 84 diputados; o sea, el 24% de los escaños de la Cámara. En este plano, también transitamos un hecho inédito, pues ninguna fuerza, desde la instauración del sistema político vigente desde el ’78, había asumido la administración con un respaldo tan exiguo.

Ello fue posible gracias al apoyo de Podemos y del nacionalismo vasco y catalán. El argumento de Pablo Iglesias, al igual que el de Izquierda Unida (IU), es que lo prioritario era desembarazarse del PP y que cualquier cosa “sería mejor que lo que tenemos”. Pero si el progresismo de izquierda abrigaba la ilusión de que se iba a atenuar la política de ajuste, esto ha quedado rápidamente desmentido. Sánchez anunció que gobernará con el Presupuesto pergeñado por el PP, que en el propio Congreso fue criticado por su carácter “antisocial” y “regresivo”, incluso por sus propios diputados. El PSOE está comprometido a continuar los ataques contra la población trabajadora y a respetar los lineamientos de la Unión Europea.

El apoyo de Podemos e IU al PSOE es un paso fuerte en su política de integración y sometimiento a la burguesía y al Estado capitalista.

Esta colaboración ha llegado muy lejos, como lo revela la participación de IU en el gobierno del PSOE en Andalucía, que viene aplicando una política de austeridad. O la presencia de esas formaciones políticas en los gobiernos municipales que, aunque se autodenominan “del cambio”, cumplen los compromisos con la banca, sacrifican las reivindicaciones populares y mantienen la privatización de los servicios.

El nacionalismo catalán, a su turno, ha dado un respaldo al PSOE con la esperanza de que con el nuevo gobierno se pueda abrir una vía de negociación. Pero estas expectativas se están pinchando, puesto que Sánchez no ha anunciado medidas siquiera en lo que refiere a los presos políticos. No olvidemos que el PSOE hizo causa común con el gobierno de Rajoy en la intervención de Cataluña y en la ofensiva represiva. Por lo pronto, ha incorporado al gabinete a Josep Borrel, uno de los más activos militantes contra el nacionalismo catalán. Ha señalado, por caso, que “antes de recoser las heridas, se deben desinfectar”, en respuesta a los pedidos de indulto a los independentistas encarcelados tras el intento de declarar la república.

Sánchez, a lo sumo, estaría dispuesto a una renegociación de la financiación autonómica con Cataluña en términos no tan draconianos y, a la vez, de un nuevo estatuto catalán que recupere parte de lo recortado por el Tribunal Constitucional. La liberación de los presos, en ese cuadro, quedaría condicionada al avance de las tratativas. Esto implica enterrar cualquier ambición independentista, incluido el llamado al referéndum concertado, por el que abogan los líderes nacionalistas catalanes. Pero toda esta negociación debe pasar primero por el filtro del Poder Judicial, que viene sosteniendo una política dura contra Cataluña y que se ha erigido en un árbitro del proceso político, a medida que avanza la crisis del régimen y de sus partidos.

Crisis capitalista

El otro gran condicionante es la crisis económica. Aunque Rajoy se jacta de “dejar una España mejor que la encontré”, la herencia de los seis años y medio de su mandato revela otra realidad. La inversión fue cayendo año tras año. El escenario es aún peor en lo que se refiere a la deuda pública, que pasó del 70% de la economía española cuando asumió, a un 100% en la actualidad. Es una situación explosiva, en medio del agravamiento de la crisis italiana y de una amenaza de corrida contra los bonos europeos, todo lo cual conduce a un aumento del riesgo país y un encarecimiento del crédito. En tanto, el rojo fiscal supera el 3% del PBI, el triple que el estándar de la Unión Europea.

La recuperación del empleo, de la que se jacta Rajoy, fue a cuentagotas y sobre la base de un aumento del trabajo precario, lo que trajo aparejada una caída de la retribución por hora trabajada. En 2017, el salario real descendió, y aumentó la población que tiene dificultades para llegar a fin de mes.

Partiendo de este panorama, el nuevo gobierno tiene las manos atadas para logar descomprimir las tensiones económicas y sociales crecientes. La bancarrota capitalista ha venido haciendo su trabajo de topo y Rajoy ha apelado durante estos años a descargar sus efectos contra la población. Esto se extiende también a los estados regionales, que han sido víctimas de recortes e impuestazos. El choque con Cataluña y el florecimiento del separatismo hunde sus raíces en este proceso, que alimenta las tendencias a la fractura y desmembramiento del Estado español.

Los desafíos son demasiados grandes para un gobierno débil y minoritario, que depende para su sobrevivencia de compromisos con la izquierda y el nacionalismo, y tiene un escaso margen para maniobrar o dar concesiones. Esto explica la desconfianza de un sector de la clase capitalista, que plantea la convocatoria a elecciones anticipadas. La gran banca estaría presionando en esta dirección. Esto conduciría a que Ciudadanos, que encabeza las encuestas, termine asumiendo los destinos del país. Pero esa salida plantea dudas respecto de la capacidad de contención de esa fuerza, de creación reciente y sin experiencia de gobierno.

Salida obrera

La crisis política mayúscula plantea la oportunidad para que la clase obrera emerja como un factor político independiente, rompiendo con la estrategia de compromiso con el Estado y los partidos del régimen, que llevan adelante la burocracia sindical y la izquierda. Es necesario defender más que nunca la independencia política de los trabajadores.

Con esta comprensión, planteamos impulsar la deliberación en todas las organizaciones obreras y la convocatoria de un Congreso de bases de los sindicatos para discutir un plan de lucha por todos los reclamos populares y nacionales (incluido el derecho a la autodeterminación) y una salida política de conjunto de la clase obrera. En oposición a la tentativa de salvar a un régimen corrupto, monárquico y en descomposición, es necesario oponerle la convocatoria a una Asamblea Constituyente libre y soberana, que discuta una reorganización integral de la península sobre nuevas bases sociales. Bajo esta perspectiva, reforzamos el planteo de una República federativa y socialista. Y, en oposición a la Unión Europea del capital financiero, los Estados Unidos socialistas de Europa.