El pasado 16 de octubre se desarrolló la tercera protesta nacional contra el sistema de jubilación privada. Decenas de miles marcharon nuevamente en Santiago y todo el país. Las familias obreras volvieron a hacerse presente, pero esta vez las organizaciones sindicales y de izquierda incrementaron su presencia. El repudio popular contras las AFP sigue recorriendo el país, de cara a la convocatoria al paro nacional para el próximo 4 de noviembre. 

 

Nueva Mayoría empeñada en mantener las AFP

 

El gobierno insiste en su operativo, planteando que la salida al conflicto se encuentra condensada en la propuesta de cambios al sistema planteados por Bachelet mediante un llamado a la “unidad nacional”.

 

La propuesta oficial consiste en aumentar el aporte del Estado a las pensiones más bajas sustentadas en el Pilar Solidario (las cuales promedian los $120.000 pesos, menos de la mitad del salario mínimo), el aumento de la edad jubilatoria, una contribución por parte de los empresarios que sería aplicada gradualmente hasta llegar al 5% del salario y la creación de una AFP estatal. 

 

Bachelet hoy se centra en el aumento de las pensiones más bajas que cubre del Pilar Solidario por medio de un enorme subsidio estatal a las AFP que saldrá de los fondos públicos, los cuales hoy se discuten en la ley de presupuesto 2017 y ya se ha ratificado que se conseguirán incrementando la deuda pública. La Nueva Mayoría está decidida a que la crisis de las AFP la paguen los trabajadores. 

 

Con respecto a la propuesta de una contribución patronal, los voceros del capital han anunciado que su impacto será trasladado a los precios o será compensado a costa de ajustar las remuneraciones de los mismos trabajadores, operando como un “impuesto al trabajo”. 

 

Tanto el gobierno como la derecha han gobernado por décadas avalando este pilar económico impuesto por la dictadura pinochetista, donde el ahorro individual forzado a cada trabajador activo depositado en las AFP es usado como una fuente de recursos frescos para monopolios nacionales y foráneos, en la forma de bonos y acciones. 

 

Este sistema privado no está hecho para entregar pensiones, para asegurar el funcionamiento de un sistema de seguridad social para los trabajadores inactivos, sino que toma una parte del salario obrero, lo invierte en acciones, y estas son usadas para aumentar la velocidad de negocios financieros y las tasas de ganancias de miles de capitalistas. Según información de la Superintendencia de Pensiones, el valor de los Fondos de Pensiones alcanzó a $ 100.479.815 millones (US$ 160 mil millones) a fines de 2014. Solo si se consideran las empresas que cotizan en la bolsa de Santiago y que son las predilectas para AFP para invertir los recursos, destacan Banco Santander, Enersis, Cencosud, Latam, Falabella y Endesa, todas en manos de monopolios financieros y del retail. 

 

A todas luces, este paquete apunta a rescatar un sistema agotado, nacido en la época de la dictadura, haciendo caso omiso al reclamo popular.

 

Emerge el sindicalismo antiburocrático 

 

Dentro del movimiento de lucha que se ha aglutinado bajo la consigna “No más AFP”, en septiembre se desarrolló una importante asamblea a la cual asistieron más de 200 dirigentes sindicales de todo el país y de diferentes ramas productivas, que acordaron sacar adelante el llamado a un paro nacional para el 4 de noviembre. Hay que destacar que toda esta iniciativa de lucha se gestó a contrapelo de la pasividad de la burocracia del PC y el PS que controlan la CUT.

 

La iniciativa antiburocrática de cientos de sindicatos es un paso adelante en contra de las pretensiones del PC de colocar un dique de contención a la movilización. Como parte del gobierno, el PC ha salido a dar su respaldo a la reforma de Bachelet y plantea que se debe marchar a un sistema mixto, donde el Estado tendría una mayor participación ampliando el Pilar Solidario, configurando una “pensión básica universal” de mayor montón al actual. Lo que ocultan es que todos los trabajadores que superen el rango de aplicación de esta medida de asistencia social de contención seguirán bajo el sistema de capitalización individual donde la jubilación está condicionada a los resultados de la colocación financiera de los fondos. Así, el PC juega un papel de cooptación del movimiento obrero, buscando desactivar el paro nacional.

 

Vamos al paro nacional

 

El llamado al paro nacional no solo ha calado en los sindicatos combativos, sino que también ha logrado dar un eje de organización a las cientos de asambleas populares que recorren el país y que se han puesto a organizar marchas locales y cacerolazos. Además, se han sumado a la convocatoria diferentes federaciones y centros de estudiantes haciendo un llamado a la toma de los establecimientos. El método del paro nacional ha comenzado a perfilar la fisonomía de un verdadero movimiento popular que comienza a poner en el centro un plan de lucha de toda la clase obrera.

 

A días del paro, sigue en pie la movilización de los trabajadores del sector público por reajuste de salarios, que no se detiene a pesar del freno de los agentes del gobierno dentro de la CUT. En este cuadro, es urgente darle impulso a la paralización nacional, discutiendo una salida a la cuestión jubilatoria que dé prioridad al interés popular, para poner en la agenda política un programa totalmente independiente del gobierno, que se plantee la firme tarea de pelear por todos los reclamos postergados y merecidos luego de una larga vida de trabajo: pensión equivalente al 83% móvil respecto del último salario laboral, actualizado de acuerdo al costo de vida. Restitución inmediata de los aportes patronales, eliminación de las contribuciones de los asalariados; transferencia de todos los cotizantes y sus ahorros a un nuevo organismo estatal de fondo de pensiones, el cual esté bajo el control y administración de representantes de trabajadores activos y pasivos.