20/03/2003 | 793

Chile, a un paso de la bancarrota

La quiebra del grupo financiero Inverlink, que administraba fondos multimillonarios, amenaza con provocar la renuncia del presidente del Banco Central chileno, quebrar definitivamente la alianza socialista-democristiana y mandar a la quiebra a varios municipios, sindicatos y empresas públicas que tenían sus fondos colocados en Inverlink. Por de pronto, una ola de pánico envuelve al mercado financiero chileno.


De esta manera, el «modelo chileno», ponderado por resistir el contagio de la Argentina y Uruguay, está infectado y amenaza con provocar una epidemia, con alcances incluso en Wall Street.


 


Estallido


El grupo Inverlink está integrado por la AFP Magister, la compañía de seguros Le Mans, la corredora de bolsa Inverlink, la Isapre (medicina privada) Vida Plena, una firma de factoring, tres administradoras de fondos mutuos y la Clínica Las Lilas (El Mercurio, 9/3). Formaban parte del grupo el ex ministro de Economía de la democracia cristiana Alvaro García y Julio Bustamante, durante varios años superintendente de AFP.


Durante 10 años Inverlink provocó la envidia de sus competidores por los altos rendimientos que obtenía y un «crecimiento patrimonial de más de 13.000% (desde los 205 millones a los 28.400 millones de pesos chilenos)» (Qué Pasa, ídem).


Sin embargo, a comienzos de enero, la corredora de bolsa Inverlink no le pudo devolver a la aseguradora Le Mans 13,3 millones de dólares que le había entregado para realizar las inversiones. La Superintendencia de Valores suspendió las operaciones de Inverlink, y al realizar un arqueo comprobó que tenía un déficit patrimonial de 6,6 millones de dólares. Inverlink tampoco pudo cumplir con otro vencimiento con Le Mans por 2.400 millones de pesos. Resultado: Inverlink no tenía fondos para devolverle a Le Mans 16,5 millones de dólares. Ante esta situación, la calificadora Fitch Chile redujo la calificación de Le Mans.


De inmediato, la prepaga Vida Plena y la AFP Magister fueron intervenidas. La crisis se extendió a la Municipalidad de Viña del Mar, que tenía colocados 1.500 millones de pesos en Inverlink.


Pero, lo que amplió el escándalo fue descubrir que desde la computadora del presidente del Banco Central, Carlos Massad, se le enviaba información privilegiada a Inverlink y que esa sería la explicación de «la envidiable capacidad de ganar dinero que muestra Inverlink desde su creación en 1991» (El Mercurio, ídem). La responsable de los envíos de e-mails a Inverlink era la secretaria de Massad, Pamela Andrada.


Pero, en medio de estas investigaciones, «uno de los jefes de la mesa de dinero del organismo oficial Corfo (la Corporación de Fomento de la Producción) sustrajo depósitos a plazo por casi 100 millones de dólares que endosó y entregó a Inverlink para que los hiciera efectivos. Por la fecha en que se realizó y el monto involucrado, aparentemente esta operación buscó ayudar al grupo a superar los problemas de liquidez que comenzó a mostrar cuando el caso de robo de información desde el Banco Central golpeó las operaciones de sus filiales de corretaje de bolsa y fondos mutuos… Sólo durante los primeros 12 días desde que estalló el escándalo cayeron en 65% los montos administrados por la compañía y la corredora redujo sus transacciones desde 340 millones a 80 millones de pesos chilenos» (El Mercurio, 9/3).


Ahora, el jefe de la Brigada chilena de Lavado de Activos viajará a Panamá «con el objetivo de realizar una serie de diligencias que permitirá esclarecer el manejo de la doble contabilidad realizada por Inverlink…. Se investigarán cuentas b ancarias abiertas en ese país para esclarecer el paradero de más de 100 millones de dólares que no aparecen en los registros de la compañía» (Estrategia, 18/3).


Por su parte, el Colegio de Profesores de Chile, antiguo accionista de la AFP Magister, informó que por la venta de esa AFP, Inverlink aún le adeuda la suma de 1.434 millones de pesos, lo que equivale al 39,99% del total comprometido».


Este descomunal fraude que envuelve a una AFP y empresa de medicina privada obligatoria (actúa como obra social) abre el peligro de que se queden sin jubilación y atención médica miles de trabajadores.


El gobierno de Lagos salió a tapar todo este «affaire» y se niega a formar una comisión investigadora parlamentaria. Lo mismo la burocracia de la CUT (Central Unica de Trabajadores), que plantea que, «junto con salvaguardar los ahorros obligatorios y voluntarios de los trabajadores y de miles de familias que confían en el mercado de capitales (sic), se creen los mecanismos de participación y control tanto en la previsión como en la salud» (17/3).


El «milagro chileno» y los nexos de la Concertación y la derecha chilena con los lavadores de dinero y estafadores están a la vista. Chile se suma así a la bancarrota del capitalismo mundial.

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