El domingo 13 de junio se llevó a cabo la segunda vuelta de la elección de gobernadores en 13 de las 16 regiones. El dato político que marcó la jornada fue la baja participación ya que solo un 19,6% del padrón habilitado para sufragar concurrió a emitir su voto. La coalición derechista gobernante solo se alzó con la gobernación de La Araucanía, con lo cual acumula una derrota más desde que se inicia el calendario electoral con el plebiscito del 25 de octubre del año pasado. Unidad Constituyente, denominación del pacto electoral comandado por los exconcertacionistas PS y DC, sale “victoriosa” alzándose con 10 gobernaciones. Las regiones restantes quedaron en manos del FA (Frente Amplia) e independientes respectivamente.

La Región Metropolitana, donde la disputa era entre Karina Oliva (FA-PC) y Claudio Orrego (DC), concentró gran parte de la atención ya que la campaña y, por lo tanto, la lectura de los resultados se realizó en clave de las próximas presidenciales. Con 52,71% por sobre el 47,29% que obtuvo Oliva, Orrego se impuso como gobernador de la Región Metropolitana (RM), donde la participación de electorxs alcanzó a un escaso 25,67% del padrón. El triunfo del candidato demócrata cristiano se explica en gran medida por el llamado a votar en favor de su candidatura que se hizo, de manera más o menos abierta, desde la derecha a través de varios referentes de Chile Vamos. Se convirtió en “el mal menor” para el conglomerado derechista, recibiendo una importante votación en el distrito 11 que congrega a las comunas del rechazo. Sin embargo, queda claro que no es el único factor que explica los resultados. Resulta evidente que tampoco la candidatura de Oliva encarnaba, por sus planteos programáticos, una política opuesta a “los 30 años” y por ello no logró movilizar siquiera al electorado afín. Oliva no consiguió entusiasmar en comunas populares donde semanas atrás el PC/FA se alzó con las alcaldías, ya que en la mayoría de ellas si bien superó en votación a su contrincante, no alcanzó para compensar la diferencia con que perdió en las comunas que son bastión de la derecha.

Con la del domingo, la derecha suma su cuarta derrota electoral consecutiva. Al desgobierno de Piñera hay que sumarle que 15 de 16 regiones ahora pasan a estar gobernadas por la oposición, con lo cual la carrera hacia La Moneda queda más cuesta arriba que nunca para este sector. Considerando además que haberse jugado por el triunfo de la DC en la RM era una movida riesgosa ya que en definitiva le da un impulso a la candidatura presidencial, por el momento extraoficial, de la democratacristiana  Yazna Provoste

A su vez, desde el bloque exconcertacionista, que logró imponerse en un total de 10 de las 16 regiones, los resultados fueron recibidos como un envión, incluso inesperado, ya que fue uno de los grandes derrotados en la elección de convencionales constituyentes. No tardó en hacerse público un acuerdo entre PS, DC y PPD por una candidatura presidencial única, luego del bochorno que protagonizaron en vísperas de la inscripción de las primarias legales el pasado 19 de mayo.

El 80% de las y los chilenos que podía votar decidió no hacerlo

Lo cierto es que con menos de un 20% de concurrencia del electorado es cuanto menos una impostura política el aire triunfalista que recorrió las filas de los partidos de la alianza Unidad Constituyente. Estamos hablando de la participación más baja de la que se tenga registro desde el retorno de la democracia. En siete regiones la participación fue menos del 15%, en cuatro menor al 20% y solo en dos se registró una asistencia mayor al 20%.

Ningún referente ni analista político pudo soslayar la contundencia de estos datos pero, en general, se atribuyó a la falta de claridad respecto de las funciones que tiene un gobernador regional ya que es un cargo recientemente creado. En rigor la baja concurrencia no es novedad. El plebiscito del 25 de noviembre del año pasado fue una contienda electoral que registró una participación histórica, pero estamos hablando de un 50% del electorado y en las elecciones del pasado 15 y 16 de mayo, pese a que se elegían a los convencionales constituyentes, se verificó un retroceso importante ya que solo el 42,5 de padrón emitió su voto.

El desinterés puesto de manifiesto por las y los chilenos en la contienda electoral significa un problema de proporciones para el conjunto del régimen político que apostó todos los recursos políticos a su alcance para desviar el descontento popular manifestado por millones en las calles a partir del 18 de octubre del 2019. El concentrado calendario electoral, junto con la represión, fueron las herramientas de las que se valió el gobierno y la oposición funcional a sus planes, para contener la furia popular que venía a impugnarlos a todos. No debe extrañar entonces que ya cuente con la sanción en diputados y en los próximos días se trate en el senado el proyecto de ley que busca restituir el carácter obligatorio al voto, que desde el 2012 es voluntario. Necesitan que el recambio del personal político y la nueva redacción de la constitución sean legitimados en las urnas.

El carácter de la Convención Constituyente

Días atrás, 34 convencionales independientes electos constituyeron un espacio al que denominaron “Vocería de los Pueblos” y en la declaración pública plantean: “… nos llamamos a hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente… sin subordinarnos a un acuerdo por la paz que nunca suscribieron los pueblos. Lo afirmamos también respecto de toda institucionalidad de nuestro país que habrá de someterse al fin a la deliberación popular”. En la misma, plantean 6 condiciones: libertad a lxs presxs políticos; verdad y justicia respecto de la violación sistemática de los derechos humanos; reparación para las víctimas del terrorismo de Estado; desmilitarización del Wallmapu; fin a la expulsión y criminalización de migrantes, y la soberanía de la convención en virtud del detentar un poder constituyente originario.

La conformación de este bloque de constituyentes que se posiciona rechazando el corset normativo con el que fue establecido el proceso constituyente generó el repudio por parte de los partidos patronales que le dieron origen. Lo planteado por la “vocería de los pueblos” excede por lejos la discusión en torno al reglamento que regirá el funcionamiento a la convención, tanto por el rechazo al pacto que cocinaron oficialismo y oposición cómplice el 15 de noviembre, como por el carácter de las condiciones que plantean para su funcionamiento.

Ahora bien, el carácter soberano de la convención va a estar determinado por la capacidad de movilización que pueda poner en juego la clase trabajadora y las masas explotadas chilenas. La conquista de las demandas que motorizaron la rebelión de octubre del 2019 no va a venir de la mano de las elecciones, ni tampoco desde el funcionamiento de una constituyente donde la clase capitalista y los partidos del orden concentran en sus manos el poder económico y los resortes cruciales del aparato del Estado y cuentan, en esa medida, con la capacidad de bloquear las transformaciones de fondo que requieren las reivindicaciones planteadas por el pueblo chileno movilizado.

La libertad de las y los presos políticos; el fin del saqueo de las AFP; la educación pública, gratuita y de calidad; el acceso al derecho a la salud; la nacionalización de los recursos naturales estratégicos; la disolución de carabineros; el aborto legal y todas las demandas de las mujeres trabajadoras, etc., lo vamos a conquistar con la movilización popular que le aseste un golpe decisivo y ponga fin al régimen social reinante estos 30 años. Estos reclamos vitales no son una plataforma electoral, sino la base de una agenda y un plan de acción de los trabajadores.

El paso dado por “la vocería de los pueblos” es importante pero por sí mismo no alcanza, porque lo que está en discusión es si el pliego de reivindicaciones del pueblo trabajador se va a concretar o no y la única garantía que tenemos es no soltar las calles.

A organizar la lucha por nuestros derechos, porque se vaya Piñera, por una verdadera constituyente, es decir, libre y soberana.

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