¡NO+AFP! Por su expropiación sin pago bajo control de las y los trabajadores; por un seguro universal al y la cesante; por aumento inmediato de salarios y jubilaciones.

Fuera Piñera y toda la ‘cocina’ parlamentaria, por una asamblea constituyente libre y soberana.

La reciente aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que habilita a cada persona trabajadora a retirar anticipadamente hasta el 10% de sus propios fondos de pensiones, para paliar la carestía, se ha colocado en el centro del debate político nacional. Es evidente que ha abierto una crisis política al interior de la coalición oficial y también que ha puesto en guardia a los capitalistas de las AFP. Sucede que el voto positivo al proyecto por parte de un sector de la coalición oficial, ha puesto en alerta al Ejecutivo, que se encuentra operando para evitar la completa aprobación del proyecto en el Senado, donde la oposición también depende del acompañamiento de algunas y algunos senadores de Chile Vamos. Por su parte, las AFP han puesto el grito en el cielo porque parten de la consideración de que los recursos de la ‘capitalización personal’ les pertenecen a ellos, y no a las y los trabajadores, que son quienes han abonado ese dinero mes a mes durante décadas, y en muchos casos durante toda una vida.

El Ejecutivo y las AFP han expresado profusamente su indignación a través de los medios, especialmente a través de los editorialistas de El Mercurio. Han salido como un solo puño a denunciar la ‘irresponsabilidad’ de la oposición, acusándola de comprometer “las jubilaciones actuales y en particular la de las y los jóvenes”. La hipocresía del presidente y de los capitalistas de las AFP no podría ser mayor. Pues si hay alguien a quien no le interesa las condiciones previsionales y de vida de las y los trabajadores, jubiladas y jubilados, es a las AFP y su muñeco Piñera. La prueba está en que el 50% de las y los jubilados de nuestro país cobra menos de $ 150 mil, cuando la canasta básica supera los $ 800 mil.

La reacción desmedida de Piñera y las AFP en torno a la media sanción del proyecto de Ley, le ha permitido a la oposición (¡incluso a una parte de la coalición oficial!) tener su momento de gloria haciéndose de un ropaje ‘popular’ y ‘progresista’. La misma oposición que firmó el “Acuerdo por la Paz Social” en noviembre pasado, y en junio de este año el nuevo “Acuerdo Nacional”, pretende ahora embanderarse como la representante de los intereses populares. Se trata, claro está, de una falacia. Es que la rebelión protagonizada por el pueblo chileno el año pasado hirió gravemente al régimen político en su conjunto y los intentos de recomposición que significaron estos acuerdos no alcanzan para clausurar ese proceso político. En esta clave hay que leer los cimbronazos entre oficialismo y oposición a pocas semanas de anunciado el pacto social frente a la crisis pandémica y también las fisuras cada vez más agudas hacia adentro de la coalición de gobierno.

Sucede que el núcleo del proyecto en cuestión no es más que una ‘redistribución de la miseria’, en tanto los recursos para paliar la situación crítica que viven millones de personas trabajadoras del país saldrían de los ahorros de las propias personas trabajadoras. Así, se absuelve al Estado de su responsabilidad política en asistir a los sectores de trabajadoras y trabajadores desocupados y en situación de pobreza. El problema adquiere características dramáticas en momentos donde el propio gobierno admite que la desocupación llegará al 20% en los próximos meses. La respuesta del gobierno, pautada con la oposición en el acuerdo de junio, consiste en impulsar un plan de “pequeños proyectos” (sic) de obras públicas, y subsidios y exenciones impositivas a las Pymes. Es decir que los recursos del Estado irán a parar de nuevo a los capitalistas, sin que antes se abran los libros de contabilidad de las llamadas ‘Pymes’, y sin que exista ninguna garantía de que se generen puestos de trabajo.

En oposición al proyecto de ley en cuestión, que apunta a que las y los trabajadores enfrenten el cuadro de carestía con sus propios ahorros jubilatorios, por un lado, y al plan impulsado por Piñera y el ministro Briones, por el otro, lo que está planteado es impulsar la lucha por un seguro universal al y la cesante de $ 500 mil garantizado por el Estado, por el reparto de las horas de trabajo disponibles entre las y los ocupados y desocupados sin reducir los salarios, y por llevar todos los salarios y jubilaciones a un mínimo de $ 800 mil, que es el monto al que asciende la canasta familiar.

Naturalmente, toda la crisis abierta en torno al retiro de los fondos de pensiones, le da una completa actualidad a una de las principales demandas y reivindicaciones de la rebelión popular chilena: terminar con el robo de las AFP. Desde la dictadura a esta parte, pasando por todos los sucesivos gobiernos de la derecha y la centroizquierda, se ha mantenido en pie este régimen de confiscación de las y los trabajadores, que ha transformado las jubilaciones en una suerte de asistencia social al pensionado. Han pretendido borrar para siempre la naturaleza original de las jubilaciones. Estas son, en realidad, un salario diferido, y por ende su pago debería correr por cuenta exclusiva de la patronal y no de las propias personas trabajadoras.

No será con salidas de tipo individuales, es decir a través de un progresivo retiro de los ahorros de cada persona trabajadora, que se le pondrá fin al fraude de las AFP. Por el contrario, se trata de pelear por la expropiación, sin indemnización, de todos los recursos que hoy se encuentran en manos de las AFP, y que pasen a ser gestionados y controlados por las personas trabajadoras y jubiladas. Sería el primer paso para avanzar, progresivamente, en restituir los aportes patronales a la caja previsional.

El curso de los acontecimientos deja en claro que este programa de reivindicaciones inmediatas, por el seguro al cesante, por el derecho al trabajo y en defensa de los salarios y las jubilaciones, merece una lucha de conjunto, en oposición a la política de la CUT, bajo la dirección del PC, que aplaude las maniobras parlamentarias y mantiene a la central obrera en la completa parálisis. En este camino se inscriben las jornadas de lucha del 2 y 3 de julio que además evidencian las enormes reservas de lucha que tiene el pueblo chileno y la vigencia del proceso político abierto con la rebelión popular del pasado octubre. La tarea de desenvolver estas tendencias está planteada a partir de la coordinación de las ollas comunes e impulsando un congreso de delegados de base de todos los sindicatos.

Este programa de reivindicaciones urgentes debe ir acompañado de todo un plan económico y político de las y los trabajadores. Cobra un enorme valor la lucha por un impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas, por la ruptura con el FMI, el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Así se podrían destinar los recursos del país a pilotear la crisis sanitaria y social. La incompatibilidad de todas estas reivindicaciones y este programa con la continuidad de Piñera y con la ‘cocina’ parlamentaria, le otorga una completa actualidad a la lucha para que se vayan y por poner en pie una asamblea constituyente libre y soberana.

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