Entre el 13 y el 14 de mayo hubo más de 5.000 contagios por coronavirus en Chile y se ha producido el record de muertes en 24 horas. Aunque en estos días se registra una disparada de la curva de contagios, la tendencia sensiblemente alcista de infectados data del 29 de abril. Desde aquella fecha, los contagios superaron los 1.000 casos diarios. Se trata de la consecuencia lógica de la política del gobierno de Sebastián Piñera, que sistemáticamente atentó contra la instauración de una cuarentena en regla, en aras de preservar la rentabilidad capitalista. A mediados de abril, Piñera intentaba concretar el retorno de los trabajadores estatales a sus puestos laborales y la reapertura de comercios y shoppings, en nombre de la ‘nueva normalidad’ y el ‘retorno seguro’.  

El crecimiento exponencial de infectados y el desfinanciamiento del sistema sanitario, que de ningún modo se ha revertido con el desembarco de la pandemia, ha derivado en una enorme propagación del virus entre los trabajadores de la salud y en la muerte de una trabajadora hospitalaria de Valparaíso. El colapso de las instalaciones hospitalarias para casos críticos es inminente. A nivel nacional, el 75% de las camas de cuidados intensivos, tanto del sector público como del privado, se encuentran ocupadas, y en la zona metropolitana, donde más aceleradamente avanza la propagación virus, la ocupación supera el 90%.

El cuadro crítico descripto ha obligado al gobierno a decretar la cuarentena obligatoria en todo el Gran Santiago, donde viven 8 millones de personas. Con esta tardía medida, el gobierno pretende reducir a 1.500 los contagios diarios y evitar el total colapso de las camas críticas.

Al Fondo

El mismo día que se conocía el salto exponencial en la curva de contagios en el Gran Santiago, el Banco Central de Chile anunciaba la solicitud de un crédito al Fondo Monetario Internacional. Según el Fondo, el crédito peticionado, denominado Línea de Crédito Flexible, solo es otorgado a los países que cuentan con “muy sólidos fundamentos macroeconómicos”. Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, ya adelantó que le recomendará al directorio del organismo la aprobación del crédito. El monto del mismo asciende a los 23.800 millones de dólares, lo que equivale a más de la mitad de las reservas del Banco Central.

Según la minuta explicativa emitida por el propio BCCh el martes pasado, la Línea de Crédito Flexible “está diseñada para países que no sufren de crisis de balanza de pagos, pero que, en una situación extremadamente grave, podrían llegar a experimentar presiones sobre la misma”. Es decir que la crisis en la balanza de pagos está planteada como perspectiva inmediata o mediata. El mismo miércoles 13, el BCCh informaba que hasta el 11 de mayo había inyectado recursos por el orden de los 14 mil millones de dólares a la banca, para promover el crédito de los bancos a las empresas. A fines de noviembre pasado, el Banco Central instrumentaba el mayor paquete de intervención en el mercado cambiario de su historia, poniendo a disponibilidad unos 20 mil millones de dólares, hasta fines del presente mes, para evitar el derrumbe de la cotización del peso chileno. Toda esta política de intervención, se combinó con una sensible caída del precio del cobre y de las ventas y, en consecuencia, del ingreso de divisas al país trasandino. Como corolario, se ha incrementado agudamente la deuda externa corporativa, que a causa de la devaluación ya equivale al 130% del PBI chileno.

Aunque en principio el crédito no esté destinado a financiar el gasto público y no tenga como contrapartida la imposición de condicionalidades por parte del Fondo contra el país, todo eso  quedará cuestionado por la aguda crisis que atraviesa la economía. El ‘crédito flexible’ podría mutar a un tutelaje liso y llano del Fondo sobre la economía y las políticas chilenas.

Crisis social y luchas

El tercer elemento que caracteriza la situación en Chile es el descomunal crecimiento de la crisis social. Desde el desembarco de la pandemia se han producido cerca de 500 mil suspensiones laborales. Las patronales se han valido de la ley de “protección” al empleo, votada por la derecha, la Democracia Cristiana, el PS, el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio, para avanzar en las suspensiones masivas de personal con rebajas salariales. El parlamento acaba de aprobar un Ingreso Familiar de Emergencia durante mayo, junio y julio, de apenas 65 mil, 55 mil y 45 mil pesos chilenos respectivamente. En Chile, la canasta básica ronda los 500 mil pesos y la canasta familiar los 800 mil.

La descarga de la crisis social sobre las masas trabajadoras de Chile encuentra la resistencia de cada vez más crecientes sectores del movimiento obrero. Desde los trabajadores de la salud, organizados en la Fenats, que denuncian y ponen de relieve el vaciamiento criminal del sistema sanitario, hasta trabajadores mineros del norte chileno que pelean en defensa de los salarios y contra una aguda flexibilización laboral que las patronales pretenden imponer.

La tentativa del gobierno de Piñera de reforzar un pacto de unidad nacional y paz social, que pretende anunciar en el discurso de la “cuenta pública” en el parlamento el próximo 1 de junio, enfrenta a un pueblo en el que aún late fuertemente el ánimo de rebelión que se desató el 18 de octubre de 2019.