Ha causado una gran conmoción el asesinato del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez Garrido (35 años) al interior de Azeta, la empresa donde trabajaba. Azeta presta servicios tercerizados a Chilectra, encargada de la distribución eléctrica en la capital. El repudio se acrecentó cuando el informe del Servicio Médico Legal determinó que la muerte fue producto de un disparo de bala en la cabeza, propinado dentro de la empresa. El secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick (UDI), y la Policía de Investigaciones (PDI) difundieron declaraciones -casi calcadas- acerca de una "bala perdida", según la cual "el proyectil provenía de un lugar externo a las inmediaciones de la empresa" (El Mercurio 23/2).

Juan Pablo se había destacado por su compromiso leal y honesto en la defensa de los intereses de su clase. Fue el fundador del sindicato de su empresa y animador de la Federación de trabajadores de Azeta. A fines de 2012 había desarrollado un reñido proceso de negociación colectiva que terminó en una huelga. Estos hechos, sumados a constantes denuncias que Juan Pablo realizaba por abuso laboral y condiciones deficientes de seguridad en el trabajo, hacían que su relación con la patronal fuera cada vez más conflictiva. Después de la muerte de Juan Pablo, los patrones de Azeta no suspendieron la jornada laboral.

Ello permitió que se alteren muchas de las evidencias en el lugar, facilitando, una vez más, la impunidad con la cual ocurren muertes en los lugares de trabajo en el país. La movilización emprendida desde los dirigentes sindicales de la Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Sector Privado (CEPCH) y de la Conferencia Intersindical de Trabajadores -donde militaba Juan Pablo- puso de manifiesto que la hipótesis levantada por el gobierno y la PDI sobre "la bala perdida" no tenía respaldo alguno.

Sólo la movilización nos dará "verdad y castigo"

El lunes 25 se convocó a una asamblea abierta de coordinación por el asesinato, donde asisten más de 300 personas en representación de 60 organizaciones políticas de izquierda, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos. Allí se decide levantar una jornada de movilización nacional para el miércoles 27 de febrero, bajo la consigna "Verdad y castigo, todos somos Juan Pablo Jiménez". No se hicieron presentes organizaciones ni sindicatos vinculados con los partidos de la Concertación ni del Partido Comunista, como tampoco de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que preside Bárbara Figueroa (PC).

La gran convocatoria que se espera para este miércoles en Santiago, con una importante participación de distintos sindicatos, es la manifestación de cómo la clase obrera chilena comienza a dar importantes pasos en su reorganización histórica, en una perspectiva de independencia política. Distintos sindicatos ya han desplegado manifestaciones por esta cuestión, hecho que no se veía desde hace más de treinta años.

Al repudiar este crimen contra la clase obrera, las movilizaciones le dicen basta a los abusos patronales, a la tercerización y la manipulación de la información por parte del gobierno, las policías y la prensa. Claramente, el movimiento sindical clasista en Chile no será el mismo después de este crimen a uno de los suyos.