Tras dos maratónicas jornadas de audiencias públicas en las que participaron más de 130 oradores, los 10 ministros que integran el Tribunal Constitucional de Chile se expidieron, por 6 votos contra 4, por la constitucionalidad del proyecto de ley que despenaliza el aborto en 3 causales: violación, riesgo de vida para la madre e inviabilidad del feto. Resta, aún, la promulgación de la medida por parte del Poder Ejecutivo.

 

Se trata de un fallo precedido por una intensa movilización de las organizaciones de mujeres, de un lado, y de una furiosa campaña clerical y derechista del otro. El reclamo mayoritario del pueblo chileno en favor de la despenalización se hizo sentir tanto en la calle como en las múltiples encuestas a través de Twitter y televisión que los medios de comunicación hicieron públicas. Esto representa un paso adelante de las luchadoras chilenas (el país trasandino era uno de los pocos, junto al Vaticano, que prohibía la práctica del aborto en cualquier variante), aunque fuertemente limitado. La cuestión había llegado al TC debido a una apelación de la coalición derechista Chile Vamos, tras la aprobación del proyecto en el Congreso chileno.

 

 

A las limitaciones del proyecto de ley impulsado por la Nueva Mayoría cabe añadir los obstáculos adicionales que levantó la mayoría del TC. El proyecto original toleraba la objeción de conciencia a nivel individual para los profesionales de la salud en la práctica del aborto, pero el TC ha decidido extenderla a las instituciones sanitarias, cediendo al lobby del Hospital Clínico de la Universidad Católica y el Hospital Parroquial San Bernardo, entre otras entidades.

 

El carácter estratégico de este obstáculo contra el derecho al aborto fue reconocido por la abogada que representó a Chile Vamos ante el TC, Angela Vivanco, quien analizó que pese a no haber logrado la inconstitucionalidad de la norma pudieron poner una traba fundamental: “la objeción de conciencia es el último y el final reducto de la idea de protección de la vida humana”, celebró (Cooperativa, 28/8).

 

Se viene una intensa campaña clerical para boicotear la aplicación de la norma en las instituciones sanitarias, donde la Iglesia goza de un enorme peso.

 

Las mujeres chilenas están frente a un fuerte bloqueo al acceso al aborto en estas tres causales, ya que hospitales enteros podrían negarse a realizar la práctica, transformando el sufrimiento de la mujer o de la niña chilena en una dramática peregrinación por los hospitales del país, acorde a los mandatos de la Iglesia Católica que tanto empeño pone en negarle a las mujeres el derecho a una vida digna.  

 

El movimiento de mujeres chileno debe enfrentar decididamente el sabotaje de la Iglesia Católica y los partidos del régimen, como parte de la batalla por el aborto legal, seguro y gratuito. Debe desarrollar, sobre todo, una organización independiente de estos para avanzar por todos los derechos de las mujeres y garantizar que la limitada ley se haga efectiva en todos los hospitales.

 

 

Con el proyecto de despenalización del aborto en las tres causales, el gobierno de Michelle Bachelet ha intentado –en las vísperas de las elecciones presidenciales- recuperar una popularidad que se despeñó y, al mismo tiempo, jugar un rol de contención y cooptación de un profundo movimiento de lucha. Ese es el rol político más general que cumple la Nueva Mayoría y a cuyos efectos sumó a la coalición de gobierno al PC.

 

En la misma línea se ubica el proyecto de matrimonio igualitario que anunció Bachelet a fines de agosto. Este fue presentado deliberadamente sobre el fin de su mandato, con lo que su tratamiento comenzará, con suerte, a mediados del año próximo, probablemente con la derecha en el poder.

 

La agenda de Bachelet ha mostrado los límites insuperables de la Nueva Mayoría para superar la herencia pinochetista.

 

Las luchadoras chilenas deben tomar nota de este hecho y unir su lucha al desarrollo de una alternativa política de los trabajadores.