El viernes tuvo lugar el cambio de mando presidencial, asumiendo Gabriel Boric como nuevo presidente de Chile. El encargado de dirigir la sesión en la que se operó el traspaso de mando fue el flamante presidente del Senado, Álvaro Elizalde, del Partido Socialista (fuerza integrante de la coalición de gobierno), quien logró el cargo a raíz de un acuerdo de reparto de autoridades con la derecha (a excepción de Renovación Nacional).

Mientras tenía lugar la ceremonia, en las inmediaciones del Congreso -completamente cercado por Carabineros- tuvieron lugar manifestaciones que exigían “Cárcel a Piñera” – presidente saliente- y “Libertad a lxs presxs políticxs”. En distintos puntos del país se desarrollaron manifestaciones con las consignas mencionadas ya desde el jueves.

En Santiago, la jornada del viernes arrancó con un “mochilazo” de estudiantes secundarixs y por la tarde se desarrollaron protestas en Plaza Dignidad y otros puntos de la Alameda, contra las cuales se desató una brutal represión, con el objetivo de dispersarlas y que no lleguen a La Moneda. Allí, Boric iba a dar su primer discurso como presidente de Chile. Que quede claro: reprimió el flamante gobierno de Boric; Sebastián Piñera ya estaba en su casa.

La indignación generalizada que provoca el hecho de que Piñera culmine su mandato sin sufrir consecuencia alguna, ni siquiera por las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante su mandato (hubo muertos, heridos y detenidos en el curso de la rebelión popular contra su gobierno) deberá traducirse en organización, ya que no podemos esperar que el presidente saliente pague por sus crímenes por la acción del gobierno de Boric, quien desde la oposición lo sostuvo en su cargo, mientras el pueblo chileno en rebelión exigía en las calles ¡Fuera Piñera!.

La libertad de lxs presxs políticxs en primer lugar

La “fiesta democrática y republicana” que se montó se llevó adelante con decenas de luchadorxs encarceladxs. La lucha denodada de familiares y organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos por su liberación, ha convertido a esta demanda elemental en un problema político para la Convención constituyente en su momento y ahora para el gobierno de Apruebo Dignidad. En este sentido hay que leer el anuncio que realizó el nuevo gobierno -un día antes de la asunción- de retirar al Estado de 136 querellas presentadas por Piñera, por aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, que derivaron en el encarcelamiento de luchadorxs. Aunque hay que señalar que estamos frente a una medida simbólica que no implica la libertad de ningún preso político, pues sin querellantes las causas siguen igualmente su curso.

En su discurso, Boric habló de “cerrar las heridas del estallido”, pero no decretó la libertad de los presos políticos, teniendo el poder para hacerlo. Si no lo ha hecho, es para no enfrentarse con la derecha opositora -que ya puso el grito en el cielo por el retiro de las querellas- ni con los sectores de la centroizquierda ex concertacionista, integrados al nuevo gobierno; en definitiva, Boric no quiere enemistarse con la clase dominante, demostrando que va a “respetar” la “institucionalidad” estatal-burguesa.

Nuestras compañeras y compañeros no pueden pasar un día más encarcelados. Debemos redoblar los esfuerzos para poner en pie instancias de coordinación para organizar la lucha y arrancarlxs de las garras del Estado. El reclamo de la libertad de todxs los presxs políticxs es levantado por la mayoría de las organizaciones sociales, barriales, etc y se ha convertido en un reclamo popular. Tenemos como cuenta pendiente convocarnos de manera unificada para definir un plan de lucha y pegar como un solo puño hasta lograr la libertad de todxs, sin condiciones, ni distinciones.

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