El pasado 11 de septiembre se cumplieron 49 años del golpe cívico-militar encabezado por Augusto Pinochet que derrocó al gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, dando inicio a uno de los capítulos más oscuros de la historia chilena que duró hasta 1989. Como cada año para esta fecha, se realizó la tradicional romería al cementerio general de Recoleta, actividad en la que confluyen organizaciones políticas referenciadas con la izquierda del arco político del país.

El gobierno, por su parte, realizó un pequeño acto en La Moneda donde el presidente Gabriel Boric expresó: “Frente a las divisiones, a los problemas de la sociedad, nosotros vamos a responder con más democracia y nunca con menos. Y esa es precisamente la enseñanza que nos dejó el presidente Salvador Allende”. La hipocresía es mayúscula ya que en esos mismos momentos, en las inmediaciones, Carabineros empezaba a descargar su potencia represiva contra la columna de manifestantes que se desplazaba por la Alameda, como cierre de una semana caracterizada por la criminalización de la protesta y violencia estatal como única respuesta a los reclamos del movimiento estudiantil.

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El despliegue represivo comenzó en la noche anterior con el copamiento de Carabineros en varias comunas. Las rejas del cementerio fueron retiradas para facilitar el ingreso de la fuerza policial militarizada que se lanzó a la cacería de cientos de manifestantes que se encontraban rindiendo homenaje a las víctimas de la dictadura, con gases lacrimógenos y gas pimienta lanzado desde blindados. La acción represiva fue completada al día siguiente con el anuncio de la presentación de decenas de querellas por parte del subsecretario del interior.

Atrás quedaron las promesas de campaña sobre la investigación de las violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros, o la refundación o reforma de esta entidad. En cada oportunidad que tiene, el gobierno brinda respaldo político a esta institución nefasta. Además, en un nuevo ataque al pueblo mapuche, fue renovado por 7° vez el estado de excepción en el Wallmapu. Los simbolismos cedieron paso a una política represiva descarnada contra todo aquel que levante la voz.

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