Las protestas y barricadas que se desarrollaron el 2 y 3 de julio en todo el país, donde se volvió a evidenciar el carácter criminal y asesino de la represión estatal; la proliferación de las ollas comunes, que representan la repuesta popular al crecimiento del hambre en las poblaciones; las luchas que empiezan a protagonizar sectores del movimiento obrero, como el paro que impulsa para este lunes un sindicato minero en oposición a la orientación de la burocracia de la Federación de Trabajadores del Cobre, dan cuenta que el proceso abierto el 18 de octubre pasado de ningún modo se ha cancelado.

 

Las tendencias a la rebelión popular siguen completamente presentes y latentes, dado que las grandes reivindicaciones que dieron lugar a la rebelión chilena no solo se encuentran insatisfechas sino que se han agudizado. La tentativa del gobierno de Sebastián Piñera y toda la ‘oposición’, de blindarse contra una nueva emergencia de la rebelión popular sellando un nuevo “acuerdo nacional”, encontró rápidamente un cuestionamiento popular callejero y combativo. Organizar ahora la respuesta general de la clase trabajadora contra el régimen de la catástrofe sanitaria, la desocupación, el robo a los jubilados y el hambre, se presenta como la tarea de primer orden.

 

Progresa la crisis sanitaria y social

 

En las últimas semanas se ha puesto en evidencia que la clase trabajadora es el sector más expuesto al coronavirus. Se trata de la consecuencia lógica de la negativa patronal y del gobierno de paralizar las actividades no esenciales y de no garantizar las medidas elementales de seguridad e higiene para evitar la propagación de los contagios. Es lo que se revela, en primer lugar, entre los propios trabajadores de la salud, que ya cuentan entre sus filas con más de 13 mil contagiados. O, para dar un ejemplo, en la fábrica Fruna de Maipú, en la que se han producido contagios masivos; o entre los empleados de comercio, o entre los mineros, donde la masiva propagación del virus ha paralizado de hecho gran parte de la faena y donde se prepara un paro para este lunes 6. En la Región Metropolitana se multiplicaron las denuncias de trabajadores, de rubros no esenciales, que son obligados a ir a trabajar por las patronales que utilizan permisos fraudulentos para tal fin, ello frente a los ojos de las autoridades que, en el mejor de los casos, se limitan a realizar actas de infracción. La impunidad de la que goza la clase capitalista surge de una alianza de hierro con el gobierno, que desde el primer momento ha evitado la instauración de una cuarentena general.

 

La evolución de los contagios y las muertes por Covid-19 se combinan con un descomunal crecimiento de la pobreza. Con una tasa de desocupación que alcanza el 12%, y con expertos que advierten que si se contabiliza el empleo informal podría llegar hasta el 20%, con salarios y jubilaciones que no alcanzan a cubrir la canasta de pobreza, la tentativa del gobierno de Piñera de vetar las limitadas leyes de ayuda social que han sido aprobadas por el Congreso y de mantener el régimen de fraude y robo de las AFP, se revelan como una política criminal.

 

La “argentinización” de la economía chilena

 

En momentos donde crecen los contagios y la carestía, el gobierno de Piñera avanza en una reforma constitucional que plantea un mayor hundimiento de las cuentas nacionales. Se encuentra ya en tramitación la posibilidad de que el Banco Central de Chile pueda comprar bonos del Tesoro en el mercado secundario. La iniciativa implica una reforma constitucional que apunta al financiamiento del fisco en forma indirecta con las reservas del BCCh. La iniciativa busca abordar el problema del vaciamiento sistemático de las arcas fiscales por parte del gobierno, como consecuencia de los planes de rescate capitalistas impulsados por el gobierno, entre los que se encuentra el paquete de 12 mil millones de dólares acordado por Piñera, junto con la ‘oposición’.

 

Es necesario recordar que este plan que se tiene para el Banco Central, ha estado precedido por un endeudamiento del país con el FMI, por el orden de los 23 mil millones de dólares, por un descomunal despilfarro de reservas en el mercado de cambio para evitar una mayor devaluación del peso, y por la emisión de una línea crediticia barata para la banca privada equivalente a los 40 mil millones de dólares. Hay que tener en cuenta también el derrumbe del PBI proyectado para este año, el crecimiento exponencial de la deuda corporativa, que supera el 130% del PBI, y la contracción de las exportaciones de Codelco, como consecuencia de las parálisis de las faenas por los brotes de covid-19, y de la industria vitivinícola, como consecuencia de la caída de la demanda china.

 

Tomados de conjunto, todos estos elementos plantean que el horizonte que le depara al Estado chileno es el de del Estado argentino, es decir, el default. Recobra, como nunca, la importancia de un plan económico y político integral de los trabajadores, que parta de la ruptura con el FMI, la nacionalización sin pago de todo el sistema bancario, los recursos naturales y estratégicos, y el control obrero general.

 

Por la huelga general

 

En el actual cuadro de evolución de la crisis sanitaria, de la crisis social y de la bancarrota capitalista, la dirección de la CUT mantiene paralizados los sindicatos y ha sido un factor primordial en el sostén del gobierno criminal de Piñera. Esta fue la línea fundamental de la dirección de la CUT desde el 18 de octubre hasta la fecha. La parálisis de la CUT tiene especial contundencia desde el desembarco de la pandemia, justamente en el momento en el que más a fondo ha ido la burguesía y el gobierno contra las conquistas y los derechos de los trabajadores. La estrategia de doble agente que desarrolla el PC, conducción de la CUT, es perversa: no adscribe los acuerdos llevados adelantes por toda la oposición como partido, pero subordina a la CUT al plan del Estado y las patronales de descargar la crisis en los hombros de la clase trabajadora. Esta estrategia devela el compromiso del Partido Comunista y todos sus aparatos con el régimen imperante.

 

En este escenario, se impone la necesidad de luchar por un congreso de bases del movimiento obrero y una articulación a nivel nacional de las asambleas populares que hoy están en las ollas comunes por un paro activo nacional y un plan de lucha por el conjunto de las reivindicaciones obreras y populares: la duplicación del presupuesto sanitario y la centralización de todo el sistema de salud, incluyendo el sector público y privado, y ponerlo bajo la dirección de comités de crisis compuestos y electos por los propios trabajadores y profesionales de la salud; defender el derecho a cuarentena defendiendo un ingreso mínimo para todos los desocupados, garantizado por el Estado, de $550 mil. Hay que prohibir los despidos y las suspensiones, establecer salarios y jubilaciones mínimas de $800 mil y poner en pie comités de trabajadores en todos los lugares de trabajo, con poder de paralización de las tareas no esenciales o de las tareas que no respeten los protocolos de seguridad e higiene.

 

El impulso de estas medidas de emergencia, en conjunto con un plan económico y político de conjunto, le otorga una renovada actualidad a la pelea por echar a Piñera y por una asamblea constituyente libre y soberana.