Alrededor de 2 millón de personas se movilizaron ayer domingo en Chile contra la estafa del sistema de jubilación privada impuesto hace más de 35 años por la dictadura de Pinochet y rigurosamente respetado por todos los gobiernos izquierdistas y derechistas que la sucedieron, incluido el actual, del cual forma parte el Partido Comunista.

 

Solo en Santiago, participaron más de 600 mil personas. También hubo manifestaciones muy importantes en otros 300 puntos del país, entre ellos Arica, Valparaíso, Talca, Valdivia, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas.

 

La de hoy fue la movilización más grande de las que se han realizado hasta el momento por este tema, todas ellas impulsadas por el movimiento denominado No + AFP. Ya se habían llevado a cabo varias el año pasado, que congregaron a centenares de miles, en una muestra del nivel de rechazo que existe entre la población al actual régimen previsional privado.

 

El sistema de desfalco

 

El régimen de las denominadas administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), estrechamente vinculado con el sistema financiero, es de una confiscación draconiana de los aportes de los trabajadores y de virtual liquidación del sistema previsional, ya que un alto porcentaje de los jubilados cobra un haber que apenas supera el 35% del salario que tenía en actividad.

 

La promesa gubernamental y de las AFP en los orígenes de la implantación obligatoria del sistema, en el año 1981, fue que los nuevos jubilados iban a recibir el equivalente al 70% del sueldo que cobraban al retirarse. A poco de andar, cuando comenzaron a salir las primeras jubilaciones, quedó clara la estafa: los haberes eran menores a los que se hubieran recibido si el sistema hubiera seguido siendo estatal. Desde ese momento no hicieron más que caer en relación con los salarios que cobraba el trabajador antes de retirarse.

 

De manera obligatoria, los trabajadores chilenos deben destinar entre el 10 y el 12% de su sueldo a las AFP y, al igual de lo que sucedía en nuestro país con el régimen de las AFJP, instaurado en 1993 por Carlos Menem, las administradoras se cobran una suculenta comisión y el resto del dinero lo colocan, sin ningún control real, en distintas inversiones financieras. El ahorro individual forzado de cada trabajador activo depositado en las AFP es usado como una fuente de recursos frescos para monopolios nacionales y foráneos, en la forma de bonos y acciones.

 

Es decir que en el sistema lo único seguro y mensurable es la ganancia de las AFP. Tan es así que la presidenta Michelle Bachelet, que avaló el sistema de desfalco en sus dos períodos como presidenta, declaró que debía modificarse este mecanismo y que lo que cobren las administradoras esté vinculado a la rentabilidad de las inversiones que realizan, ya que "las pérdidas en los fondos de los trabajadores no pueden ser un negocio para nadie". A esos lobos les deja seguir cuidando el gallinero.

 

Ante el repudio popular y el crecimiento de las movilizaciones, la titular del gobierno “izquierdista” anunció que va a enviar al Parlamento un proyecto de reformas del sistema, pero rápidamente aclaró que de ninguna manera se trata de quitarle el suculento negocio a los banqueros sino que sólo añadirán una AFP del Estado, para sumar “competencia” y que “sea una alternativa para los que la quieran y que acoja a los trabajadores y trabajadoras que hoy carecen de cobertura previsional", es decir para cubrir con un haber mínimo a los que no son negocio para las administradoras de pensión. La “crema” sigue en manos de estas.

 

El planteo de un sistema mixto cuenta con el apoyo del PC (dirección de la CUT), que fue incorporado a la coalición de gobierno con el propósito de contener y limitar la movilización popular. Estos intentos de contención de la administración Bachelet se ven recurrentemente desafiados, como lo demuestra la movilización de ayer.

 

El PC interviene en las movilizaciones contra las AFP con el objetivo de limitar su alcance, es decir como un bombero del gobierno.

 

Entre otros puntos de la reforma oficial se encuentra el aumento en la edad jubilatoria –que hoy es similar a la argentina: 65 los hombres y 60 las mujeres- pero como esto genera un fuerte repudio popular, tratarían de hacerlo pasar con “incentivos” para “compensar” la mayor cantidad de años trabajadores (Diario Financiero, 23/3).

 

Y se sumaría un aporte del 5% a pagar por los empresarios al que se llegará al cabo de… diez años (ídem). Las grandes patronales ya aclararon que ese porcentaje piensan trasladarlo a los precios o descontarlo de los aumentos de salarios por acordarse en el futuro.

 

Bachelet también declaró “que el sistema no solo sea justo sino sustentable", es decir que las jubilaciones no se van a mover sustancialmente de los miserable niveles actuales.

 

La bronca popular se acentúa porque las fuerzas armadas, policía (carabineros) y de seguridad, entre otros privilegiados, fueron mantenidos por la dictadura (y los gobiernos civiles que la sucedieron) en el sistema estatal, y hoy cobran jubilaciones que multiplican por diez los valores de las que reciben los trabajadores-jubilados, que son obligados por ley a aportar a los banqueros de las AFP.

 

El reclamo, que levanta en Chile el Partido Obrero Revolucionario, es de una jubilación equivalente al 83% del salario en actividad, que se pague con el aporte de los empresarios; transferencia de todos los ahorros en manos de las AFP a un organismo estatal de fondo de pensiones, que esté bajo el control y la administración de representantes de trabajadores activos y pasivos.

 

Esta lucha contra las AFP se da frente a un gobierno que está seriamente debilitado. La popularidad de Bachelet y de la coalición gobernante está por el piso cuando faltan apenas unos meses para la elección presidencial.

 

Del otro lado, la derecha también sufre un desprestigio por sus años de políticas antiobreras al frente del gobierno.

 

“Estamos todos cuestionados”, reconoció el ex presidente socialista Ricardo Lagos para dar cuenta de esta crisis que envuelve a derechistas y concertacionistas.

 

A las manifestaciones contra la jubilación privada se le suman recientes huelgas de distintos sectores industriales y mineros, la movilización en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora (100 mil personas en Santiago) y las de los estudiantes, entre otras.

 

Para la izquierda chilena se plantea la necesidad de avanzar en la estructuración de una alternativa independiente. Hay que desarrollar una alternativa política de los trabajadores.