Internacionales
23/6/2026
Chile: embargos a “deudores” de los créditos para el acceso a la educación superior
Plenario realizado en la CUT resolvió movilizarse el 25 por la condonación de las “deudas” del CAE.
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Fuerza 18 de Octubre
La educación en Chile continúa siendo un espacio de negocios para los sectores privados
El Crédito con Aval del Estado (CAE), que hace 21 años fue presentado como una solución para que los jóvenes chilenos pudieran acceder a la educación superior, se ha transformado en una pesada carga para miles de personas. Desde el 4 de junio, numerosos deudores de créditos garantizados por el Estado para pagar el arancelamiento universitario, han enfrentado cobros excesivos, embargos e incluso el congelamiento de sus cuentas bancarias. Por resolución de la Tesorería General de la República, que justificó esta decisión señalando que existen altos niveles de morosidad y que el Estado, tras haber respondido a los bancos prestadores como avalista, busca recuperar los recursos desembolsados. Sostuvo que los embargos estaban dirigidos a personas con ingresos superiores a 3,5 millones de pesos chilenos mensuales. Sin embargo, la realidad mostró otra cara: muchos trabajadores que apenas superan el salario mínimo terminaron con sus cuentas vaciadas o bloqueadas.
En un contexto en que los precios de los alimentos, el transporte y los combustibles aumentan constantemente, donde el salario mínimo sigue estando muy por debajo del costo real de la vida y cada vez más trabajadores no logran llegar a fin de mes pese a tener empleo, el cobro del CAE se convierte en un ataque directo al bolsillo de quienes viven de su salario.
De cómo nace el CAE
En 2005, el presidente Ricardo Lagos promulgó la Ley 20.027, que dio origen al Crédito con Aval del Estado. La iniciativa fue presentada como un mecanismo para facilitar el acceso a la educación superior de estudiantes que no contaban con los recursos necesarios para financiar sus estudios.
El sistema funciona mediante préstamos otorgados por la banca privada, mientras el Estado actúa como garante de la deuda. En la práctica, opera como un crédito de consumo, con cuotas indexadas a la UF más un 2% de interés. Miles de estudiantes egresaron con deudas elevadas y crecientes. Muchos de ellos nunca lograron alcanzar ingresos suficientes para pagarlas, mientras la banca privada obtuvo enormes ganancias gracias a un negocio respaldado por recursos públicos.
La actual crisis provocada por los embargos deja en evidencia que la educación continúa siendo un espacio de negocios para los sectores privados, financiado a costa del endeudamiento de las familias trabajadoras. En lugar de destinarse a garantizar el acceso universal a una educación pública, gratuita y de calidad, los recursos estatales han servido para sostener un sistema financiero parasitario que beneficia a los bancos.
El expresidente Gabriel Boric incluyó la condonación del CAE en su programa de gobierno. Sin embargo, una vez en La Moneda, incumplió esa promesa, dejando a miles de trabajadores expuestos a embargos y al deterioro de sus condiciones de vida.
La respuesta no se hizo esperar
La decisión del actual gobierno de José Antonio Kast fue respondida con una rápida articulación de las y los afectados. Esto dio lugar a una asamblea realizada en la sede de la CUT (central sindical chilena), en la que participaron más de 500 deudores del CAE y dirigentes sindicales. En la instancia se debatieron dos alternativas. Por una parte, mejorar las condiciones de pago mediante mecanismos como el pago exclusivo del capital adeudado y la eliminación de reajustes. Por otra, impulsar una solución de fondo: la condonación total de las deudas. Tras la votación, la asamblea se pronunció ampliamente a favor de la condonación universal y resolvió convocar una movilización para el próximo 25 de junio, con el objetivo de exigir el fin de los embargos y la eliminación de las deudas asociadas al acceso a la educación.
Una lucha del conjunto de la clase trabajadora
En un país donde una gran parte de los jóvenes profesionales recibe salarios insuficientes, enfrenta condiciones laborales precarias o incluso trabaja en áreas ajenas a aquellas para las que se formó, la deuda del CAE se transforma en una condena que puede extenderse durante décadas.
El debate en torno a esta medida suele omitir deliberadamente una cuestión esencial: nadie debería endeudarse para poder estudiar. La educación constituye un derecho social, tal como lo plantearon las movilizaciones estudiantiles de 2006, 2011 y los años posteriores. Por ello, la educación debe ser pública, gratuita y de calidad, financiada mediante una mayor carga tributaria sobre los grandes grupos económicos.
Quienes se oponen al levantamiento del secreto bancario y a que el Estado pueda revisar las cuentas de los empresarios en nombre de la libertad individual son, muchas veces, los mismos que hoy respaldan que ese mismo Estado utilice todo su poder para embargar cuentas bancarias y confiscar recursos a trabajadores endeudados. La defensa de la libertad parece tener límites muy distintos cuando se trata de proteger los intereses de los bancos y grandes acreedores.
La lucha por la condonación universal de esta estafa, diseñada para beneficiar a la banca privada, debe ser asumida por el conjunto de las organizaciones sindicales y populares, ya que representa un ataque directo al bolsillo de las y los trabajadores. El próximo 25 de junio debemos llenar las calles para exigir la devolución de los montos embargados y la condonación total de las deudas, sin letra chica, ni falsas soluciones.
¡Trabajadores y estudiantes unidos por el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad!
