El 4 de enero se inició el proceso de rendición de la denominada “prueba de transición”, proceso obligatorio para quienes pretenden acceder a la educación superior. El ingreso entonces a la formación universitaria está condicionado al puntaje que se obtenga en esta evaluación que va a determinar además a que universidad y qué carrera se puede acceder. Como viene sucediendo hace muchos años, el estudiantado secundario organizó una serie de acciones para denunciar el carácter segregacionista de este sistema de ingreso y solicitar a las autoridades educativas respuestas al histórico reclamo de acceso universal y gratuito a la educación superior.

Así, en la primera jornada de evaluación se llevó a cabo la toma del ministerio de educación por parte de estudiantes nucleados en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Las y los estudiantes que participaron de la medida recibieron como única respuesta a sus reclamos el violento desalojo de las instalaciones y la detención de 8 manifestantes además de un camarógrafo de Chilevisión y otro de CNN que se encontraban tomando registro de la represión desatada en el lugar.

A través de esta evaluación estandarizada lo que se genera es un mecanismo para que solo unos pocos puedan acceder a la educación superior: solo el 30% de los egresados de colegios públicos ingresa cuando en el caso de los egresados de colegios privados el porcentaje asciende al 79%. Es decir, quienes pueden pagar reciben una educación que les permite llegar en mejores condiciones y, por lo tanto con mayores chances, para superar la evaluación.

Este proceso claramente discriminatorio que deja sin posibilidades de acceso a lxs hijxs de las familias trabajadoras, viene siendo denunciado hace más de una década y motivó enormes movilizaciones y un boicot generalizado al iniciarse el 2020 a la entonces vigente “Prueba de Selección Universitaria” (PSU) pero también poniendo en discusión a todo el sistema educativo puesto al servicio del lucro capitalista. La respuesta del gobierno fue un mero cambio en el contenido y el nombre de la evaluación, sin modificar su carácter y finalidad por lo que el reclamo no solo sigue vigente sino que en ésta oportunidad las y los estudiantes deben someterse a una evaluación en peores condiciones luego de que el gobierno los abandonara a su suerte al no garantizar las condiciones mínimas para que estudiantes y docentes puedan seguir con las clases en la modalidad online debido a la pandemia.

Las y los secundarios dieron el puntapié a la rebelión iniciada el 18-O saltando los molinetes en rechazo al aumento del boleto y han sido protagonistas de las jornadas de lucha que mantuvieron en las calles al pueblo chileno por meses para que se vaya Piñera, por el derecho a la educación y la salud, el acceso a la tierra y a la vivienda y terminar con el negociado de las AFP. Todas éstas demandas siguen sin respuesta y las expectativas del pueblo chileno en el proceso constituyente se irán desarticulando en la medida que éste, por su carácter amañado y su funcionalidad política de rescate del régimen político, no concrete los cambios de fondo que requieren el programa levantado por la rebelión.

Por el acceso universal y gratuito a la educación superior. Abajo la prueba de transición universitaria. Libertad a lxs presxs políticos. Fuera Piñera. Asamblea constituyente, libre y soberana.

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