Luego de la declaración del Estado de Catástrofe, el presidente Sebastián Piñera decretó el toque de queda en todo Chile, el que empezará a regir a partir de este domingo a las 22 horas. Ambos anuncios suponen una cierta cantidad de medidas restrictivas y represivas, y aunque contempla la posibilidad de una cuarentena, para enfrentar la pandemia del CoVid-19, no implica que se concrete en los hechos. Solo sirven, en lo inmediato, a un reforzamiento del aparato represivo contra las permanentes movilizaciones del pueblo chileno.

Es por esto que, en la noche del viernes, en numerosos puntos del país se hicieron escuchar ollas y cacerolas en casas y balcones. Los puntos más álgidos sin duda se situaron en Santiago, donde los vecinos hasta llegaron a formar barricadas. El reclamo es claro y contundente: exigen una cuarentena nacional con cese completo de actividades y aislamiento, cuando ya la pandemia se ha cobrado su primera víctima mortal en la tarde del sábado y más de 500 contagios. En este escenario, Piñera solo ha atinado a declarar que Chile “va hacia una cuarentena progresiva”. 

La pandemia ante un sistema sanitario devastado

La política sanitaria del gobierno de Sebastián Piñera y del ministro de Salud, Jaime Mañalich -quien alguna vez fuera accionista y gerente general de la clínica privada Las Condes-, no apunta a preservar la salud de la población sino a defender los negocios capitalistas. La llegada del CoVid-19 ha puesto de manifiesto, y lo pondrá aún más, el cuadro de desfinanciamiento de la salud pública chilena. Los hospitales sufren un inmenso deterioro edilicio; se hace notoria la escasez de insumos, materiales y medicamentos, y la insuficiencia de personal médico redunda en largas demoras y esperas. 

El desfinanciamiento cada vez mayor de la salud pública está claramente orientado a beneficiar el negocio de la salud privada. Esto se manifiesta en la transferencia continua de afiliados de las prestaciones públicas, nucleadas en el Fondo Nacional de Salud (FONASA), hacia las Instituciones de Salud Previsional (Isapre). Es decir, a entes privados que lucran en base a los aportes de seguridad social que realiza la población trabajadora. Este proceso (iniciado por Pinochet con la creación de las Isapres, la desinversión y la fragmentación del sistema sanitario) fue profundizado por todos los gobiernos subsiguientes. Se trata de un proceso ininterrumpido de desmantelamiento del sistema público de salud.

En los últimos días quedó en evidencia el ocultamiento de información por parte del gobierno. El propio colegio de médicos salió a la cruzada de Mañalich ya que, a pesar de que el Ministerio de Salud alega realizar cerca de los mil tests diarios, no hay información precisa y verídica al respecto. Por el contrario, se evidencia una clara escasez de kits de identificación del virus para las proporciones de su desarrollo, lo que lleva a que se les niegue a los médicos que tratan con pacientes contagiados el test, y se realice para estos últimos solo en los casos con los síntomas más avanzados. No obstante, los datos que brinda el desarrollo pandémico a nivel mundial arrojan que el 80% de los pacientes afectados solo presentan síntomas leves, lo cual muestra a las claras que la cifra real de contagiados podría ser todavía mucho mayor.

La cuestión de la salud y la rebelión chilena

El reclamo por una salud pública, gratuita y de calidad es uno de los pilares indispensables de la rebelión chilena. Urge, como condición fundamental para enfrentar la amenaza de la pandemia en Chile, la centralización de todo el sistema de salud, público y privado, bajo el comando único y la dirección de los trabajadores. Es necesario impulsar la conformación de comités de higiene y salud en los lugares de trabajo, para avanzar hacia la paralización completa de las actividades no esenciales, más aún cuando el gobierno se juega a preservar el funcionamiento de estas para preservar la ganancia capitalista. Vamos por la cuarentena total para resguardar a la población, con licencias con pleno goce de sueldo, la prohibición absoluta de despidos, suspensiones y recortes salariales. 

La lucha contra la pandemia es incompatible con el gobierno de Piñera y sus secuaces.

El Fuera Piñera se ha transformado en una cuestión de salud pública.