El viernes 30 se desarrolló la huelga general sanitaria convocada por la CUT. A la convocatoria adhirieron decenas de sindicatos de numerosos gremios. Aunque contó con un protagonismo especial de trabajadores de la salud y la educación, también adhirieron algunos sectores del transporte, los servicios y la industria. Estos sindicatos, junto a las asambleas territoriales y a las organizaciones de derechos humanos, estudiantiles y de mujeres y disidencias, impulsaron numerosas acciones. Las movilizaciones, cacerolazos y barricadas se verificaron de norte a sur del país. Arrancaron a las primeras horas del día extendiéndose hasta la noche, desafiando en muchos casos el toque de queda y el brutal operativo represivo desplegado por el gobierno, que dejó un saldo de decenas de manifestantes detenidos.

Como se ve, la preparación de la jornada de lucha corrió por cuenta exclusiva de los sectores combativos. Es que la dirección de la CUT rechazó realizar cualquier tarea preparatoria de la huelga. No tomó ninguna iniciativa organizativa para garantizar la adhesión y la movilización a los centros políticos del país, confirmando que con el llamado a la huelga solo buscó descomprimir el descontento social en ascenso que se registró en las últimas semanas.

Es necesario recordar que esta huelga general tuvo lugar en un cuadro de brutal recrudecimiento de la pobreza, agravada por la cuarentena decretada por el gobierno a principios de marzo, que apenas contó con una asistencia social misérrima. El descontento social dio un nuevo salto cuando el presidente Sebastián Piñera presentó, ante el Tribunal Constitucional, un requerimiento para que no se haga efectivo el “tercer retiro” de los fondos de pensión de los trabajadores que se encuentran en manos de las AFP. Este “tercer retiro” fue sancionado por el Congreso por la amplia mayoría de los legisladores, incluidos los oficialistas. La bronca popular se tradujo en importantes manifestaciones y protestas y un contundente cese de actividades de los portuarios, que paralizó 25 puertos de todo el país.

La clase trabajadora en las calles, con convocatorias que crecían día a día en número y combatividad, levantando como consigna principal “Fuera Piñera”, encendió las alarmas de todos los sectores políticos patronales y las instituciones del régimen. Fue este escenario el que tuvo en cuenta el Tribunal Constitucional cuando definió rechazar el requerimiento de Piñera y habilitar el “tercer retiro”.

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— Prensa Obrera (@prensaobrera) May 2, 2021

Operación rescate

En la mañana del viernes, mientras las y los trabajadores se movilizaban en todo el país reclamando la renuncia del presidente, se sucedieron dos reuniones con un solo objetivo: sostener al gobierno en los meses que restan para la finalización de su mandato. Piñera se reunió con la presidenta del Senado, Yazna Provoste de la Democracia Cristiana, y el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen de Renovación Nacional, para sellar un pacto de “gobernabilidad”. Como parte del acuerdo, y con el objetivo de evitar un “cuarto retiro” de los fondos de pensión, el gobierno se comprometió a impulsar algunas reformas tributarias y ayudas sociales con alcance universal. Como sucediera el 15 de noviembre del 2019, la oposición parlamentaria, que hoy se aglutina tras la figura de Provoste, sale al auxilio del gobierno criminal.

La segunda reunión se produjo inmediatamente después de cerrado el pacto entre el oficialismo y la oposición patronal. Provoste se presentó en la sede de la CUT para mantener una reunión con su titular, Bárbara Figueroa, del Partido Comunista. Así la burocracia de la CUT comprometió sus servicios de contención para que Piñera pueda terminar su mandato y se opere la transición ordenada que reclama la burguesía. Es claro que el pacto Piñera-Provoste-Figueroa es un nuevo pacto contra el pueblo chileno.

El cuadro de efervescencia y deliberación que se ha abierto en el movimiento obrero le otorga una enorme actualidad a la pelea por un congreso de bases de la CUT y de todos los sindicatos. Un congreso de estas características sería fundamental para terminar con la burocracia sindical e impulsar un verdadero plan de lucha por el conjunto de las reivindicaciones urgentes de los trabajadores y el pueblo, hasta echar a Piñera y sus cómplices y por una Constituyente libre y soberana.

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