En pocos días, Chile pasó de ser el modelo a seguir en materia de vacunación, a un ejemplo de una pésima gestión de la pandemia ante la nueva ola de contagios que azota al país. Los contagios superaron la barrera de los 9 mil diarios, pese a la tardía cuarentena establecida al 85% de la población. Con más de un centenar de muertes diarias, en Chile fallece una persona por coronavirus cada 15 minutos. Las unidades de terapia intensiva registran una ocupación del 96%. El promedio oculta que en la mayoría de las regiones los hospitales ya no cuentan con la capacidad de atender a aquellos pacientes que presentan complicaciones. Las imágenes de camiones refrigerados en los predios de hospitales, para apilar cuerpos ante el desborde de las morgues, vienen a mostrar la dimensión de la catástrofe sanitaria.

Lo que sorprende a la prensa mundial es lo que trabajadorxs de la salud, docentes y la comunidad científica venían advirtiendo hace semanas, instando a las autoridades a la toma de medidas urgentes. Sin embargo, el gobierno, la prensa corporativa y la oposición cómplice se dedicaron a hablar del exitoso plan de vacunación, presentándolo como garantía de una vuelta a la normalidad segura. Lo cierto es que las y los trabajadores se vieron empujados al contagio y a soportar medidas represivas como el toque de queda y la violencia policial que no cesa. El “plan paso a paso”, lejos de tener objetivos sanitarios, se demuestra en los hechos como un plan para resguardar los intereses de las patronales, con la apertura de todas las actividades sin control del cumplimiento de los protocolos. La catástrofe que está sufriendo el pueblo chileno era perfectamente evitable y por lo tanto, tiene responsables políticos directos en el gobierno, pero también en la oposición cómplice de sus políticas criminales.

La borrachera exitista terminó en una crisis política para el gobierno. En pleno pico de contagios y muertes, con un sistema de salud colapsado, quedó en el centro de los cuestionamientos el ministro de salud, Enrique Paris, sin que exista por el momento la posibilidad de que la crisis pueda cerrarse con un cambio de ministro. Al notorio desgaste de la figura de Paris, contribuye a diario el ex ministro Jaime Mañalich con sus declaraciones mediáticas. Que los dichos del ex ministro de salud -eyectado el año pasado tras el pico de contagios y muertes y el escandaloso ocultamiento de cifras- tengan la capacidad de afectar al gobierno da cuenta del fracaso del esquema sanitario. En este contexto, tuvo que afrontar un nuevo cambio de gabinete con la salida de la ministra de trabajo, María José Zaldívar, quien fue reemplazada por el pinochetista Patricio Melero, de la UDI (Unión Demócrata Independiente).

Confinamiento con hambre

Empujado por el colapso sanitario, el gobierno logró la aprobación de la postergación de las elecciones a gobernadores, alcaldes, concejales y convencionales constituyentes que debían realizarse el 10 y 11 de abril. La centroizquierda parlamentaria, que había condicionado la aprobación de la postergación de las elecciones a que el gobierno se comprometa a ampliar las ayudas sociales, finalmente dio los votos necesarios sin que exista un verdadero plan gubernamental que dé respuesta inmediata a las familias trabajadoras, que tienen que afrontar la cuarentena sin recursos para la subsistencia mínima. Más allá de los fuegos de artificios que significaron las declaraciones de un lado y el otro, lo cierto es que el IFE, el bono Clase Media y el préstamo “solidario” responden a una lógica de focalización y segmentación de la asistencia social y, por lo tanto, están al servicio de la política de que los costos de la crisis los sigan pagando las y los trabajadores. Lo acordado entre el oficialismo y la “oposición” está lejos de una prestación universal suficiente para que lxs trabajadorxs puedan afrontar el confinamiento. Con índices de desocupación del 10%, con una ocupación informal del 26%, que afecta en gran medida a las mujeres, y más de un millón de suspendidos que ya han consumido sus fondos de cesantía, lo único universal que garantiza el Estado es la miseria y la represión.

En este marco avanza la discusión en el Congreso del tercer retiro de los fondos de las AFPs. El gobierno se opone, pero la aprobación del proyecto se considera un hecho, ya que el presidente Sebastián Piñera no tiene condiciones para disciplinar a los legisladores de su coalición, especialmente de Renovación Nacional, por lo que se descuenta que recurrirá al Tribunal Constitucional. Los sectores políticos que impulsan o apoyan el tercer retiro lo reconocen como una “mala” política pública, aunque es la única política que están dispuestos a llevar adelante. Pero la conveniencia para los partidos patronales es doble, ya que por un lado implica que sean las y los trabajadores quienes costeen la crisis con sus propios recursos y, por el otro, deja intacto el sistema de pensiones privadas.

Mientras la clase trabajadora afronta una crisis sin precedentes con sus fondos de pensión y cesantía, y a través de la organización comunitaria de la asistencia social con las ollas comunes que se sostienen en los territorios, las familias chilenas más ricas, entre las que se encuentra la familia Piñera, los bancos y las mineras aumentaron sus patrimonios y utilidades entre un 70 y un 100% durante la pandemia. Como el contraste entre las penurias de las mayorías y las superganancias de unos pocos es escandaloso, en el Congreso la centroizquierda impulsa el tratamiento de un impuesto a las grandes fortunas equivalente a un 2,5% del patrimonio de los millonarios y un royalty minero de un 3%, que ascendería al 13% a partir de la indicación del diputado del PC Daniel Núñez. A nadie escapa que los porcentajes que pretenden legislarse, tanto en uno como en otro caso, son migajas que no afectan los intereses de estos sectores que se han beneficiado con la crisis. En el caso específico de las mineras estamos hablando de un saqueo sistemático de los recursos estratégicos del país, que se recrudece cuando se tiene en cuenta los precios históricos a los que han ascendido el cobre y el litio.

Programa y acción

Para afrontar la crisis sanitaria hace falta la nacionalización y centralización del sistema sanitario y destinar el presupuesto necesario para equipar los hospitales y clínicas y atender a las demanda de sus trabajadorxs. La crisis social debe ser afrontada con un seguro universal al desocupado de 400 mil pesos; con aumentos inmediatos de salarios y jubilaciones, estableciendo un mínimo de 500 mil pesos; con la prohibición de los despidos y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, para garantizar el pleno empleo; y poniendo fin al régimen de las AFP. Estas medidas urgentes deben ir acompañadas de la nacionalización sin indemnización de los recursos estratégicos del país y del sistema bancario, y que queden bajo el control de los trabajadores, echando a Piñera y poniendo en marcha una Constituyente verdaderamente libre y soberana.

En estos 30 años, los partidos tradicionales se han revelado como los garantes de los intereses de los grupos concentrados. Las “desigualdades” de las que se escandalizan los candidatos de los partidos del régimen son el resultado de sus propias políticas. Las y los trabajadores debemos impulsar una política de ruptura con la parálisis impuesta por las direcciones obreras burocráticas, como la CUT, que solo es funcional al sostenimiento del régimen. Desde esa comprensión es que vale rescatar la iniciativa impulsada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios -Aces- el domingo pasado, que agrupó a un puñado de organizaciones sociales, territoriales y luchadorxs en general, con el objetivo de impulsar la lucha por las reivindicaciones urgentes de las masas, partiendo de una clara delimitación con los partidos del sistema y sus estrategias políticas. La intervención popular en la crisis, a través de nuestras organizaciones sindicales y territoriales, con los métodos de la acción directa, es una necesidad imperiosa.